El Narcotráfico

(monografías.com).- El narcotráfico es una de las actividades ilícitas que tiene una relación muy amplia entre otros delitos: tráfico de personas, tráfico de armas, lavado de dinero, corrupción, entre otras. Esto significa que un país que tenga una alta actividad de narcotraficantes tendrá una gran debilidad en cuanto a la seguridad de sus habitantes como de sus instituciones

El narcotráfico se empezó a desarrollar desde épocas lejanas. lo que hizo que se viera afectada su economía y que hubiera problemas sociales, provocando incluso la guerra del opio. Sin embargo, es hasta el desarrollo de las comunicaciones y los adelantos tecnológicos cuando crece como una actividad que ofrece enormes ganancias a los narcotraficantes.

Los problemas que surgen del narcotráfico son muy graves, por un lado, el daño social que produce a los ciudadanos y que termina en la muerte, la destrucción de las familias, así como de la economía de los países, aunque para los que producen drogas significa un gran negocio,

En el caso de la infraestructura que se teje alrededor de esta actividad, existen rutas que son trazadas para llegar a los sitios de distribución y destino final. En la década de los 80 y 90 fue evidente el liderazgo desafortunado de Colombia en la producción de cocaina, misma que los campesinos cuidaban y procesaban. Ésta pasaba por México entrando por diferentes sitios, como Cancún, Guerrero, o el Caribe. En las fronteras de México ocurre un fenómeno importante: entran grupo de narcotraficantes por el sur; la producción de anfetaminas o de drogas sintéticas que se crean en laboratorio, no puede ser cubierta por un solo grupo.

La corrupción es tal que además, los narcotraficantes organizan bandas de asaltantes que roban la sustancia de camiones, identificando rutas y horarios que hacen vulnerables a la industria farmacéutica, ésta unas veces victimizada y otra en complicidad y en manos de las mismas organizaciones.

Incluso en nuestro país estuvo permitida la importación de esa sustancia, pero se descubrió que muchos narcotraficantes realizaban acuerdos con laboratorios farmacéuticos para hacer parecer que éstos son los que compran la sustancia para elaborar medicamentos. Éstos fungían entonces como intermediarios, facilitando el ingreso de efedrina y pseudoefedrina al narcotráfico para la fabricación de anfetaminas

En las fronteras de México ocurre un fenómeno importante: entran grupos de narcotraficantes por el sur; la producción de anfetaminas o de drogas sintéticas que se crean en laboratorio, no puede ser cubierta por un solo grupo. Se necesitan agentes químicos como la efedrina, que es una sustancia activa que produce los mayores efectos de las pastillas que se hacen en laboratorio y que son muy populares. Estas sustancias entran por el sur y en las costas del Golfo de México como importaciones de productos farmacéuticos. La corrupción es tal que además, los narcotraficantes organizan bandas de asaltantes que roban la sustancia de camiones, identificando rutas y horarios que hacen vulnerables a la industria farmacéutica, ésta unas veces victimizada y otra en complicidad y en manos de las mismas organizaciones. Inclus o en nuestro país estuvo permitida la importación de esa sustancia, pero se descubrió que muchos narcotraficantes realizaban acuerdos con laboratorios farmacéuticos para hacer parecer que éstos son los que compran la sustancia para elaborar medicamentos. al narcotráfico para la fabricación de anfetaminas. En respuesta las autoridades federales modificaron la Ley General de Salud prohibiendo la comercialización de medicamentos que utilizaban principios activos o procesos con esta sustancia.al narcotráfico para la fabricación de anfetaminas. En respuesta las autoridades federales modificaron la Ley General de Salud prohibiendo la comercialización de medicamentos que utilizaban principios activos o procesos con esta sustancia.CULIACAN, Sinaloa.- En un inicio, en la década de los 40 del siglo pasado, la ignorancia y la extrema pobreza indujeron a campesinos de la zona serrana en la que confluyen Sinaloa, Durango y Chihuahua, que forman el denominado Triángulo Dorado de la Droga, al cultivo de la mariguana y amapola.

Para los analistas del fenómeno del narcotráfico, la lucha que libró el Ejército en el Triángulo Dorado de la Droga, sólo logró apaciguar la violencia en un periodo muy corto, pues los antiguos gomeros fueron desplazados por nuevos personajes como Miguel Félix Gallardo, con una nueva visión en su estructura operativa.

