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08 Diciembre 2022 Cultura y educación
Unos 350 millones de escolares en el mundo están registrados en escuelas no estatales. Las familias de los países de renta baja y media-baja asumen un 39% del gasto en educación, frente a un 16% en las naciones de renta alta. En América Latina y el Caribe, la cifra rebasa el 40% en El Salvador, Nicaragua, Honduras y República Dominicana, según un nuevo estudio de la agencia de la ONU para la educación.
Un nuevo informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) reveló este miércoles que 350 millones de niños y jóvenes del mundo asisten a escuelas no estatales. En América Latina y el Caribe, la proporción de estudiantes de primaria y secundaria inscritos en escuelas privadas asciende a 20%.
La UNESCO destacó que, pese a la alta participación de las escuelas no estatales, en América Latina no existe una regulación eficaz de la educación privada, lo que conlleva un alto riesgo de desigualdad y segregación, una tendencia contraria a la educación inclusiva, de calidad y equitativa que plantean los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
El reporte también indica que muchos países de la región no tienen la capacidad de hacer cumplir esa reglamentación cuando existe, lo que mina la calidad y ensancha la brecha educativa entre ricos y pobres.
Entre otros hallazgos, subraya que sólo 17 de 42 países latinoamericanos analizados prohíben explícitamente el lucro en las escuelas primarias y secundarias, que menos de la mitad de los países de la región tienen una reglamentación sobre los procedimientos de admisión en escuelas no estatales, y que sólo el 8% implementan acciones afirmativas para mejorar el acceso de los estudiantes más pobres a las escuelas.
La UNESCO detalló que en 2018, varios países entre los que se contaron Argentina, Brasil, Chile y México, registraban niveles elevados de segregación y citó que la matrícula privada en la educación superior en la región sigue siendo la más alta del mundo.
El gasto de las familias
Por otra parte, la agencia de la ONU señaló que las familias de los países de renta baja y media-baja asignan una cantidad desproporcionada de sus ingresos a la educación de sus hijos. A nivel mundial, en esos países las familias asumen el 39% del gasto en educación, frente al 16% en las naciones de renta alta.
Con respecto a América Latina y el Caribe, las familias de El Salvador, Nicaragua, Honduras y la República Dominicana corren con más de 40% de ese gasto, mientras que en Haití esa cifra llega al 81%.
El estudio encontró que el 8% de los hogares se endeuda para pagar la educación de los hijos y detalla que en naciones como Haití, el 30% de las familias pide préstamos para cubrir ese gasto.
No obstante lo oneroso de esa carga, dos terceras partes de los países de la región no regulan las cuotas de educación primaria y secundaria.
Gastos ocultos
Además, el informe muestra que en los países de bajos ingresos la educación pública conlleva costos ocultos significativos por concepto de uniformes y útiles escolares, por ejemplo.
La directora de la Oficina Regional de la UNESCO para América Latina y el Caribe recordó que la educación es una responsabilidad de toda la sociedad. “La equidad, la inclusión y la calidad de la educación sólo es posible cuando la política educativa incorpora a todos los actores, sean estatales o no estatales”, afirmó.
Claudia Uribe Salazar también recalcó la urgencia de atender “la desigualdad que todavía prevalece en los procesos educativos, los resultados del alumnado y las condiciones del trabajo docente tanto en escuelas estatales como no estatales”.
Recomendaciones
En este renglón, la UNESCO instó a los países a evaluar sus reglamentaciones vigentes y emitió cinco recomendaciones para los gobiernos:
- Cumplir el compromiso de volver gratuitos un año de preescolar y 12 años de primaria y secundaria para todos los niños y jóvenes
- Establecer estándares de calidad que se apliquen a todas las instituciones educativas estatales y no estatales
- Reforzar la capacidad gubernamental para realizar el seguimiento y hacer cumplir la reglamentación
- Fomentar la innovación para el bien común y reunir a todos los actores que la desarrollan
- Tener en cuenta las opiniones y perspectivas de todas las partes interesadas, protegiendo la educación de los intereses económicos y políticos
