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- Desecha la Corte la prisión oficiosa en delitos fiscales.
CDMX, 26 de octubre del 2021.- Con la resolución de la Suprema Corte “no estoy de acuerdo, es seguir protegiendo a las minorías, y desprotegiendo a quienes no tienen agarraderas. No se actuó bien”, respondió el presidente Andrés Manuel López Obrador.
En Palacio Nacional reprochó la determinación del pleno de la Corte, que votó en contra de una de sus iniciativas. “Es la misma política del Poder Judicial. Antes ni siquiera se consideraba como delito grave la corrupción. En el gobierno de Carlos Salinas de Gortari se modificó el Código Penal, para que el corrupto tuviera la oportunidad de salir de la cárcel en libertad condicional”.
El tabasqueño expuso tres vertientes entorno a la decisión de la Suprema Corte:
En el país hay división de poderes, hay independencia en los poderes, como no sucedía en antes -repuso-, porque antes el poder de poderes era el Ejecutivo. “Es un mensaje para los que no creen en la transformación. Los ministros de la Corte actúan en libertad y tienen la arrogancia de sentirse libres. Esto no sucedía antes”.
También subrayó que hace falta que los otros poderes en especial el Judicial castigue por igual a todos lo que cometan ilícitos, y no estar, el Poder Judicial, al servicio de los poderosos. “Esta resolución va en la línea de seguir apoyando la corrupción, y seguir apoyando a las minorías”.
Y aclaró que “nosotros vamos a respetar la decisión de la Corte, porque queremos estar en un verdadero estado de derecho”.
López Obrador insistió en que la decisión de la Sala Superior de la Corte protege a delincuentes de cuello blanco, ya “no pueden ir a la cárcel los fifis”.
También, afirmó, mantiene la confianza en el presidente de la Suprema Corte Arturo Záldivar. “Si, si, son criterios, tenemos puntos de vista distintos. No todos pensamos de la misma manera”.
Y refrendó su convencimiento de que por encima de la ley debe estar la justicia. “Todavía es tiempo para que se reforme el Poder Judicial, pero estas decisiones no lo ayudan”, estas respaldan a una minoría y no apoyan al pueblo raso.
“El Poder Judicial está muy intervenido, afectado, dependiente de grupos en el poder, defensor de intereses. Nosotros estamos limpiando de corrupción, hay que limpiar al Poder Judicial, al Poder Legislativo, se ha avanzado y vamos a seguir”.
- Desecha la Corte la prisión oficiosa en delitos fiscales.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró la invalidez de las normas que definen como un delito contra la seguridad nacional a la actividad ilícita de empresas factureras. Por ocho votos a favor contra tres, el pleno de ministros desechó el proyecto que proponía avalar la prisión preventiva oficiosa para quienes cometen delitos fiscales, entre ellos defraudación, contrabando y facturación de operaciones simuladas o inexistentes, y ordenó que el asunto se turne de nuevo a otro ministro integrante de la mayoría para que en su momento elabore una nueva propuesta de resolución.
Los ministros consideraron que estos delitos no ameritan prisión preventiva oficiosa, a pesar de las argumentaciones legislativas en cuanto a la magnitud del daño que generan al Estado mexicano, y consideraron –a pesar de los millones de pesos de ingresos que se dejan de percibir– que no afectan a la seguridad nacional.
La SCJN analizó la acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Senado, en la cual impugnaron el decreto publicado en noviembre de 2019 por el cual se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la Ley de Seguridad Nacional, el Código Nacional de Procedimientos Penales, el Código Penal Federal y el Código Fiscal de la Federación.
Estas reformas tipifican como delincuencia organizada la expedición de facturas falsas por más de 7.8 millones de pesos.
El pleno determinó que el proceso legislativo que dio origen a dicho decreto fue válido. No obstante, la mayoría de ministros determinó que los artículos 5, fracción XIII, de la Ley de Seguridad Nacional, el cual establece como amenazas a la seguridad nacional los actos ilícitos en contra del fisco federal, y 167, párrafo séptimo, fracciones I, II, III, del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual prevé la prisión preventiva oficiosa para los delitos de contrabando, defraudación fiscal, sus equiparables y los relacionados con la expedición, enajenación, compra y adquisición de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados, son inconstitucionales.
Casos determinados
El presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, señaló que “la prisión preventiva oficiosa desvanece por completo el principio de presunción de inocencia y de libertad que deben tener todas las personas porque, de conformidad con los criterios de la Corte Interamericana, la prisión preventiva oficiosa solamente puede ser cuando hay peligro de sustracción de la justicia o de que pueda la persona procesada destruir pruebas”.
En ese sentido, el ministro Jorge Pardo Rebolledo consideró que “los delitos fiscales, los que están previstos en esta fracción XIII, no en todos los casos, ni en todas las circunstancias, ponen en riesgo a la hacienda pública y mucho menos la estabilidad o la existencia del Estado mexicano, pero que sea incluido como un delito contra la seguridad nacional este tipo de ilícitos, en todos los casos y cualquiera que sea la circunstancia, sí me parece desproporcional y excesivo”.
Las ministras Yasmín Esquivel Mossa y Margarita Ríos Farjat, así como el ministro José Fernando Franco, argumentaron que estas conductas delictivas sí impactan en la seguridad nacional, pues datos oficiales muestran que en los últimos cinco años se han facturado operaciones inexistentes por más de 2 billones de pesos, cifra que representa entre 3 y 4 puntos del producto interno bruto (PIB), lo que demuestra que estas empresas consuman un daño patrimonial al Estado mexicano; también señalaron que otras medidas implementadas no han podido limitar estas prácticas ilegales, pues por el contrario, se han incrementado.
Con información de La Jornada