El motor del narcotráfico Estados Unidos

La Guerra de Indochina se inició con el levantamiento del Viet Minh tras la Segunda Guerra Mundial. Aunque Francia intentó retener la «joya del imperio» con sus riquezas de caucho, arroz y opio, el apoyo que la triunfante China de Mao Tse-Tung brindó a las fuerzas de Vo Nguyen Giap y Ho Chi Minh imposibilitó su propósito. Las aspiraciones coloniales cayeron en 1954 y Francia reconoció la soberanía de Vietnam en dos Estados, seguida por la celebración de un referéndum donde los vietnamitas decidieran su reunificación o su separación definitiva.

En medio del terror y de la corrupción, Diem soportó la lenta construcción de un movimiento de liberación inspirado en la guerra de guerrillas: el Vietcong. Los monjes budistas, aterrorizados por la descomposición e incompetencia del régimen, fueron los mejores propagandistas de la oposición: se quemaban vivos en protesta por la represión e inmoralidad del gobierno que Estados Unidos sostenía.

No obstante, fueron los soldados quienes empezaron a implicarse en el problema como consumidores y, de paso, a perder la guerra contra el Vietcong. Estados Unidos pasó de asesorar la guerra a dirigirla e intervenir en forma directa por decisión de Lyndon Johnson (Beschilos, 1997). Pero ningún ejército del mundo podía apuntalar a un gobierno corrupto hasta la médula, con un servicio secreto que funcionaba como hampa organizada de narcotraficantes y un pueblo indignado por los bombardeos con napalm, el «agente naranja» y la creciente intromisión extranjera. A finales de 1965, Estados Unidos poseía más de 100.000 efectivos en Vietnam y destinaba 1.000 millones de dólares adicionales como ayuda. Sin embargo, la guerra no se definía. Se convirtió, por el contrario, en un conflicto prolongado con golpes sorpresa, emboscadas y asaltos inesperados que destruyeron la tranquilidad, el ánimo y la psicología de los soldados.

En un principio intentó rotar a los oficiales en períodos de seis meses para dotarlos al mismo tiempo de experiencia y obtener mayor control sobre sus tropas. Pero el efecto fue adverso: oficiales bisoños perdieron su ascendencia en los soldados y murieron en sus manos. El Pentágono no logró comprender a su propia gente y menos aún al enemigo y el tipo de guerra que enfrentaba

La relación con el mundo político

Pablo Escobar se decidió por una participación directa en la política. A través de ella, buscaba quizás un reconocimiento social. Al igual que en el negocio, Escobar asumía siempre los asuntos importantes en forma personal y, además, el fuero parlamentario ofrecía una protección adicional frente a la extradición. Fundó, entonces, un movimiento al que denominó «Medellín sin tugurios»; construyó viviendas, creó escuelas deportivas e iluminó canchas de fútbolen sectores marginados.

En 1982 fue elegido Representante a la Cámara como suplente de Jairo Ortega, un disidente del partido liberal en Antioquia. Sin embargo, el más trascendente papel de Escobar como parlamentario, fue formar parte de la Comisión enviada por el Congreso de la República para acompañar el triunfo de Felipe González y el PSOE en España.

Carlos Lehder, el gran transportista de Escobar, marcó también un hito en las relaciones entre narcotráfico y política, al fundar su propio partido político, el «Movimiento Latino», cuya principal bandera consistía en luchar contra la extradición. Rodríguez Gacha intentó una influencia política local a través del grupo «Morena», impulsado por líderes liberales y paramilitares del Magdalena medio financiados con dinero del capo. Pero, de acuerdo con reiterados testimonios, confió mucho más en la amenaza.

Los métodos de los Rodríguez fueron, por el contrario, más discretos y eficaces. Sin participar directamente en política, para ellos resultó más efectivo comprar el apoyo parlamentario y gubernamental con la financiación de las campañas electorales y el pago de todo tipo de servicios

El «Cartel de Cali» optó, además, por establecer alianzas con las elites regionales a través de sus inversiones en la economía legal y la figuración en los principales eventos sociales de la ciudad.

Estas diferencias entre uno y otro cartel, llevaron a las autoridades a pensar que había «mafias de primera y de segunda categoría». Mientras unos eran considerados «respetables empresarios» con los cuales se podía tratar, a pesar de la ilegalidad de su negocio, los otros, los miembros del «Cartel de Medellín», eran considerados delincuentes arribistas y peligrosos, cuyo poder se basaba sólo en la fuerza que podía comprar el dinero.

Los Rodríguez no solicitaron su admisión. Fueron prudentes e ingresaron al alto mundo a través del dinero. Muchos cheques de algunas de las cuentas de los Rodríguez, se descubrió después, eran girados a la dirección de importantes compañías financieras, o a insospechadas cabezas del mundo económico, político y deportivo.

