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México, F.F., 6 de febrero del 2013.- La decisión tomada por la mayoría de los integrantes del Consejo General del IFE con respecto a volver a revisar hasta el mes de julio el dictamen de gastos de los partidos durante la campaña presidencial de julio de 2012, representa un triunfo parcial para los integrantes del Movimiento Progresista, pues el proyecto que buscaba multar a dicha coalición por supuesto rebase en los topes fijados por la autoridad electoral era a todas luces sesgado en contra de los partidos de izquierda.
Sin embargo, dicha determinación no puede considerarse un acto de justicia pleno, pues durante la larga discusión de esta tarde los consejeros se negaron de manera sistemática a aplicar al Movimiento Progresista los mismos criterios de prorrateo aplicados al PRI, con los que en primera instancia se determinó que su candidato Enrique Peña Nieto no rebasó los límites fijados a la campaña presidencial, misma que ahora ha quedado en duda, señaló Hortensia Aragón Castillo, Coordinadora Nacional Foro Nuevo Sol-PRD.
Agregó que a pesar de las evidencias con las que los representantes de nuestro partido demostraron la descarada estrategia instrumentada por la Coalición PRI-PVEM para tergiversar la información contable que presentaron ante el IFE, algunos consejeros -entre ellos su presidente Leonardo Valdés- no tuvieron empacho en dejar en claro que en el IFE existe una vara larga para castigar a la oposición y una corta para beneficiar al partido de quien actualmente se ostenta como presidente.
Tendremos que esperar hasta julio para, una vez que se revisen los gastos de campaña presidencial conjuntamente con los dictámenes relativos a las erogaciones hechas en las campañas de diputados y senadores, volver a demostrar que quien rebasó por mucho los límites permitidos fue Enrique Peña Nieto, con lo que quedará en claro una vez más el evidente despilfarro de recursos que él y su partido utilizaron para comprar millones de votos antes y después de las elecciones de julio pasado.
Es evidente que pretender aplicar una multa como la que se busca aplicar al Movimiento Progresista es un acto doloso por parte de quien se dice el máximo árbitro electoral, que a todas luces responde a los intereses del partido en el gobierno.
