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10 de marzo del 2021.- La senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Sylvana Beltrones Sánchez, hija única del que fuera hasta 2016 presidente de la formación tricolor y una de las figuras más influyentes de la política mexicana, Manlio Fabio Beltrones, depositó en la Banca Privada d’Andorra (BPA) 10,4 millones de dólares entre 2009 y 2010, según una investigación de EL PAÍS. El ingreso se registró cuando Beltrones Sánchez tenía 26 años, no ocupaba ningún cargo público y su padre era el poderoso coordinador de los priistas en el Senado.
La Fiscalía General de México investiga a Manlio Fabio Beltrones; a su hija; y a su esposa, Sylvia Sánchez, por presuntas irregularidades relacionadas con cuentas ocultas de estas dos últimas en un banco de Andorra. Luis Alejandro Capdevielle, abogado, editor y diputado federal suplente en 2012 de Beltrones padre, también es objeto de las pesquisas del ministerio público.
La senadora Beltrones, hoy de 38 años y representante priista por Sonora, estuvo vinculada a dos cuentas en la citada entidad de Andorra, un país blindado hasta 2017 por el secreto bancario. Junto a ella, su madre abrió entre 2008 y 2009 en la BPA otras dos cuentas -una a su nombre y otra con el máximo nivel de privacidad, numerada- que no llegaron a tener movimientos. La progenitora de la parlamentaria declaró a la BPA que su intención era depositar en esta institución financiera 2,8 millones de dólares de la supuesta venta de dos apartamentos en Miami.
El expresidente del PRI resta importancia a las pesquisas. “Tengo más de 40 años de privilegio de servir públicamente. Cuando uno está en política es inevitable que le investiguen. He pasado por varias investigaciones. Sin problema. He salido de ellas con la frente en alto. No me preocupa. Cada vez que un Gobierno inicia un combate político, hay una investigación. No será la primera vez ni la última que se investiga a un político”, indica por teléfono Manlio Fabio Beltrones.
El exdirigente tricolor señala que no ha sido notificado de esta investigación de la fiscalía, cuyas indagaciones son secretas. “Son hechos ya investigados y archivados anteriormente y concluirán igual”, pronostica Manlio Fabio Beltrones.
La jueza andorrana Canòlich Mingorance imputó en julio de 2015 a la senadora, a su madre y al expresidente del PRI por un presunto delito de blanqueo de capitales en el marco de una causa conocida como Operación Sonora, en referencia al Estado mexicano del que fue gobernador Manlio Fabio Beltrones entre 1991 y 1997 y del que su hija es representante en la Cámara Alta. La magistrada embargó las cuentas de la senadora y de su madre. Pese a la gravedad de los hechos, el caso permaneció oculto a la opinión pública.
La investigación en Andorra se archivó provisionalmente el 18 de octubre de 2018 después de que la fiscalía mexicana, entonces conocida como Procuraduría General de la República (PGR), elaborara un informe de no ejercicio de la acción penal (neap) sobre los investigados. El documento sostenía que el delito fiscal de Sylvana Beltrones y Capdevielle había prescrito.
Durante el mandato del expresidente priista Enrique Peña Nieto (2012-2018), la fiscalía utilizó la estrategia de la neap para lograr el sobreseimiento provisional de varias causas abiertas en Andorra contra personalidades cercanas al PRI, como el abogado de Peña Nieto, Juan Ramón Collado, que movió 120 millones de dólares en el Principado. La treta consistió en abrir una investigación en México que validaba el origen del dinero para después remitir un informe a la justicia de Andorra y obligar a sus jueces a archivar la investigación. El Código Penal andorrano no contempla condenar por blanqueo de capitales si no existe un delito precedente.
Tras el archivo de este caso en Andorra, la fiscalía mexicana, ya bajo el mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, abrió una investigación por presuntas irregularidades contra los tres miembros de la familia Beltrones y Luis Alejandro Capdevielle, abogado, editor y diputado federal suplente en 2012 de Manlio Fabio Beltrones, según confirman fuentes de la fiscalía y reconoce el editor a este periódico.
“La nueva investigación consiste en determinar una vez más la licitud de los recursos depositados en Andorra. Y nos investigan a las mismas personas, a la familia Beltrones y a mí, por los mismos hechos. Se están violando derechos fundamentales. Este es un caso juzgado y resuelto. Todo quedó ya aclarado “, indica Capdevielle.