El narcoterrorismo

Durante los primeros años del gobierno de Belisario Betancur (1982-1986), los golpes más duros contra el narcotráfico fueron propinados por la destrucción de gigantes laboratorios como «Tranquilandia». «. La retaliación de sus dueños, miembros todos del llamado «Cartel de Medellín», comenzó en el Congreso de la República con una orquestada denuncia en contra del Ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, a quien se acusó sin éxito de recibir dinero de narcotraficantes para fines electorales, y finalmente se asesinó en abril de 1984.

La acción constituyó el inicio de la guerra declarada por los capos de la droga en contra del Estado y de la sociedad colombianos. El 15 de noviembre de 1986 se declaró públicamente la aparición de «Los Extraditables», en calidad de organización armada clandestina que «prefería una tumba en Colombia a una cárcel en Estados Unidos». Se trataba de un grupo de narcotraficantes liderados por la gente del cartel de Medellín y por Gonzalo Rodríguez Gacha, quienes lograron montar un aparato de terror dispuesto a enfrentar al Estado colombiano.

Las acciones terroristas de los narcotraficantes se intensificaron. Al asesinato de policías, jueces, magistrados y periodistas, se sumaron múltiples atentados con explosivos. Se asesinó al director del diario «El Espectador», Guillermo Cano; al dirigente de la Unión Patriótica, una organización política legal impulsada por las guerrillas de las FARC y el Partió Comunista, Jaime Pardo Leal, y se atentó contra el ex-ministro de justicia, Enrique Parejo, cuando despachaba como embajador en Hungría. La presión a través del secuestro se inició con el entonces candidato a la Alcaldía de Bogotá, Andrés Pastrana, y con el procurador Carlos Mauro Hoyos, quien murió en la acción.

El 18 de agosto de 1989, al asesinato de Luis Carlos Galán, el más importante candidato liberal a la presidencia de la República en ese momento. Las medidas fueron encabezadas por la suspensión del artículo del Código Penal que exigía aplicar un tratado internacional para extraditar a un nacional colombiano

La guerra se agudizó con la destrucción de las instalaciones de «El Espectador» y de la sede del «DAS», a cuyo cargo se encontraba la persecución contra la mafia. Continuó con bombas en el Hotel Hilton de Cartagena, el incendio a fincas de notables de Medellín y con la explosión de un avión de la aerolínea Avianca en pleno vuelo (Aranguren, 2001) En medio de las bombas y de los continuos actos terroristas, muchos colombianos comunes y corrientes, cansados de la violencia, empezaron a manifestar su acuerdo con la idea de que el gobierno llegara a un entendimiento con los capos.

Negociaciones de los narcos en el Estado

El primer intento de negociación entre los narcotraficantes y el Estado colombiano fue motivado por la reacción del presidente Belisario Betancur a raíz del asesinato del Ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, en 1984. La propuesta se presentó en Panamá al Procurador General de la Nación y al ex presidente liberal Alfonso López Mickelsen, en mayo de ese mismo año. Jorge Luis Ochoa, Pablo Escobar y Gonzalo Rodríguez Gacha, dijeron representar a cien de los principales narcotraficantes colombianos. Pidieron reformas al tratado de extradición y exención por los crímenes cometidos antes de tales reformas.

Distintos sectores sociales y políticos rechazaron la propuesta. La embajada norteamericana en Bogotá y el Departamento de Estado en Washington, expresaron su negativa frente a la idea de negociar con traficantes. El gobierno de Betancur se manifestó en igual sentido y declaró nula la posibilidad de cualquier entendimiento entre el gobierno y los narcos asistentes a la reunión de Panamá.

López quien afirmó A partir de entonces, la lucha de los narcotraficantes contra la extradición transitó entre lo político y lo jurídico, tal como ha quedado expuesto en acápites anteriores, hasta desembocar en el recurso al terrorismo. No obstante, a finales del gobierno de Virgilio Barco (1986-1990), diversas crónicas relatan la existencia de una negociación casi clandestina entre los narcotraficantes de Medellín, concretamente Pablo Escobar, y el secretario de la presidencia, Germán Montoya. Miembros de la familia de este último fueron secuestrados y no pocos emisarios se acercaron al Palacio presidencial para intentar resultados. Finalmente, la crítica constante de importantes sectores de la vida nacional y la oposición sistemática del gobierno norteamericano, frustraron cualquier avance.

En este momento, el anuncio de una política de sometimiento contó con un amplio respaldo interno. Distintos sectores políticos y económicos se inclinaron a favor de modificar la estrategia de confrontación sostenida por gobiernos anteriores y apoyar, por el contrario, la negociación y entrega de los traficantes.

