Por Noemí Avilés.- Un enorme logro con el que se cuenta en Michoacán es la gratuidad educativa. Es la posibilidad de que los estudiantes no se distraigan en cuestiones económicas, -que ya con las de primer orden tienen- y se dediquen a estudiar o recrearse en en mejor de los casos.
A un par de años de que entrara en vigor esta disposición estatal, hoy se discute la posibilidad de anularla o modificarla de manera sustancial para contar con ingreso extra ya que del erario estatal no es posible cubrir esta etiqueta.
Por un lado, para los ciudadanos que votarán por el PRI en las elecciones estatales y federales debe saber a enfado notar claramente que a pesar de que la línea política estatal es a la federal, toda vez que con la experiencia del cuatrienio pasado Michoacán mantuvo gobierno presidido por el Partido de la Revolución Democrática y la federación fue panista. Aún así, el presupuesto y la administración pública rindieron en programas y obras claramente visibles.
Hoy esto no es notorio. La administración estatal padece de rumbo y del propuesto nada reflejo en la aplicación de programas fundamentales de acuerdo con las necesidades que ellos mismos plantean, de índole social y educativo. Éste, ahora observamos, ante la posible marcha atrás déja la gratuidad educativa. Lo que significa el desembolso no programado de una familia regular. A esto súmese la dificultad laboral que existen en la entidad, lo que nos arroja un escenario posible: la deserción universitaria.
Indiscutible el papel de los partidos de izquierda, de la sociedad organizada y la ciudadanía interesada ante esta posibilidad inminente ya anunciada por el secretario de la SEE, Jesús Sierra Arias.