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México, D.F. a 14 de abril de 2013.- El grupo parlamentario del PRD en el Senado de la República envió una carta al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, -la cual también fue suscrita por el senador Raúl Morón Orozco-, así como a los diputados y senadores de las otras fuerzas políticas, a fin de que el gobierno federal convoque al magisterio disidente a un espacio institucional de diálogo para resolver los conflictos derivados de la aprobación de la Reforma Educativa, además de que la federación defina un discurso de concordia y apertura, al cual está legalmente obligado a realizar.
En la misiva que firmaron todos los integrantes de la bancada del Sol Azteca para exhortar al Presidente a que de manera conjunta con los Senadores y todos los sectores políticos y sociales a realizar “un esfuerzo excepcional para evitar que el conflicto político social entre el Estado y la disidencia magisterial se escale y conduzca a una confrontación que limitará las posibilidades de llevar a cabo una reforma educativa que fortalezca la integración nacional y ofrezca a las nuevas generaciones oportunidades efectivas de mejoría”.
Asimismo, los senadores perredistas señalaron que urge frenar “la percepción extendida en una parte del magisterio de que la reforma pondrá en riesgo su permanencia en el empleo y el carácter público de la educación”. En las propuestas que los Senadores del PRD hacen al Gobierno federal, se sugiere que de parte de la federación se frene cualquier acción persecutoria en contra de los maestros, que se fije una fecha próxima para iniciar el proceso de elaboración de la Ley General de Educación y que en la discusión de esta norma reglamentaria se incluya las observaciones de los implicados en la reforma, desde los maestros, los gobernadores, y los padres de familia. Advirtieron, en cambio, que “Una reforma que se sustente en acciones judiciales, operativos policiacios, despidos, restricción de derechos sindicales o ignorancia de la situación real de los maestros, es una reforma sin futuro”.
A continuación, el texto íntegro de la carta:
C. Presidente de la República, Enrique Peña Nieto:
Ciudadanos diputados (as) y senadores (as) de todas las fuerzas políticas del Congreso de la Unión.
A nombre del grupo parlamentario del PRD en el Senado, nos dirigimos respetuosamente a ustedes para que, entre otros, hagamos un esfuerzo excepcional para evitar que el conflicto político social entre el Estado y la disidencia magisterial se escale y conduzca a una confrontación que limitará las posibilidades de llevar a cabo una reforma educativa que fortalezca la integración nacional y ofrezca a las nuevas generaciones oportunidades efectivas de mejoría. Nos preocupa que –en los términos en que está definido el conflicto- puedan incluso generarse condiciones de ingobernabilidad en varias entidades del país, lo que terminaría por dañar a la convivencia civilizada y al régimen democrático.
Es urgente que los Poderes Públicos ofrezcan al magisterio disidente un espacio institucional para resolver sus diferencias y que la autoridad Ejecutiva defina un discurso de concordia Urge frenar, en definitiva, la percepción extendida en una parte del magisterio de que la reforma pondrá en riesgo su permanencia en el empleo, el carácter público de la educación o que desconocerá las diferencias sociales y pedagógicas de entrada que el proceso de cambio debe de incluir y considerar. Es por la vía de la persuasión, la negociación y no de la amenaza que se podrá reconducir el proceso, para asegurar que nuestro país pueda tener una reforma educativa altamente consensual y efectiva, incluyente y plural.
Si en alguna política pública debe haber visión de futuro y consenso es precisamente en la educación. Una reforma que se sustente en acciones judiciales, operativos policiacios, despidos, restricción de derechos sindicales o ignorancia de la situación real de los maestros y las desigualdades de la sociedad que en buena medida explican la diferencia de desempeños, sería una reforma sin futuro. Una que estaría negando el carácter democrático y social que la hará viable y facilitará alcanzar los resultados paulatinos de mejoría en las materias troncales de la formación cívica y la preparación de las nuevas generaciones. Una que debe aprovechar lo mejor de las experiencias nacionales, regionales e internacionales, así como conseguir la aceptación y el respaldo de los especialistas, el magisterio, las familias y los sectores de la sociedad comprometidos con la educación.
Comprendemos la irritación y los daños que la movilización del magisterio llega a causar en los sectores empresariales y en las comunidades afectadas. Es un problema que debe resolverse con procesos de negociación y un nuevo acuerdo que respete a la sociedad y comprometa a los estudiantes y a los maestros. Mientras tanto, es urgente una señal contundente del Poder Ejecutivo que aclare que la intención del gobierno no es sancionar ni someter a los maestros, ya sean estos del SNTE o de la CNTE. Que no es “ellos contra nosotros”, o “nosotros contra ellos”. Que las tentaciones autoritarias y de las líneas duras no prevalecerán en estos momentos definitorios para el futuro de la reforma y para la estabilidad política. Que es indispensable abrir los espacios de diálogo a los maestros disidentes, al conjunto de magisterios, la sociedad y los especialistas. Que la Ley General de Educación no será un producto oligárquico o tecnocrático, sino un proyecto y una norma que potencie la ciudadanía y venza los principales obstáculos a los que se enfrenta la educación básica. Que los maestros y padres y madres de familia no serán un obstáculo, sino los principales aliados de la reforma.
Para desmontar el conflicto y reconducir la reforma proponemos, en el ámbito de responsabilidades de cada poder, tomar las siguientes decisiones inmediatas:
- Frenar cualquier acción persecutoria o intención de intervenir en la vida interna de los sindicatos, donde por el contrario debe facilitarse el avance de la democracia y la transparencia que se dice deben consolidarse. La mesa de negociación en la Secretaría de Gobernación debe definir los términos, conductos institucionales y garantías que hagan cumplible este compromiso.
- Fijar una fecha próxima para iniciar el proceso de elaboración de la Ley General de Educación y el método a partir del cual se harán, en cualquiera de las dos Cámaras del Congreso, las consultas a los especialistas, a la sociedad y al magisterio, para arribar a una ley de gran visión y con altos niveles consensuales de respaldo. Las audiencias para esta Ley deben tener el máximo de publicidad, de tal manera que al final del proceso nos sintamos orgullosos de que fuimos capaces de organizar y conducir un debate nacional sin precedente por su seriedad, publicidad y transparencia.
- En la definición de la nueva ley deberán incluirse las opiniones y las iniciativas que surjan del ámbito regional (de los gobernadores y los congresos locales que así lo decidan), así como abrir el proceso legislativo a las iniciativas ciudadanas de mayor relevancia en la opinión pública.
El conflicto entre el Estado y el magisterio abre la oportunidad de ampliar los alcances de la reforma y fortalecer su respaldo entre los especialistas, las familias y los maestros. Abre la oportunidad de ir más a fondo en una causa social por excelencia Su complejidad obliga a una acción conjunta de los Poderes y de la sociedad. En vez de una nueva “guerra”, como la percibe una parte de la sociedad, o de un conflicto político social mayor que ponga en entredicho la estabilidad en las próximas semanas y meses, está en manos de los Poderes Públicos abrir las compuertas de la institucionalidad. Está en manos de nosotros hacerlo y queda poco tiempo para lograrlo.
Respetuosamente.
Grupo parlamentario del PRD.
Senado de la República
