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Morelia, Mich., 06 de febrero del 2021.- En México resulta urgente la reconstrucción del mercado interno, y su articulación productiva con el sector externo, a través de una política antimonopolista que combata la especulación de los precios, la corrupción y el tráfico de influencias, recalcó el diputado Antonio Soto Sánchez, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado.
El diputado apuntó que, frente al desastre de la política económica de la actual administración federal, se debe redefinir el camino entendiendo la necesidad de la pluralidad de la propiedad con acciones políticas, legales y económicas del Estado para estimular el crecimiento y multiplicación de todos los tipos de organización productiva.
“Es fundamental movilizar productivamente el máximo de recursos humanos, naturales y económicos, e impulsar el desarrollo social y económico sustentado en el crecimiento de la economía nacional, socialmente incluyente y ambientalmente sustentable”.
Antonio Soto Sánchez refirió que, en el discurso, la llamada Cuarta Transformación ha dicho que superará el neoliberalismo, pero en la práctica mantiene la política neoliberal de la disciplina fiscal, el control del déficit público y los recortes presupuestales.
“Lo que nuestro país precisa en estos momentos es una economía democrática, en donde se impulse la competencia en todos los niveles de la economía a través de una decidida política antimonopolista que combata la especulación de los precios, la corrupción y el tráfico de influencias”.
Subrayó que aunque en el discurso del Gobierno Federal se afirma que se ha separado el poder político del poder económico, persisten acciones favorables a los grandes consorcios, ejemplo de ello es la conformación del consejo de asesores económicos de la presidencia de la República, la práctica persistente de otorgar contratos para obras y compras estatales por asignación y sin licitación, y la resistencia del gobierno de la Cuarta Transformación para impulsar una reforma fiscal progresiva que fortalezca las finanzas públicas y el papel del Estado como promotor del desarrollo y garante del bienestar e igualdad sociales.
