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Morelia, Mich, a 25 de junio de 2013.- El endeudamiento público y déficit financiero en el que hoy se encuentran una buena parte de las entidades federativas, para poder cumplir con muchas dificultades el servicio educativo, no se le puede atribuir como responsabilidad al magisterio, sino a una inadecuada política educativa dirigida desde hace años por la federación, la cual aplica fórmulas inequitativas de distribución de recursos del FAEB (Fondo de Apoyo para la Educación Básica), destacó el Senador de la República, Raúl Morón Orozco.
El legislador michoacano se refirió a los señalamientos del secretario de Finanzas y Administración, Carlos Río Valencia, quien en comparecencia ante el Congreso del Estado éste martes acusó que las presiones ejercidas por expresiones sindicales, principalmente del sector educativo, han contribuido al debilitamiento de las finanzas estatales.
Al respecto, Morón Orozco destacó que respeta los señalamientos del funcionario estatal, pero que no comparte la posición que ha vertido el Gobierno del Estado, toda vez que desde la firma del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica y Normal, en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, dicho proceso dejó incompleto el compromiso de descentralización financiera de los fondos para la educación de 1992 al 2013 y que entre otras cosas, ha obligado a los estados a cubrir más del 34% del financiamiento educativo que antes asumía al 100% la federación, generando el endeudamiento público y déficit financiero en el que hoy se encuentran una buena parte de las entidades federativas.
“Los resultados del sistema educativo nacional, al menos durante las últimas tres o cuatro décadas, han tenido una relación directa con el modelo y política educativa vigente desde la época de los 70’s, que comenzó con el proceso de descentralización educativa de 1978 a 1992, primero bajo un esquema de delegaciones federales y luego con la creación de Secretarías Estatales, que obligó al establecimiento de burocracias educativas improvisadas, mal organizadas, pero sumamente costosas” que no es responsabilidad de los maestros, sino de una política educativa nacional que bajo el argumento de acercar los servicios educativos a las regiones, obligó a los estados a asumir un financiamiento local para el que no se encontraban preparados, apuntó el también secretario de la Comisión de Educación de la Cámara Alta.
Agregó que para generar la equidad educativa, en todas las entidades del país, era indispensable que los responsables del establecimiento de las fórmulas de distribución de recursos del FAEB (Fondo de Apoyo para la Educación Básica) del que sólo se benefician 5 Estados de la república mexicana (Estado de México, Nuevo León, Morelos, Guanajuato y Aguascalientes) incorporaran indicadores de equilibrio y compensación como la pobreza y la marginación social, para el otorgamiento de un mayor número de recursos a los estados y municipios con mayor marginación y rezago, que permitieran invertir el fenómeno de pobreza igual a educación de mala calidad y educación de mala calidad igual menor desarrollo, menores oportunidades y mayor pobreza.
“Por otra parte, las acciones de profesionalización docente, impulsadas por el Gobierno Federal, a través de la Carrera Magisterial en 1993, de la Alianza por la Calidad de la Educación en 2008 y de la RIES (Reforma Integral de la Educación Secundaria) representaron en los hechos presupuestos excesivos en costos de operación y pago de funcionarios responsables de su implementación, capacitadores y edición de libros de textos, por mucho superiores a lo que realmente han representado de beneficios para el magisterio, pues a pesar de sus altos costos financieros, tampoco fueron suficientes, -a pesar de sus esfuerzos- para mejorar la calidad del proceso y del sistema educativo en el estado.
En relación con las declaraciones del Secretario de Finanzas del Gobierno Estatal, el Senador Raúl Morón, afirmó que “es un error que hoy se quiera responsabilizar al magisterio de la situación financiera del Estado, por la firma de minutas convenidas, cuyo contenido económico ha sido malinterpretado, pues se trata de recursos que claramente han sido comprometidos para la ejecución de acciones en favor de la infraestructura educativa, programas compensatorios para regiones y familias marginadas, equipamiento escolar y otros programas para el mejoramiento del propio sistema educativo estatal, no en favor de los maestros”. Se trata, dijo, de recursos que ya se encontraban etiquetados desde la federación para mejorar la calidad educativa del estado, no de recursos nuevos, y que de no haberse convenido en la minuta, hubieran corrido el riesgo de ser aplicados por el Estado para otros programas fuera del sector educativo o de ser reclamados para su devolución por la Federación, como recursos subejercidos.
El senador michoacano destacó que el responsable del modelo y la política educativa han sido los gobiernos federales y los secretarios de educación en los últimos sexenios, los cuales ha optado por impulsar una estrategia de bolsas concursables para apoyar a las entidades, en lugar de una verdadera política nacional de educación y de concluir el proceso de descentralización educativa y financiera que aún sigue pendiente y que tanto ha lesionado al desarrollo de las finanzas locales.
Asimismo, se cuestionó: “¿Quién es el verdadero responsable del problema educativo de México, el Estado que no ha sabido asumir la rectoría del sistema educativo, que no ha sido capaz de diseñar una política y modelo educativo acorde a las necesidades del país o el maestro que no ha sido tomado en cuenta en ninguna de las políticas y grandes reformas curriculares y educativas impulsadas por el Estado?”.
Morón Orozco agregó que tratándose de un tema de profundo interés colectivo, tan sensible e importante para el país, que involucra e interesa al conjunto de sectores, actores e instituciones relacionados con la educación, el tema del federalismo y del financiamiento educativo es uno de los ejes centrales que debe rediscutirse en el marco de una verdadera reforma educativa integral nacional, que vaya mucho más allá de la evaluación educativa o de la profesionalización docente.
En este sentido, -destacó el legislador- es importante bajo esta visión de Estado que se entienda y acepte que la educación es un bien público de carácter social, que exige del esfuerzo de todos los órdenes de gobierno y especialmente del federal, para cambiar el concepto de “gasto por el de inversión”, pues es necesario seguir invirtiendo todo lo necesario para lograr que la educación pública, gratuita y de calidad llegue a todos los niños y jóvenes de todas las comunidades del estado y de la república mexicana.
De igual forma, consideró que el Estado, está obligado a reconocer a las organizaciones magisteriales, como una fuerza que puede contribuir considerablemente al progreso de la educación y, que por consiguiente, deben participar en la elaboración y definición de la política educativa.
“Sólo el cumplimiento de estas premisas, puede legitimar la política educativa y su financiamiento, no como el resultado de un acuerdo político entre partidos, gobiernos o grupos parlamentarios, sino como el resultado de un amplio proceso de consulta, discusión y propuestas, provenientes de los principales actores del sistema educativo”.
