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Por Víctor Manuel Báez Ceja (Presidente Estatal del PRD Michoacán).- Desde que Enrique Peña Nieto anunció que buscaría la presidencia de la República, buscó el apoyo económico de las empresas extranjeras para su campaña y en ese objetivo asumió el compromiso de abrir nuestra industria energética a manos extranjeras.
Para ello, después de que con apoyos millonarios comprara el voto popular, ya en el poder instrumentó un plan para lograr modificar la constitución del país y dar paso a las empresas extranjeras, las cuales desde hace años se frotaban las manos por meterlas en nuestro petróleo.
Pero toda su campaña se basó en falsedades y engaños:
Primero, que contrario a la versión difundida por la amplia campaña mediática solventada desde la Presidencia de la República, la reforma energética acordada por el PRI y el PAN bajo total opacidad privatiza las diversas actividades que comprender las industrias petrolera y eléctrica e incluso pretende burlar la prohibición constitucional al otorgamiento de concesione, mediante la suscripción de contratos que conceden el uso y aprovechamiento de los hidrocarburos a los particulares.
Así como el control de las reservas petrolíferas del subsuelo mediante el mecanismo contable de la incorporación de activos.
Segundo, que la medida de los contratos no está determinada por el proyecto más allá de las denominaciones que se enlistas, así como los diversos mecanismos de pago al contratista, los que combinados establecen incontables posibilidades, así el proyecto nomina a los contratos como aquellos de: 1. servicios, es una contraprestación en efectivo; 2. de utilidad compartida, que es la contraprestación por el porcentaje de la utilidad; 3. de producción compartida, que es la contraprestación en porcentaje de la producción; 4. licencia, que es la contraprestación con la transmisión onerosa de los hidrocarburos una vez que hayan sido extraídos del subsuelo.
Tercero, que en el empeño privatizador y con la idea de generar a una velocidad poco cauta un mercado petrolero en nuestro país, la pretendida reforma mina las capacidades de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, convirtiendo la primera empresa en una suerte de contratista para los servicios de exploración, perforación y extracción con muy disminuidas capacidades para la transformación; y a la empresa eléctrica en una simple distribuidora y controladora de un sistema de red troncal que habrá de funcionar como posibilitadora de un mercado de generación venta y de electricidad.
Cuarto, que tal detrimento en las empresas públicas da cuenta de un futuro incierto para un número importante de trabajadores de una y otra empresa, el sólo retiro de las funciones de refinación en Pemex y la disminución de las tareas de exploración y extracción, así como la desincorporación del área de generación en el caso de la industria eléctrica, son causa suficiente para el despido masivo de trabajadores del sector energético.
Si bien el proyecto avisa del respeto de los derechos laborales, quienes presten servicios en entes dedicados a las actividades energéticas conforme a lo establecido en los ley, lo cierto es que pueden reducirse hasta el derecho a la indemnización, como se ensayó ya en el caso de liquidación de la compañía de Luz y Fuerza del Centro y lo que se ha venido sucediendo en la petroquímica Pajaritos.
Quinto, que a la medida de las recomendaciones de los organismos financieros internacionales el establecimiento de un fondo soberano, una idea loable en principio se ve transformada por el proyecto de dictamen en la perpetuación constitucional del conocido mecanismo actual de estabilización macroeconómica, que comienza por compensar los huecos que dejan en los ingresos fiscales del gobierno las magras políticas de recaudación y con destinos poco transparentes.
Nuevamente la inversión productiva se pospone hasta la eventualidad de enormes excedentes de ingresos petroleros, sin que decir de la lejana posibilidad de que un ahorro soberano solvente las necesidades de las generaciones futuras.
Sexto, que contrario también al discurso oficial no hay elemento alguno que permita suponer que la reforma energética habrá de provocar una disminución significativa en los altos precios de los energéticos que pague el consumidor final, más bien es fácil identificar elementos que llevan a suponer un incremento importante en los precios de los energéticos, esencialmente en el suministro de energía eléctrica, como es el caso de la propuesta de desaparición de los subsidios generalizados y la sustitución por subsidios focalizados, lo que habrá de repercutir en forma en el incremento de tarifas, así como en un escala inflacionaria, lo que a su vez genera el incremento de los precios de los productos y servicios básicos.
Séptimo, que como corolario el proyecto de dictamen agrede la certidumbre jurídica y el bienestar que la Constitución procura para las formas de tenencia social de la tierra, el ejido y la comunidad agraria al otorgar una mayor prioridad constitucional a las actividades petrolera y eléctrica, como causa de utilidad pública para efectos de expropiación.
El PRI y el PAN no podrán quitarse jamás la mancha que suele acompañar a los traidores a la patria, aunque se laven con todas las aguas de los océanos. Su lugar en la historia es estar al lado de Victoriano Huerta, de Agustín de Iturbide, de esa pléyade de traidores, que prefirieron otorgar el país para darse la vida, en lugar de otorgar la vida en favor del país.