Una de las primeras diligencias de la fiscalía mexicana fue solicitar a la jueza de Andorra las cuentas de Sylvana Beltrones, de su madre y de Capdevielle mediante el envío de una comisión rogatoria [procedimiento de colaboración judicial entre países]. En un intento de impedirlo, Capdevielle presentó una petición de amparo ante una juez mexicana que aceptó parcialmente su solicitud alegando que los hechos ya habían sido juzgados y archivados. La magistrada dictó entonces suspensión de la petición de información a Andorra, pero determinó que la investigación de la fiscalía podía continuar. En los próximos meses celebrará una audiencia en la que deberá pronunciarse sobre la legalidad de las pesquisas del ministerio público.
La documentación a la que ha tenido acceso este periódico revela que la senadora Beltrones ingresó entre 2009 y 2010 un total de 10,4 millones en Andorra, un país blindado entonces por el secreto bancario. Y que figuró como titular de una cuenta personal en la BPA entre 2009 y 2011. También, que se vinculó a otra cuenta como apoderada hasta 2015 en la que el titular era Capdevielle, que permaneció imputado en la causa judicial de Andorra hasta su archivo en 2018.
Capdevielle traspasó el 30 de diciembre de 2009 a la cuenta de la BPA de la senadora nueve millones de dólares. El dinero llegó una semana después de que el editor cobrara en el banco andorrano 10 millones de dólares de Videoserpel LTD, una firma de Zug (Suiza) que gestionaba los derechos de programas y marcas cedidos por Grupo Televisa. Videoserpel LTD, hoy inactiva, se fusionó con Mexvisa LTD, filial helvética del mismo conglomerado televisivo mexicano creada en 2001.
Capdevielle, que presidió entre 2003 y 2007 la Asociación de Editores de Periódicos, Diarios y Revistas de la República Mexicana (AEDIRMEX), sostiene que el dinero procedía de la venta a Televisa por 10 millones de dólares de la marca de la publicación Aviso de ocasión, una sección de clasificados donde se vendían coches y propiedades.
El letrado de Mexvisa, sociedad helvética de Televisa, defendió ante la jueza que la compra por 10 millones de dólares de Aviso de ocasión fue real. “Fue adquirida al legítimo titular con la inscripción de la compraventa en el registro público”, expresó. Jordi Segura Cobo, abogado en Andorra de dos ejecutivos del Grupo Televisa que permanecieron investigados en la causa hasta su archivo, en 2018, ha declinado responder las preguntas de este periódico.
En su momento, la jueza andorrana del caso situó el pago de la filial de Grupo Televisa a Capdevielle como una supuesta comisión a Manlio Fabio Beltrones en compensación por la denominada Ley Televisa, una norma aprobada por unanimidad en 2006 (tres años antes de los pagos) y que introdujo importantes modificaciones a la Ley Federal de Radio Televisión y a Ley Federal de Telecomunicaciones. Un portavoz de la citada compañía rechaza que la reforma de la ley de televisión de 2006 “supusiese ningún beneficio a favor de Televisa ni de ninguna otra empresa de radiodifusión”.
La senadora Sylvana Beltrones también lo niega y afirma a este periódico que abrió su cuenta en la BPA en 2009 para cobrar un dinero que le debía el editor tras la disolución de la tienda de artículos del hogar Habica que gestionó con él en Ciudad de México. Y añade que ingresó en 2009 en el país pirenaico nueve millones de dólares porque Capdevielle le “pidió” que custodiara sus fondos al estar inmerso en una demanda de divorcio. La parlamentaria rechaza que sus millonarias cuentas andorranas tengan que ver con supuestas gestiones de su padre.
Manlio Fabio Beltrones rechaza también que el pago de Televisa a Capdevielle tuviera que ver con el cambio de la ley. “Es ridículo y falso que se pueda haber hecho. No teníamos mayoría en el Congreso. Además, he tenido momentos de fricción con las televisiones cuando reformamos la ley electoral y les quitamos el derecho de vender publicidad a los partidos. Aquella fue una reforma de gran calado que nos costó muy cara”, añade el exdirigente priista.
Con información de El País
