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CDMX, 25 de diciembre del 2020.- A más tardar el 30 de diciembre, los partidos de México deberán informar al INE en qué siete estados de los 15 en disputa, presentarán mujeres como candidatas.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) vinculó a los partidos políticos nacionales para que, en la postulación de sus candidaturas a las 15 gubernaturas del proceso electoral en curso, hagan efectivo el principio de paridad.
De acuerdo con el engrose a la sentencia que el máximo tribunal electoral del país emitió el pasado 14 de diciembre, las fuerzas políticas nacionales deberán informar al Instituto Nacional Electoral (INE) a más tardar el próximo día 30 las entidades federativas donde presentarán a siete mujeres a candidatas a gubernaturas y las ocho en que postularán a hombres.
El próximo año se disputarán las gubernaturas de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas.
“La vinculación para que los partidos políticos nacionales postulen candidaturas a la gubernatura de forma paritaria en el proceso electoral 2020-2021 tiene sustento constitucional, convencional y legal’’, cita el documento.
Las y los magistrados concluyeron: “Se acumulan los medios de impugnación precisados en la sentencia: se revoca el acuerdo impugnado y se vincula al Congreso de la Unión, así como a los congresos locales, a regular la paridad en gubernaturas antes del inicio del próximo proceso electoral que siga de manera inmediata al proceso 2020-2021.
Además de que vincularon a los partidos políticos a que en la postulación de sus candidaturas a las gubernaturas del proceso electoral del próximo 6 de junio hagan efectivo el principio de paridad.
El fallo refiere que, dado que el INE no ejerció facultad de atracción y no tiene competencia, sus lineamientos, mismos que fueron impugnados por el Senado de la República y el Partido Acción Nacional (PAN), no pueden servir de base para vincular a los partidos políticos nacionales, y que la vinculación «deriva de manera directa de un control de constitucionalidad y convencionalidad respecto de los deberes» de las entidades de interés público que son los partidos.
Con información de El Economista