Legalización

La búsqueda de la legalización de la droga se inicia en la década de los 70 con muy poca participación de la sociedad colombiana. Esta idea estuvo ligada a fenómenos internacionales, pues en los años 60 el consumo de marihuana era altamente visible, los Estados Unidos abandonaron la llamada mitología tributaria y las drogas pasaron entonces a ser asunto de la justicia con el Dangerous Substances Act de 1969.

En 1973 la Oficina de Narcóticos y Drogas Peligrosas es remodelada para convertirse en la Drug Enforcement Administration (DEA), encargada de coordinar e implementar las políticas antinarcóticos estadounidenses a nivel mundial. en la posesión de mínimas dosis e inclusive se llevó una propuesta al Congreso en 1978, que respondió por medio de la enmienda Percy en la que se prohibía el apoyo gubernamental a fumigar con herbicidas las plantaciones de marihuana en el exterior si afectaban a los consumidores de Estados Unidos. En Europa la situación no era diferente, pero era más discreta al modificar sólo el manejo menos severo de algunas drogas. A pesar de lo anterior, Washington se negó a legalizar del todo el consumo de sustancias alucinógenas, lo cual influyó al gobierno colombiano que siempre se opuso en todo momento a la propuesta.

El 15 de Marzo de 1979, siendo Ernesto Samper presidente de ANIF, propuso que se legalizara el consumo de marihuana. El Contralor General de la República y el presidente de la Bolsa de Bogotá, estuvieron de acuerdo con él, así como el ex -presidente Alfonso en 1981: «…lo que dice Ernesto Samper es muy cierto, así no estemos de acuerdo con la legalización o la no legalización. De todas maneras es necesario tener una posición y no refugiarse en conceptos morales para hablar, con un sentimiento de culpa de la economía subterránea, de los dólares clandestinos, de los ciudadanos

Toda una fraseología que escapa al pragmatismo económico para entrar en el rango de las calificaciones morales que son muy valiosas, que son normas de conducta individual, pero que no pueden ser materia de análisis ni de estudio científico de ningún problema.

Ya en la década de los ochenta hablar de este tema era cada vez más recurrente, y tomó tanto interés que paralelamente hizo carrera la extradición de nacionales, por lo que se organizaron foros donde se expresaba la aceptación o repudio de dicha medida. Con el resurgimiento del terrorismo y el narcotráfico, se trajo de nuevo a discusión el tema.

El periodista Antonio Caballero desarrolló la tesis a favor de TOKATLIAN, Gabriel, «Se reabre debate sobre legalización de la droga». En : Diario EL TIEMPO,

la legalización, pero esta vez incluía toda la cadena de producción del narcotráfico, y nuevamente «fue rechazado por el gobierno por ir en contra del bienestar social».

En 1990 la Universidad de los Andes realizó un estudio titulado » Narcotráfico en Colombia», una de las conclusiones a la que se llegó fue la de despenalizar la droga, por el prohibicionismo de la época y, sobre todo, por la política de represión contra el narcotráfico apoyada por Estados Unidos.

Con la nueva Constitución en 1991 y la política de sometimiento y negociación de penas para los narcotraficantes, el tema perdió importancia, ya que se creía que con las nuevas reformas se le iba a dar una solución final al problema del narcotráfico.

En 1993 colapsaron estas reformas y se impulsaron nuevas propuestas de legalización, pero ya no eran aportadas sólo por ciertos sectores de la sociedad, sino empezaron a aparecer nuevos actores como el Congreso y la Fiscalía y de igual manera no prosperaron. Para agosto de ese año, el representante Guillermo Martínez Guerra presentó un proyecto de ley para que Colombia convocara a la ONU a una convención donde se estudiaría la despenalización gradual del consumo de drogas, pero no fue acogido, sin embargo una comisión accidental del Senado «el 15 de diciembre de ese año presentó un informe favorable sobre el tema».

El 31 de Mayo de 1994 se expide el Decreto 1108, «Por el cual se sistematizan, coordinan y reglamentan algunas disposiciones en relación con el porte y consumo de estupefacientes y sustancias sicotrópicas» en el que se prohibió el uso de dosis personal en lugares públicos, como centros educativos, cines, hoteles, centros comerciales, prisiones, lugares de trabajo y otros.

Opinión de la ONU

Para la ONU es un problema de dimensión mundial que supone un grave peligro para «la salud, la seguridad y el bienestar de toda la humanidad».

