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CDMX, 28 de septiembre del 2021.- Mediante largos procesos penales en tribunales, al menos once exgobernadores (nueve postulados por el PRI y dos por el PAN) enfrentan acusaciones por la comisión de delitos de hechos de corrupción, peculado, delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita o lavado de dinero, defraudación fiscal y tortura, entre otros.
Son al menos 3,300 millones de pesos el daño ocasionado al erario tan sólo por exmandatarios de Veracruz, Chihuahua, Quintana Roo, Aguascalientes, Tamaulipas, Nuevo León y Sonora.
De los 11, siete afrontan sus procesos desde penales ya sea en Estados Unidos o en México, mientras que los otros cuatro lo afrontan en libertad.
Javier Duarte de Ochoa, exgobernador priista de Veracruz, es procesado por asociación delictuosa y recursos de procedencia ilícita. Sentenciado, en 2018, a nueve años de prisión a través de un procedimiento abreviado, no reparó el daño cometido, aunque fueron decomisados 41 bienes inmuebles de supuestos prestanombres.
Sobre el caso de Duarte de Ochoa, quien en septiembre de 2017 se declaró culpable y enfrenta, además, un proceso del fuero común por un presunto peculado de 220 millones de pesos, Lizbeth Padilla Sanabria, experta en materia de anticorrupción y maestra de la FES Acatlán de la UNAM, dijo que si no hubo reparación del daño es porque así fue negociado.
“Por eso esto se convierte en un verdadero festín para los corruptos”, lamentó.
Decomisos
José Fernández de Cevallos, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe) especializado en temas de corrupción, explicó que, si bien la legislación penal vigente es idónea, siempre se requiere su actualización por lo que sugirió enmiendas legales para establecer la pena de decomiso de los bienes para todos los delitos por hechos de corrupción, no solamente para castigar el enriquecimiento ilícito.
“Realmente, en esta pluralidad de mecanismos considero que sí se da un marco amplio, sólido, por ejemplo, en la Ley de Extinción de Dominio, a efecto de que el Estado pueda recuperar bienes de origen delictivo”.
Sin embargo, dijo, para un adecuado combate a la corrupción debiera de contenerse como pena para todos los delitos de corrupción, el decomiso.
“O sea, que, en una misma continencia de la causa, en el mismo juicio, se sancione con el decomiso en todos los delitos, por lo pronto de corrupción, que tengan contenido patrimonial llámese cohecho, cohecho de agente público extranjero, peculado, algún tráfico de influencias, esto en materia administrativa, pero en todo aquello que tenga un contenido patrimonial la sentencia ordene su decomiso”.
También sería importante incluir como sanción el decomiso, abundó, en el delito de lavado de dinero porque hoy exclusivamente se impone multa y pena privativa de la libertad.
El Código Penal Vigente establece desde julio del 2016 en el Título Décimo sobre hechos de corrupción, que al que cometa el delito de enriquecimiento ilícito se le impondrá como sanción el decomiso en beneficio del Estado de aquellos bienes cuya procedencia no se logre acreditar.
Para Salvador Mora, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, el problema con algunos casos de exgobernadores con procesos penales en curso es que negocian la carpeta de investigación sobre su culpabilidad a fin de reducir sus penas.
Un acto de corrupción debería derivar no solamente en la aplicación de una pena, sino, sobre todo, en la reparación del daño, puntualizó.
Otros casos
Preso en Miami, Florida, desde el 8 de julio del 2020, César Duarte Jáquez, exgobernador de Chihuahua, está a la espera de ser extraditado a México. La Fiscalía General de aquel estado lo acusa del delito de peculado por 96.9 millones de pesos, desviados hacia dos de sus empresas entre 2011 y 2014, y asociación delictuosa.
El expriista cuenta también con una orden de captura dictada por un juez federal, a solicitud de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, de la FGR, por el presunto desvío de recursos para el financiamiento de campañas políticas.
Procesado por lavado de dinero, Roberto Borge Angulo (PRI), exgobernador de Quintana Roo, enfrenta también cargos de aprovechamiento ilícito del poder, desempeño irregular de la función pública y peculado. Se calcula que el quebranto que le causó al erario quintanarroense supera los 3,000 millones de pesos.
El pasado día 19, la FGR vinculó a proceso penal a Luis Armando Reynoso Femat, exgobernador de Aguascalientes por el PAN, por el delito de defraudación fiscal durante 2012, 2013 y 2014; enfrenta el proceso en libertad porque el delito imputado no amerita prisión preventiva oficiosa.
Es la segunda vez que el exmandatario es sometido a juicio. En 2019 fue sentenciado a dos años y nueve meses de prisión, por los delitos de ejercicio indebido del servicio público y peculado por haber gastado 13.8 millones de pesos del erario para comprar un tomógrafo, operación que resultó ser un fraude.
Guillermo Padrés Elías, exgobernador de Sonora por el PAN, es otro caso que emanó de las filas del albiazul. Es acusado de delincuencia organizada, defraudación fiscal por 70 millones de pesos y lavado de dinero. El 10 de noviembre de 2016 se entregó de manera voluntaria. Hoy enfrenta el proceso penal bajo fianza.
Con información de El Economista
