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*ALEJANDRO MORENO CÁRDENAS, ENEMIGO PÚBLICO DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN.
*ALITO MORENA CONTRA LA PRENSA.
*SOLAPA GOBERNADOR PRESUNTOS ACTOS DE CORRUPCIÓN DE SU COMPADRE CÉSAR SÁNCHEZ.
Columna Política «El Francotirador», Por José Cruz Delgado (16-II-2023).- Cómo todos los dictadores, utilizan todos los medios para acabar con sus críticos utilizando hasta a los opositores, como es el caso del presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, quien dijo que a los periodistas hay que matarlos de hambre, y ahora intenta matar la libertad de expresión siguiéndole el juego al Emperador Andrés Manuel López Obrador, de quien recibe órdenes directas a cambio de impunidad.
Alito preside la Comisión de Gobernación y Población, misma que aprobó un proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley sobre Delitos de Imprenta, en materia de multas.
Por lo que hace al artículo 33, que contempla el castigo para quienes cometan ataques contra el orden y la paz pública, propone sancionar las injurias al presidente de la República en el acto de ejercer sus funciones o con motivo de ellas, con multa que va de cinco a 40 UMA.
La misma sanción se impondrá para las ofensas a un magistrado de la Suprema Corte, magistrado de circuito o del Distrito Federal o de los estados, juez de distrito o del orden común ya sea del Distrito Federal, de los territorios o de los estados, a un individuo del Poder Legislativo federal o de los estados, o a un general o coronel, en el acto de ejercer sus funciones o con motivo de ellas, o contra cualquier otro cuerpo público colegiado distinto de los mencionados en las fracciones anteriores ya sean de la Federación o de los Estados.
También, se castigarán con la misma multa los casos de injurias a naciones amigas, a los jefes de ellas o sus representantes acreditados en el país.
En tanto, las cometidas contra secretarios del despacho, al fiscal general de la República o directores de departamentos federales, gobernadores, titular de la jefatura del gobierno de la Ciudad de México, en el acto de ejercer sus funciones o con motivo de ellas, o a los tribunales o legislaturas, la pena irá de cinco a 10 veces la UMA, de esta manera se criminaliza la libertad de expresión y se inhibe el libre ejercicio periodístico en México.
Y es que las demandas por delitos como difamación, calumnia e injuria, no sólo se contraponen al derecho a la libertad de expresión y manifestación de ideas garantizados en los artículos 6 y 7 constitucional, se han vuelto una práctica recurrente por parte de las autoridades en México para impedir las críticas, cuestionamientos y contrapesos hacia el cumplimiento de su trabajo.
Sin embargo, también son intocables los gobernadores, secretarios, el fiscal general de la república, al jefe de gobierno de la Ciudad de México, legisladores, magistrados, jueces, generales y militares del ejército, a mandos policiales hasta los embajadores acreditados en el país o cualquier otra persona que tenga carácter público.
El presidente López Obrador miente cuando asegura que hay libertad de expresión en México, porque en su sexenio se ha dedicado a atacar a los periodistas y a los medios que no están de acuerdo con su gestión y que critican el fracaso de su gobierno y de las políticas públicas.
Así pues, la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados aprobó un dictamen que incrementa sanciones por “injuriar” al presidente de la República. La propuesta es de Morena y presentada por la diputada por Zacatecas, Bennelly Jocabeth Hernández, misma que fue aprobada sin discusión con 19 votos a favor del bloque mayoritario y uno de Movimiento Ciudadano, nueve en contra de la oposición y cero abstenciones.
De esta manera se violan los artículos 6 y 7 constitucional, y se impide hacer críticas, cuestionamientos a los que ostentan el poder, principalmente al presidente.
SOLAPA RAMÍREZ BEDOLLA A SU COMPADRE CÉSAR SÁNCHEZ…….. El
gobiernador alfredo Ramirez Bedolla ha guardado silencio en torno a la renuncia de titular de prevención del delito Lorena Villaseñor y la le denuncia de presuntos actos de corrupción en el Secretariado Ejecutivo Estatal de Seguridad Pública a cargo de César Erwin Sánchez Coria, su compadre, así que goza de impunidad total.
Los diputados tanto de Morena como los de la oposición también han enmudecido y nadie ha pedido una investigación del caso.
Los honestos legisladores morenistas y el presidente Juan Pablo Celis Silva se quedaron callados, demostrando que son iguales de corruptos y hablan cuando les conviene y callan cuando la zurra el gobernador, su amo y señor.
Juan Carlos Barragán, el honesto diputado es bueno para criticar y en este caso guarda silencio, y eso que ve por Michoacán y presumen de honestidad, pero queda demostrado que es un hipócrita al igual que Celis Silva y el resto de los morenistas.
El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y mandatarios estatales del centro del país, firmaron convenios de coordinación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) 2023, donde Michoacán accederá a 296 millones de pesos para reforzar la estrategia de pacificación, prevención y atención a la violencia.
Tras refrendar el compromiso de trabajar en coordinación con la federación y los municipios, Ramírez Bedolla comentó que con este convenio se crea un frente común en defensa de la seguridad y el orden público con respeto a los derechos humanos y fortalecimiento a las corporaciones policiacas.
Explicó que del FASP, la entidad recibirá 256.3 millones de pesos y 40 millones de pesos del Fondo para el Fortalecimiento Institucional de la Seguridad Pública (Fofisep), con el objetivo de dignificar, certificar, capacitar y equipar a corporaciones policiacas, ampliar y/o fortalecer la infraestructura de seguridad, implementar acciones de prevención de delitos, atención a la violencia de género y fortalecimiento de los sistemas penitenciarios.
Mientras que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, reconoció el trabajo de las y los gobernadores en la ruta de garantizar la seguridad en coordinación con la federación y continuar en la estrategia para preservar la paz y bajar las actividades delictivas.
La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, reiteró que desde la federación se atienden las causas generadoras de la violencia y los estados tienen apoyo permanente a través del FASP, que este año creció 10 por ciento con un total de 8.7 mil millones de pesos.
Asistieron también las y los gobernadores de Campeche, Guanajuato, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz, Yucatán y Jalisco, así como el secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, César Erwin Sánchez Coria y otros titulares en materia de seguridad.
