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11 de noviembre del 2024.- En el Senado avanzo la reforma al 21 constitucional que da facultades de investigación a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), al ser aprobada en comisiones por unanimidad.
La oposición anunció su apoyo a la iniciativa del ejecutivo, si bien destacó que no se trata de “un cheque en blanco”. Aunado a ello, cuestionó las cifras gubernamentales de reducción de homicidios y reprocho la violencia que se registra en diversos estados.
Morena y sus aliados, defendieron la estrategia gubernamental seguida en esta materia durante el anterior sexenio y el actual.
En sesión de las comisiones de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Seguridad, la morenista Beatriz Mojica explicó que la estrategia de seguridad tenía primero como finalidad el atender las causas, pues “recibimos un país en llamas, un país que le apostó todo a la violencia, que le apostó todo a hacer enfrentamientos directos sin atender las causas”.
El panista Ricardo Anaya explicó su voto a favor porque la iniciativa “pone el acento en algo que es clave si queremos pacificar al país: la investigación de los delitos; y, segundo, porque establece una coordinación bajo un mando civil”.
“Esos son dos grandísimos aciertos de esta reforma”, señaló al insistir en que la ruta para pacificar al país es la investigación para desmantelar a las organizaciones criminales y no solamente “descabezarlas”, porque eso en muchos de los casos agrava el problema.
Anaya Cortés sostuvo que es necesario dar más facultades de investigación a los mandos civiles, pero con salvaguardas democráticas, pues al rato se utilizan para estar espiando opositores y periodistas. “Esta mala práctica, no distingue colores”, enfatizó.
La reforma establece que los fondos federales para la seguridad pública que se destina a las entidades, serán auditados y vigilados por el secretariado ejecutivo del sistema de seguridad pública.
El coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda Hoeflich, externo preocupación de que se condicionen los recursos de los Estados a través de la facultad de fiscalización que establece la iniciativa. Estimó que debería ser la Auditoría Superior de la Federación quien tenga a cargo la fiscalización de estos dineros, con lo cual también se evitaría su uso político.
Con información de La Jornada