Esta institución estableció su política de lucha contra la droga en la sesión especial de la Asamblea General en Nueva York en 1998, en esta declaración se reafirma el compromiso de reducción de la oferta y la demanda de drogas ilícitas en el mundo.

Por todo lo anterior la política que ha implementado esta organización es ir en contra de la legalización de la droga de los países miembros y la búsqueda de la prohibición del consumo .

Opinión de la OEA

Declaración hecha en sesión especial de la Asamblea General de la ONU sobre el problema mundial de la droga en junio 9 de 1998. Dentro de esta organización se encuentra la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de la Droga (CICAD), el Observatorio Interamericano de Drogas (OID) y la Red Interamericana de telecomunicaciones para el Control de las Drogas (RETCOD).

La finalidad de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de la Droga (CICAD) es eliminar el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas y sustancias alucinógenas.

Para lograr el anterior objetivo trabaja bajo el modelo de cooperación transnacional y a través del compromiso de los países productores y consumidores. El tema de la legalización no se ha debatido en la OEA, pero se afirma por sus políticas de lucha antidroga que tiene una filosofía prohibicionista, debido a que siempre ha luchado por la penalización al narcotráfico.

La narco-guerrilla

Ante la fuerte reacción que tuvo el Gobierno de Belisario Betancur en contra de las acciones de la mafia, los narcotraficantes se vieron en la necesidad de negociar, para lo cual propusieron de una manera formal desmontar el negocio del tráfico, y repatriar al país los capitales que habían obtenido como producto de sus actividades ilícitas, pero con una condición, la garantía de que no serían extraditados a los Estados Unidos.

La propuesta llega tarde, pues es en ésta década, cuando los Estados Unidos deciden ejercer una determinante presión sobre las autoridades colombianas para que estas tomen cartas en el asunto y hagan frente al destructivo fenómeno del narcotráfico, el cual estaba afectando de manera significativa diferentes sectores de la sociedad, tanto de la colombiana, la cual se encontraba conmocionada de manera negativa por la ola de violencia desatada por estos criminales, como de la estadounidense en donde cada día crecía de manera significativa el problema de consumo de drogas.

En abril de 1984, se produce lo que es considerado uno de los mayores golpes que se le había dado al narcotráfico hasta esa época. En el departamento del Guaviare, las autoridades anti- narcóticos allanaron un laboratorio de cocaína que supuestamente era protegido por la guerrilla de las FARC, en virtud de este descubrimiento, surge la teoría de la narcoguerrilla, gracias a la cual como lo afirma Camacho Guizado en su obra; «la producción de cocaína es una amenaza interna para Colombia, que es algo más que un problema para el organismo consumidor de ese país, que la amenaza no es solamente para la salud del usuario, sino para la del organismo social colombiano; que la conexión cocaína- política es más profunda que la simple pretensión de algunos capos para figurar en el selecto grupo de los representantes populares en el parlamento colombiano. Lo capos, parecía, dirigían su acción contra el sistema, buscaban la desestabilización de las instituciones políticas y sociales colombianas.»

La teoría de la «narco-guerrilla» no fue acogida dentro del país, hasta el día en que el M-19 tomo el Palacio de Justicia. Fue a raíz de tan lamentable hecho, que el planteamiento empezó a cobrar un inusitado interés, puesto que alrededor de las acciones del grupo subversivo, surgieron las declaraciones del entonces ministro de Justicia, Enrique Parejo González. «las acciones del grupo guerrillero habían sido financiadas por el narcotráfico, con una sola finalidad, la destrucción de aquellos expedientes judiciales en donde los jefes de la mafia se veían vinculados»

Las teorías que insistían en la vinculación de estos dos grupos, en esa época, fueron perdiendo fuerza con la posterior aparición del «narco- paramilitarismo», aunque no se desconoce que los grupos guerrilleros, «encuentran en la droga una de sus principales fuentes de financiación»

Bibliografía

Arango, Mario y Child, Jorge. (1984). Narcotráfico, imperio de la cocaína. Medellín, Vieco.

Aranguren, Mauricio. (2001). Mi confesión: Carlos Castaño revela sus secretos.Bogotá, Editorial Oveja Negra.

Arnett, Peter. (1993). Vietnam la guerra de los 10.000 días (1945-1975). Barcelona, Editorial Planeta-De Agostini.

Atehortúa, Adolfo y Vélez, Humberto. (2005). ¿Qué pasó en el Palacio de Justicia? Cali, Universidad del Valle.

Bahamón, Augusto. (1992). Mi guerra en Medellín. Bogotá, Intermedio editores.

Autor:

Hosana Gabriela Govea Alvarado

Linda Concepción Ibarra Barboza