México, D.F., 4 de julio del 2013.- La aprobación que ayer hizo la Comisión de Puntos Constitucionales para limitar la deuda en estados y municipios es un primer y relevante paso para amarrarle las manos a aquellos gobernadores y munícipes de las entidades que conforman la Federación que han hecho de dicho recurso financiero un instrumento con fines electorales y de lucimiento personal, por cuyo inadecuado manejo desafortunadamente el futuro de varias generaciones de ciudadanos de esas entidades, gobernadas mayoritariamente por el PRI, se encuentra empeñado, aseguró Vladimir Aguilar García.
El Secretario de Planeación del Partido de la Revolución Democrática señaló que aunque los legisladores han sentado las bases para evitar que se continúen presentando actos tan irresponsables que atentan contra la estabilidad, viabilidad y salud de las finanzas locales, como es el caso de Zacatecas, en donde el actual gobernador Miguel Alonso Reyes recibió una deuda de 600 millones de pesos de su antecesora pero que en menos de tres años ha elevado dicho monto a más de 7 mil millones de pesos, sobre los cuales es oportuno preguntarle dónde quedaron, ya que el estado sigue careciendo de infraestructura y servicios básicos.
Recordó que “desafortunadamente no es el único caso, pues aunque en su momento se denunció el irresponsable incremento de la deuda en estados como Coahuila, Chiapas y Tabasco, por poner algunos ejemplos, los responsables de dichas irregularidades siguen tan campantes ante la falta de compromiso de las autoridades hacendarias por ponerle freno a una situación que en muchos casos representan delitos contra el erario nacional, que simplemente no se castigan por mero cálculo político”.
El también consejero nacional perredista dijo que aunque es cierto que en el dictamen aprobado se asienta que el Congreso federal “tendrá la facultad de establecer las modalidades y condiciones de deuda pública que deberán contratarse mediante licitación pública”, es necesario que se instrumenten controles realmente eficaces que especifiquen en qué se puede ocupar dicha deuda, qué áreas son susceptibles de adquirir dichos compromisos y que se pongan en práctica mayores medidas para fiscalizar qué se hace con dicha deuda y vigilar su destino final.
Aguilar García se manifestó a favor de medidas de saneamiento y reestructuración que ayuden a salvaguardar la viabilidad de aquellos estados y municipios cuyas anteriores autoridades ante el cambio de poderes adquirieron compromisos que los mantienen en situación de quiebra técnica.