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Por Gerardo Espinosa.- 
El Ahuizote charló con Guillermo Zepeda Lecuona, especialista en el seguimiento a la implementación de la reforma, como parte de las acciones de vinculación y socialización del Consejo para el nuevo sistema de justicia penal
Zepeda Lecuona es autor del Informe General sobre el Seguimiento de los Procesos de Implementación de la Reforma Penal en México, y habló sobre los resultados de dicho estudio.
El informe referido ha sido impulsado por la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la implementación del Nuevo sistema de justicia penal (Setec), el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA) y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), con el objeto de conocer y analizar los resultados y desafíos de la experiencia de implementación del sistema acusatorio adversarial en México.
Este documento presenta un análisis comparado de los cinco informes estatales sobre el seguimiento de la reforma penal, realizados en los cinco estados mexicanos que comenzaron a aplicar el Nuevo sistema de justicia penal: Chihuahua, Oaxaca, Morelos, Zacatecas y Estado de México.
El objetivo de esta actividad fue acercar a los periodistas los principales hallazgos del estudio, como resultados positivos, mejoras prácticas documentadas y áreas de oportunidad detectadas, que pueden resultar de su interés para la labor comunicativa que realizan ante la próxima entrada en vigor del Nuevo sistema de justicia penal en nuestro Estado.
“A partir de la reforma de 2008, me ha interesado mucho ver si está funcionando la reforma, si se están cosechando los frutos que se esperan de ella y si se están pudiendo atender los desafíos de la seguridad ciudadana”, inició el investigador.
Entre la estadística que Zepeda Lecuona compartió tanto con Ahuizote como con personal de la Secretaría ejecutiva del órgano implementador en reunión posterior, destacan ciertos aspectos particulares. “Michoacán tiene un gran potencial para la justicia alternativa. El 80% de los casos que llegan a condena son por delitos menores y se les sanciona con menos de un año de prisión, mientras que podrían conmutarse por multa sin poner en riesgo los indicadores de reincidencia y violencia”. El uso de los mecanismos alternativos de solución de controversias, continuó, contribuirá en gran medida tanto a la despresurización del sistema penitenciario (entre un 20 y un 40%, según los estados analizados), como a la reconstrucción del tejido social; es decir, la cimentación de una sociedad más armónica y pacífica.
Aclaró que los delitos susceptibles de resolverse mediante la justicia alternativa son aquellos considerados no violentos, que en su mayoría son propios de la convivencia diaria entre vecinos, familiares y compañeros de trabajo, así como por daño en las cosas derivado de accidentes de tránsito. Ante la duda de si este tipo de soluciones fomenta la impunidad y la reincidencia, Guillermo Zepeda Lecuona advirtió que es necesario dejar de “sobrecriminalizar” delitos menores, pues a ellos se destina el 60% de recursos del sistema de justicia penal. La reincidencia delictuosa de personas cuyos hechos han sido tratados mediante mecanismos de justicia alternativa es únicamente del 1.8% en los estados donde ya se aplican, mientras que la media nacional en los estados con sistema tradicional supera el 40%. Por otro lado, en Oaxaca el índice de efectividad de los acuerdos reparatorios es de 89% mientras que en Zacatecas es de 86%.
Al aumentar el índice de denuncia –no por incrementarse el índice delictivo, sino la confianza de la ciudadanía en sus instituciones–, la probabilidad de captura es también mayor, aumentándose asimismo la probabilidad de esclarecimiento de la causa. Se ha detectado, en los estados con mejores prácticas al respecto, que esta última cifra llega a quintuplicarse.
¿Qué sí está funcionando? La inmediación total (el juez se encuentra presente en todas las audiencias), una reducción significativa del uso de la prisión preventiva (lo que permite al sistema de justicia ocuparse de los casos que más agravian a la sociedad), mayor capacidad de respuesta de las procuradurías (actualmente sólo se resuelven un 20% de los casos atendidos, mientras que los estados que cuentan con el Nuevo sistema de justicia penal alcanzan un 45% de efectividad), mejor defensa y mejor situación de las víctimas.
Otros resultados positivos de la implementación del Nuevo sistema de justicia penal son: menor duración de los procesos penales (en los estados sin reforma los litigios alcanzan 180 días de duración, mientras que la duración en el Nuevo sistema de 90% de los casos que se resuelven duran 40 días, y los que se van a juicio oral llegan a 100 días en promedio), y menos casos llegan a sentencia penal (la mayoría de los casos, que son delitos menores, se resuelven mediante mecanismos alternos al juicio; esto permite que los casos de delitos graves puedan atenderse más detalladamente).
Por otro lado, ¿cuáles son las áreas de oportunidad? De acuerdo al estudio realizado por Zepeda Lecuona, se detectaron las siguientes: mejorar la capacidad de investigación, mejorar la capacidad de respuesta de las procuradurías y de la justicia alternativa, fortalecer el servicio civil de carrera, supervisar y garantizar el cumplimiento de los acuerdos reparatorios, las reformas legales y prácticas que afectan la esencia del Nuevo sistema, el juicio de amparo, la formación de la policía preventiva, la homologación de las categorías de reporte, entre otros.
“La buena noticia es que están habiendo resultados positivos y éstos compensan los desafíos, y es muy bueno que los estados que están entrando al Nuevo sistema aprendan de las lecciones de otras entidades, a través de sus mejores prácticas y también de sus áreas de oportunidad”, concluyó. Se trata, pues, de un cambio de paradigma que implica una profunda transformación y trabajo en todos los ejes –capacitación, infraestructura, tecnologías de la información, normatividad y difusión.
Dentro de las actividades que Zepeda Lecuona realiza en nuestro estado actualmente, se encuentran los diagnósticos generales y proyección de necesidades tanto de la Secretaría de Seguridad Pública como de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán, para la implementación de la reforma penal en la primera región.
Guillermo Zepeda Lecuona es consultor especializado en planeación y seguimiento de la reforma penal. Se ha enfocado en temas de Estado de Derecho, Derechos de Propiedad y Sistema de justicia en México. Obtuvo en 1999 el Premio Nacional de Derecho y Economía. Ha publicado tres libros, así como diversos artículos y ensayos sobre Desarrollo institucional, justicia y reforma judicial en revistas especializadas. Es colaborador del periódico El Economista y de la revista Nexos. Asimismo, es coordinador de estudios del Programa de apoyo en seguridad y justicia para México de USAID.
