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21 Noviembre 2024 Derechos humanos
Expertos de la ONU señalan que el instrumento jurídico, en fase final de negociación, no debe trasladar la responsabilidad de los productores a los países en desarrollo. Los productores deben hacer contribuciones a un fondo mundial que facilite una gestión de residuos adecuada.
Expertos* de la ONU declararon este jueves que el tratado mundial sobre la contaminación por plásticos debe garantizar la rendición de cuentas en todas las etapas del ciclo del plástico.
De carácter jurídicamente vinculante, el instrumento se encuentra en la fase final de negociación, con una última sesión del Comité Intergubernamental de Negociación programada en Busan, Corea del Sur.
Los expertos** advirtieron que la dirección actual de las negociaciones corre el riesgo de trasladar la responsabilidad de los Estados productores de plásticos a los Estados en desarrollo que carecen de la capacidad o los recursos para hacer frente a esta plaga.
“Los productores, y los países en los que tienen su sede, no están cumpliendo con su parte a la hora de abordar los efectos adversos globales sobre los derechos humanos”, indicaron.
Según los expertos, el tratado debe incluir referencias explícitas a los derechos humanos, como el derecho a la información, al desarrollo y a un medio ambiente limpio, sano y sostenible. Además, debe reflejar principios clave de los derechos fundamentales, como la transparencia, la prevención y la rendición de cuentas.
Abordar el ciclo completo facilita el seguimiento
Los expertos insistieron en que el tratado debe abordar el ciclo de vida completo de los plásticos, ya que cada etapa contamina.
Así, el público debe tener acceso a información precisa sobre las sustancias químicas preocupantes utilizadas en los polímeros y productos plásticos, el tipo y las cantidades de contaminantes liberados en cada una de las fases del ciclo, y los volúmenes de plásticos producidos.
Esta información es fundamental para monitorear las responsabilidades de los países y de las empresas, incluso en lo que respecta a las reducciones de la producción.
Quien contamina paga
Rendir cuentas significa que los productores deben hacer contribuciones a un fondo mundial, prosiguieron los expertos. “Este fondo debe hacer operativo el principio de quien contamina paga y apoyar la aplicación de medidas y tecnologías eficaces de gestión de residuos adecuadas”.
Esto es crucial para proteger los derechos humanos en los países en desarrollo y menos desarrollados, especialmente en los pequeños Estados insulares. También debería abarcar la limpieza, incluidas las islas de basura en el medio marino.
Según los expertos, la prevención de daños a la salud humana y medioambiental exige que las sustancias químicas se controlen adecuadamente. Esto también permitirá la transición a una economía circular químicamente segura.
Enfatizaron que el diseño de los productos de plástico debe permitir tanto su eliminación progresiva como el reciclado seguro. Esto es especialmente importante para los países en desarrollo que carecen de economías de escala y dependen de las importaciones.
Transición justa
Un enfoque basado en los derechos humanos también exige el acceso a vías de recurso legales, especialmente para aquellas personas que sufren un impacto desproporcionado de la contaminación.
Por otra parte, una transición justa que no deje a nadie atrás es fundamental para abordar la situación de muchas personas que obtienen ingresos del trabajo con plásticos.
Los expertos concluyeron que la comunidad internacional debe unirse para acabar con este tipo de contaminación.
Esto requiere una visión audaz que se enfrente a los perjuicios impuestos por las industrias de los combustibles fósiles y petroquímicas y responda al impacto de la contaminación en la crisis del cambio climático y la pérdida de biodiversidad.
* Los expertos: Marcos A. Orellana, relator especial sobre sustancias tóxicas y derechos humanos; Elisa Morgera, relatora especial sobre el cambio climático; Astrid Puentes Riaño, relatora especial sobre el derecho humano a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible; Surya Deva, relator especial sobre el derecho al desarrollo; Fernanda Hopenhaym (presidenta), Lyra Jakulevičienė (vicepresidenta), Pichamon Yeophantong, Damilola Olawuyi, Robert McCorquodale, Grupo de Trabajo sobre empresas y derechos humanos.
**Los relatores especiales, expertos independientes y Grupos de Trabajo forman parte de lo que se conoce como Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, que constituyen el mayor cuerpo de expertos independientes del sistema de derechos humanos de la ONU, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y supervisión del Consejo que se ocupan de situaciones específicas de países o de cuestiones temáticas en todo el mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y prestan sus servicios a título individual.
