- Los recursos que se han gestionado se destinan a rubros como investigación e infraestructura.
Morelia, Mich., 4 de febrero de 2013.- La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo ha realizado las gestiones necesarias para resolver las pretensiones salariales del Sindicato de Empleados, sin embargo, en el tema de la contratación de personal de apoyo no es posible hacerlo ni generar nuevas plazas, advirtió el rector Salvador Jara Guerrero, previo a la reunión que sostuvo este lunes con el SUEUM, a casi tres semanas de huelga.
«La Universidad no tiene dinero para crear plazas, no tenemos más plazas y no necesitamos más trabajadores, donde estamos atorados es en la cláusula 52, no es que la estemos malinterpretado, sino que al jubilarse un trabajador se lleva el recurso de la plaza, es con lo que le pagamos la jubilación, la Universidad no cuenta con un fondo de pensiones ni jubilaciones, a menos de que no le pagáramos podríamos contratar a otro trabajador».
El rector manifestó que su administración ha gestionado recursos ante diversas instancias, inclusive en cantidades que superan los fondos obtenidos en años anteriores, no obstante, estos se invierten en investigación, infraestructura, becas, y otros rubros, y no pueden ser utilizados para gasto corriente.
Recalcó que la Universidad tiene un excedente de trabajadores, lo que complica más la delicada situación financiera, para ello se propuso realizar una auditoría externa, de modo que el sindicato tenga la certeza de que no es posible incrementar la plantilla laboral.
«El objetivo de la Universidad es la investigación y la docencia, los empleados son muy importantes, pero en las universidades de todo el mundo se calcula que tienen que haber un trabajador por cada cuatro profesores, aquí estamos uno a uno, por ello propusimos la auditoría externa para que crean en los números que hemos presentado, se trata de convencerlos de que no tenemos ya nada qué ofrecer porque hay un excedente de empleados».
Recalcó que los trabajadores llamados “de tarjeta” no fueron contratados por la Universidad ya que ingresaron de manera irregular, pero si la Junta Local determina que se les reconozca y contrate se tendría que cerrar la Universidad, ya que implican un gasto superior a dos años de revisiones contractuales con ambos sindicatos.