¿Proceso de reforma o deforma?

Por Rubén Ignacio Pedraza (Articulista).- “Sufragio efectivo no reelección”, una de los principales banderas de la lucha revolucionaria por la cual murieron cientos de miles de mexicanos, una lucha que encabezó -entre otras figuras- Francisco I Madero apóstol de la democracia, dichos preceptos que 100 años después son desdeñados y sepultados del espíritu de la Constitución mexicana, por los que se hacen llamar el “Constituyente Permanente” en una reforma en beneficio de la clase política y no de la ciudadanía.

Con las reformas educativa, financiera, hacendaria, política y energética se juntan las piezas un rompecabezas prediseñado para que este país sea gobernado con una sola visión y retornar a un excesivo centralismo autoritario, o siendo todavía más mal pensados, se configura la reencarnación del supremo poder conservador que en varios periodos de la historia de nuestro país intentaron frenar las iniciativas progresistas de las luchas que nos dieron identidad, libertad e independencia.

Resulta preocupante ver el desmedido afán de los legisladores del PRI, PAN y algunos mas de otros partidos por aprobar reformas donde se plantea el reducir los derechos laborales de los docentes, aumentar la carga de impuestos a las clases medias, embargar de facto a los deudores de las instituciones financieras, hacer posible la reelección consecutiva de legisladores y presidentes municipales, y – como corolario- la privatización de la renta petrolera; reformas que privilegiarán a la clase gobernante y que definitivamente creara un nuevo grupo de millonarios y diversificara en todas sus expresiones a la pobreza.

Las reformas estructurales que el país necesita tienen que ver con transparentar el ejercicio gubernamental, la correcta administración de los recursos, el combate a la corrupción e impunidad, el fortalecimiento financiero de los municipios y estados, la universalización de la salud y la real participación ciudadana o democracia directa, en lugar de reformas a modo del partido gobernante y que busca permanecer varios sexenios más detentando el poder presidencial.

Se pierde de la memoria histórica: los argumentos vertidos para hacer posible la privatización de los bancos y la de teléfonos de México (TELMEX) son los mismos, argumentos que fueron instrumento del engaño y hasta entonces del mayor robo a la nación, hoy se configura de nuevo ese proceso de desfalco a la nación, solo que en esta ocasión es estratosférica la dimensión del robo a la nación que representa la privatización de los energéticos, la hipoteca de la renta petrolera, lo que se traduce en el debilitamiento de PEMEX.

La privatización de los bancos y de TELMEX coloco a 14 mexicanos en las listas de la revista Forbes como parte del matriculado de los más ricos del mundo y a la par colocó en condiciones de extrema pobreza a casi la mitad de los mexicanos; con la reforma energética seguramente la revista en mención, incluirá en sus ignominiosa lista a un nuevo grupo de ricos mexicanos al igual que en los datos del INEGI se acrecentara la cifra de pobres y excluidos a lo largo y ancho del territorio nacional.

La generación actual y las futuras generaciones verán un país muy similar al que vieron los mexicanos hace poco más de 100 años, sin oportunidades, sin soberanía energética, con desigualdades sociales, con una gerontocracia que legisla en beneficio propio para perpetuarse en el cargo y que emiten leyes con métodos arcaicos que no permiten el debate y argumentación, así como con una clase gobernante insensible y alevosa que propicia el saqueo del patrimonio nacional.

Es evidente que el sistema de partidos ya no es funcional y que el sistema de la supuesta democracia representativa solo representa los intereses de las minorías acaudaladas en el país, es necesario que la ciudadanía exija un cambio estructural impostergable, que tiene que ver con la instauración de un sistema de democracia directa, donde la ciudadanía pueda ser parte de la toma de decisiones y se pueda revocar el mandato a los gobernantes y representantes populares que actúan en contra de la nación y que el ciudadano tenga los instrumentos legales para poder evitar la aprobación de leyes que atentan contra las libertades, la soberanía y el patrimonio nacional.

Habrá que recordarles a varios legisladores que “La Patria es Primero” no los intereses personales, de grupo o los del extranjero.