Qué más da (Columna Política «La Feria»)

Columna Política «La Feria», Sr. López (21-VII-2021).- Tía Edelvina recibió una noche a su esposo, Tomás, no con la cena lista sino con su ropa regada en la banqueta. Se puso muy bravo, pero más la tía, que le restregó en las narices la carpeta que le entregó el detective que contrató, con fotos y datos de la ‘casa chica’ que tenía. Contaba que muy ofendido el Tomás vociferó: -Cómo te atreves a espiarme… ¡me voy! –no, no se fue, ella lo echó.  

Este inicio de semana reventó el escándalo de que con el ‘software’ Pegasus, entre 2016 y 2017 en México, fueron espiados 15 mil teléfonos celulares, incluidos los del actual Presidente, su esposa, sus hijos, hermanos y su cardiólogo. ¡Y retiemble…!

No resultó esto de alguna averiguación tenochca, no, el Washington Post, The Guardian y otros periódicos de alto octano del mundo, lo publicaron el domingo pasado con acusaciones de varias organizaciones no gubernamentales.

No se entiende sea la gran sorpresa lo que sabíamos desde hace años: hay denuncias en la prensa mexicana desde 2017 y en octubre de 2019, el portal Sinembargo publicó: “Se espió con ‘Pegasus’ en México en 2019; el Gobierno de AMLO debe explicar, exigen organizaciones”.

Según la nota de SinEmbargo, la plataforma Whatsapp informó que entre abril y mayo de 2019, en México se espiaban celulares con el sistema Pegasus, y en rueda de prensa del 28 ó 29 de octubre de 2019, las organizaciones Artículo 19, Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), y SocialTic, pidieron que el gobierno de la 4T informara si usaba ese ‘software’ para espiar a periodistas, activistas y defensores de derechos humanos. Preguntones. 

El Presidente a diferencia de otras informaciones de la prensa extranjera, esta la dio por buena y declaró (abróchese el cinturón), que no sabe si aún existe el contrato con NSO Group dueños de Pegasus pero que se investigará  y agregó “(…) independientemente de que se llevaba a cabo esta labor de espionaje, imaginemos cuánto costaba, cuánto dinero se destinaba al espionaje (…) Esto ya no se hace, no se espía a nadie, ya desapareció el llamado Cisen (…)”.

¡Vaya!, la persona mejor informada del país, no sabe si su gobierno tiene ese ‘software’ espía; tal vez le sea útil el reportaje de investigación del 13 de abril de este año, del diario español El País, en que informa que de acuerdo con R3D y Reporte Índigo, la Fiscalía General de la República (FGR), al mando de don Gertz Manero, desde diciembre de 2018 firmó con la compañía Neolinx de México, al menos cuatro contratos por 5.6 millones de dólares -112 millones de pesos-, con cargo a la partida 33701 denominada “gastos de seguridad pública y nacional”, para adquirir programas de espionaje de teléfonos celulares y equipos de cómputo, con capacidad para 255 mil búsquedas, aunque solo contó con 101 autorizaciones judiciales (¿para qué quieren tener esa capacidad de espionaje si los jueces les autorizan a cuentagotas los casos, para qué?… para espiar con y sin autorización, faltaba más). Y no es chisme ni calumnia, que los contratos aparecen en las revisiones de la Auditoría Superior de la Federación.

Lo anterior respecto de la revisión que va a mandar hacer el Presidente. Ahora, sobre eso de que ya desapareció el Cisen dependiente de la Secretaría de Gobernación, es cierto, le cambiaron el nombre, ahora se llama Centro Nacional de Inteligencia (CNI) adscrito a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con las mismas facultades, estructura y personal del Cisen… ¡listo!, ya no hay Cisen.

Las facultades del CNI están sustentadas en el artículo 19 de la Ley de Seguridad Nacional, la primera es “operar tareas de inteligencia”, la segunda, “procesar la información”, pero como ya “no se espía a nadie”, según el Presidente, se queda uno pensando que entonces en el Centro Nacional de Inteligencia han de jugar ajedrez de memoria (“operar tareas de inteligencia”), y recortan periódicos y los pegan en álbumes para “procesar información”.

La vida privada es un derecho humano reconocido en nuestras leyes (el artículo 177 del Código Penal Federal, sanciona con seis a doce años de prisión a quien intervenga comunicaciones privadas sin mandato de autoridad judicial competente), y en tratados internacionales que tenemos firmados, como la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 12), la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 11), y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 17). 

La Suprema Corte lo ha dejado muy claro (jurisprudencia 115/2012 emitida por la Primera Sala): “todas las formas existentes de comunicación y las que son fruto de la evolución tecnológica deben protegerse por el derecho fundamental a su inviolabilidad”, pero también ha definido que no es un derecho absoluto (como la vida), y que puede restringirse mediante “autorización exclusiva de la autoridad judicial federal”. 

Así y todo, para ningún Jefe de Estado es dilema espiar o no espiar: hay que espiar. Se oye terrible pero la seguridad de la ciudadanía o su defensa de enemigos del exterior, no puede ponerse en riesgo por andarse con pudores de novicia del Verbo Encarnado.

Quiero ver quien reprueba que el Ministerio Público intervenga los celulares de sospechosos de un secuestro para ubicar a la víctima y rescatarla. Quiero ver a los familiares del secuestrado aceptando esperar a que un Juez buenamente otorgue la autorización de intervenir esos teléfonos. Y la solución formalista, que haya jueces dedicados a otorgar las 24 horas del día, todas las solicitudes de intervención que les soliciten, es lo mismo. 

Ojalá NO sea cierto que ya no se espía a nadie, porque la delincuencia organizada sí espía. Ojalá fuera cierto que ya no se espía a políticos, periodistas, empresarios y líderes sociales, porque en México se espía, siempre se ha espiado y el Presidente dice que ya no, con la tranquilidad de que los investigados son los que investigarán.

Así discurre el sexenio, de mentira en mentira y el Presidente confía en que el pueblo bueno sabe que la vida es una mentira… y qué más da.