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México, D.F., a lunes 22 de julio de 2013.- El gobernador de Michoacán, Jesús Reyna García se comprometió junto con otros mandatarios estatales del país, a fomentar la formalidad laboral, en el marco de la firma del convenio de colaboración para la aplicación del Programa de Formalización del Empleo 2013, encabezado por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, que busca integrar los esfuerzos de los sectores productivos, las organizaciones sindicales y campesinas, para lograr la dignificación de los trabajadores y el incremento de la productividad a favor del desarrollo económico.
Reyna García refrendó con esta firma el compromiso del gobierno de Michoacán, de coordinar esfuerzos para la instalación y el desarrollo de empresas para que con una mayor facilidad y prontitud, puedan operar dentro de la legalidad en beneficio de sus trabajadores y del progreso de la entidad, para de esta manera, combatir la informalidad laboral.
Durante la ceremonia que tuvo como sede Palacio Nacional, Enrique Peña Nieto, presidente de México, explicó que el programa de formalización del empleo obedece a que es indispensable rediseñar políticas públicas y crear más empleos formales y más productivos, para dejar atrás el circulo vicioso de informalidad, que genera insuficiente productividad y bajo crecimiento.
Celebró que a través de los gobiernos estatales y del D.F., se conforme un instrumento para facilitar la transición de los trabajadores con circunstancias laborales precarias, a empleos dignos; además de que se contribuye decididamente a la formalización de las empresas que desean crecer y prosperar para asegurar condiciones de mayor bienestar para las familias mexicanas.
Alfonso Navarrete Prida, secretario del Trabajo y Previsión Social, explicó que mediante el esfuerzo conjunto entre el empresariado, los gobiernos estatales y el federal, a través de la STPS y el Instituto Mexicano del Seguro Social, se buscan abatir los índices de informalidad que de acuerdo al INEGI, superan el 58 por ciento de la población económicamente activa en México y ejemplificó que 6 de cada 10 personas trabajan sin seguridad social
“El día de hoy el gobierno de la República y de los estados, así como del sector productivo, buscan que el empleo sea digno con protección jurídica y social, para lo cual se emprenderán acciones precisas para el combate a la informalidad con un esfuerzo sin precedente”, dijo y agregó que a través de un trabajo responsable y compartido, los gobiernos estatales incorporarán a la formalidad 200 mil trabajadores.
Mientras que el director general del IMSS, José Antonio González Anaya, resaltó que se busca fomentar la formalidad laboral y acceso a la seguridad social, para lograr cumplir dos de los 5 ejes planteados por el gobierno federal, “un México incluyente” y “un México próspero”, porque la seguridad social significa la atención a los derechohabientes, la protección de los mismos ante riesgos, otorga facilidades para vivienda y que puedan contar con ahorro para su retiro entre otras ventajas, lo que redunda en una mayor competitividad de las empresas, “me atrevo a señalar que los empleos formales están asociados a una mayor productividad y al crecimiento económico”.
Destacó que incluyendo el régimen voluntario en la que se encuentran los estudiantes, la afiliación al Seguro Social pasó de 14.5 millones de inscripciones en julio del año 2000, a 23 millones en julio de este año; lo que se traduce en que a la fecha, poco más de 58 millones de mexicanos son derechohabientes.
A su vez, Mario López Valdés, gobernador de Sinaloa y presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), dijo que los mandatarios estatales sumarán esfuerzos para fomentar la formalidad a través de estrategias de trabajo que impacten en el crecimiento de la economía a favor de la dignidad humana y un salario remunerador. También impulsarán la formación de micro y pequeñas empresas.
En este tenor, el gobernador de Michoacán Jesús Reyna, recordó que la administración estatal, junto con la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, establece una coordinación para mejorar la regularización, la instalación y el desarrollo empresas en los municipios; lo cual facilita que más propietarios de negocios entren a la formalidad y a su vez, se creen más fuentes de empleo.
