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22 de agosto del 2024.- El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, controlado por el chavismo, ha ratificado la victoria del presidente Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales del 28 de julio, sellando el respaldo institucional al partido gobernante a medida que la disputada contienda se desvanece en los titulares internacionales. La sentencia otorga a Maduro otro mandato de seis años, que comenzará en enero.
Desde la votación y las protestas antigubernamentales en las que han muerto 23 manifestantes y 2.400 detenciones según Naciones Unidas, la administración de Maduro ha llevado a cabo lo que la oposición y grupos de derechos humanos y sindicatos han caracterizado como una represión contra la disidencia.
Las acciones han incluido arrestos de figuras de la oposición y manifestantes, una investigación contra líderes de la oposición por supuestamente incitar a los militares para cometer delitos, la aprobación de una serie de reglas que endurecen el control sobre las ONG, y renuncias forzadas de empleados estatales que supuestamente apoyaban a la oposición.
«El Tribunal Supremo ha revisado el material entregado por la autoridad electoral y coincide en que Maduro ganó las elecciones», ha indicado la presidenta del tribunal, Caryslia Rodríguez, quien ha añadido que la decisión no se puede apelar.
La autoridad electoral lleva señalando desde la noche de la elección que Maduro obtuvo poco más de la mitad de los votos, aunque no han publicado los recuentos completos. Por su parte, la oposición ha publicado en internet lo que dice son el 83% de los conteos de las máquinas de votación, que dan a su candidato Edmundo González un sólido apoyo del 67%.
La oposición desestima la sentencia
Pese a la ratificación, la oposición ha restado valor a la sentencia del Tribunal Supremo, al que ha tildado de «parcial» y de estar controlado por Maduro. «Señores del Tribunal Superior de Justicia: Ninguna sentencia sustituirá la soberanía popular. El país y el mundo conocen su parcialidad y, por ende, su incapacidad de resolver el conflicto; su decisión solo agravará la crisis», ha expresado el opositor Edmundo González Urrutia a través de X.
Ya en su momento, cuando Maduro pidió al tribunal que verificara los resultados, González no asistió a la citación del recuento. La oposición dice que dicho órgano, aunque constitucionalmente independiente, funciona como un brazo del partido gobernante.
La falta de entrega de sus copias por parte de la oposición y las incomparecencias de González son «una flagrante falta de respeto», según la vicepresidenta Delcy Rodríguez quien, ha añadido, lo expone a sanciones, aunque no especificó de que tipo.
Presión internacional para solucionar la crisis política
La publicación de las actas electorales se han producido después de que Unión Europea, Estados Unidos y varios países latinoamericanos solicitasen el pasado 17 de agosto la «inmediata» publicación de las actas electorales de Venezuela y la verificación imparcial e independiente de los resultados.
En una declaración conjunta suscrita en Santo Domingo, en República Dominicana, los Estados firmantes, entre los que se encontraba España, instaron a permitir que una entidad internacional comprobase los resultados, cosa que finalmente no se ha llevado a cabo. Por su parte, países aliados con Caracas como Rusia o China felicitaron a Maduro por su victoria.
Fuentes han indicado a Reuters que Estados Unidos ha elaborado una lista de unos 60 funcionarios gubernamentales y familiares que podrían enfrentarse a sanciones como resultado de las primeras medidas punitivas desde la votación. Pese a ello, la mayoría de las soluciones para la crisis propuestas por la comunidad internacional han sido ignoradas o rechazadas por el Gobierno, la oposición o ambos.
