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CDMX, 11 de octubre del 2024.- La secretaria del Medio Ambiente, Alicia Bárcena, sostuvo que en el conflicto relacionado con la empresa Calica, filial de la firma Vulcan Materials, con un terreno en Quintana Roo, ha habido tergiversación en las versiones que ha dado en su denuncia contra México amparado en el desaparecido Tratado de Libre Comercio. Aseguró que durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no hubo una expropiación de su propiedad, sino que se convirtió una gran parte de la zona en área natural protegida.
El terreno sigue siendo de su propiedad, pero lo que ya no pueden hacer es explotar la piedra caliza como antes, sino que deberán destinarlo a cualquier otra actividad compatible con el carácter de área natural protegida.
Durante la conferencia presidencial, Bárcena afirmó que la explotación que hicieron de piedra caliza a partir de dos permisos otorgados en 1986 y el año 2000 fue “un desastre ecológico, se extraía piedra caliza para exportarla para carreteras; la explotación de roca caliza por debajo del manto freático, afectando cenotes. Fue una gran devastación ambiental que generó graves desequilibrios ecológicos pues fueron mil 200 hectáreas explotadas.
Cuestionó que, para promover su denuncia, la empresa haya dado declaraciones falsas, afirmando que tiene todos los permisos no es verdad. No tienen permiso para explotar. La actividad de Calica se sobrepasaron los permisos que se les dieron en 1986 y 2000, cuando les otorgó por 20 años pero ya no están autorizado desde ese año.
La empresa demandó a México por mil 500 millones de dólares no en el marco del TLCAN sino del TLC. Dijo que lo que ha sucedido es que México ya les prohibió, les cerró la extracción en subsuelo de Playa del Carmen y cozumel. Señaló que Semarnat confirmó estos datos del impacto al sistema hidrológico subterráneo y que explotaron 20 veces más al volumen autorizado.
Aseveró que se han destruido 13 cenotes, tres de los cuales han sido totalmente afectados. El presidente Andrés Manuel López Obrador decretó como área de protección de flora y fauna desde el 23 de septiembre, cuando se declaró área natural protegida. Se publica en el Diario Oficial de la Federación y hubo una consulta pública, se da tiempo para recoger opiniones y reclamos y finalmente se publica.
Lo que se logró con el decreto presidencial fue enorme porque no solo fue la propiedad de Calica sino que abarcó más de 50 mil hectáreas.
Con información de La Jornada
