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10 Diciembre 2020 Derechos humanos
En medio de la pandemia de COVID-19, la Organización Internacional para las Migraciones y la Agencia de la ONU para los Refugiados, junto a más de 150 agencias y ONGs, solicitan 1440 millones de dólares para asistir a muchos de los 5,4 millones de venezolanos que han salido de su país y ahora viven en 17 países de la región.
“Con la pandemia, nos quedamos sin empleo y pasamos muchas necesidades. Vivíamos muy mal. La cuarentena nos agarró muy fuerte”, cuenta una mujer venezolana que llegó hace un año a Colombia.
Gracias a una de las organizaciones que trabajan con la ONU ha logrado salir de la pensión donde se encontraban. “Hace dos meses estamos en un apartamentico mejor y nos ayudaron a salir del pagadiario donde estábamos”.
La situación difícil de esta madre venezolana es la misma que han tenido que enfrentar millones de sus compatriotas refugiados y migrantes en América Latina, a quienes el COVID-19 les ha hecho el camino aún más difícil cuando ya luchaban contra otros obstáculos
“Se dice a menudo que el coronavirus no discrimina, pero la realidad es que la pandemia si discrimina. Las poblaciones de escasos recursos y minorías étnicas han sido afectadas de manera desproporcionada. A nivel mundial, América Latina y el Caribe con menos del 10% de la población del planeta, representa un tercio de todas las muertes relacionadas con Covid-19”, afirmó el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi, durante el lanzamiento del Plan Regional de Respuesta para Refugiados y Migrantes Venezolanos 2021.
Grandi explicó que para los 4,6 millones de refugiados y migrantes venezolanos que ya de por sí se encuentran entre los más vulnerables, la pandemia constituye una amenaza adicional.
“El Plan Regional de Respuesta para Refugiados y Migrantes de Venezuela 2021 que estamos presentando hoy responde a la necesidad de estas personas y comunidades, que incluye salud física y el bienestar psicológico que han sido impactados directamente por el COVID-19, pero también el aspecto humanitario de ayuda y la integración social”, dijo.
El Plan Regional, lanzado por la Organización Internacional de las Migraciones y la Agencia de la ONU para los Refugiados requiere de 1440 millones de dólares para apoyar a los venezolanos vulnerables y responder a sus crecientes necesidades en 17 países de América Latina y el Caribe.
OPS/Karen GonzálezDesde el principio de la pandemia de COVID-19, los migrantes y refugiados venezolanos afrontan muchos desafíos, entre ellos la educación de sus hijos.
El reto
La aparición del coronavirus también ha puesto a prueba las capacidades nacionales y locales en toda la región. Muchas comunidades de acogida enfrentan ahora un sinnúmero de nuevos desafíos que empeoran sus ya precarias condiciones.
Los confinamientos, la pérdida de medios de vida y el empobrecimiento están obligando a muchas personas a depender cada vez más de la asistencia humanitaria de emergencia para sus necesidades de salud, alojamiento, alimentación, protección y educación. El impacto de la pandemia también está provocando un drástico aumento de la violencia de género y las necesidades de salud mental, la inseguridad alimentaria, la desnutrición e incidentes de estigmatización.
Además, las crecientes tasas de desalojos también están dejando a muchas personas sin hogar y dependientes del alojamiento temporal proporcionado por las organizaciones humanitarias.
Para las personas refugiadas y migrantes de Venezuela que viven en situaciones de irregularidad, la lucha por acceder a los derechos básicos es aún más aguda.
“Las restricciones de movilidad y las prolongadas pero necesarias medidas de confinamiento han tenido un impacto negativo en la capacidad de las personas refugiadas y migrantes para mantener sus medios de vida y el acceso a bienes y servicios básicos. Muchas personas han perdido sus medios de vida y al mismo tiempo no están incluidas sistemáticamente en los planes de asistencia social que se han establecido para las poblaciones locales”, aseguró Eduardo Stein, representante especial conjunto de ACNUR y OIM para los Refugiados y Migrantes de Venezuela.
OPS /Karen González AbrilUna familia de migrantes venezolanos en la Guajira, Colombia, durante la pandemia de COVID-19.
Incluyendo a los migrantes
La terrible situación ha llevado a algunas personas a considerar regresar a Venezuela, a menudo en condiciones inseguras, lo que genera riesgos adicionales de protección y salud. Al mismo tiempo, la cantidad de personas venezolanas que continúan saliendo de su país también ha aumentado en las últimas semanas a medida que se relajan las medidas de confinamiento y las condiciones continúan deteriorándose.
Mientras las fronteras permanecen cerradas, estos movimientos tienen lugar principalmente a través de cruces fronterizos irregulares, lo que expone a las personas refugiadas y migrantes a peligros y grandes riesgos de abuso físico y sexual, discriminación, así como a explotación y trata.
A pesar de los desafíos, ha habido ejemplos alentadores en toda la región de países de acogida que trabajan para garantizar la inclusión de las personas refugiadas y migrantes en las respuestas nacionales a la pandemia, al igual que a sus ciudadanos, aseguran las agencias de la ONU
Las personas refugiadas y migrantes también están apoyando estas respuestas, y algunas se desempeñan en primera línea como trabajadores de la salud o difunden información dentro de sus comunidades.
“El plan de respuesta presentado requiere del compromiso continuo y creciente de la comunidad internacional y del sector privado para responder a esta crisis. Las personas refugiadas y migrantes de Venezuela y sus comunidades de acogida requieren más que nunca de nuestro apoyo colectivo; tanto por la urgente asistencia humanitaria para salvar vidas, como también para acompañar el desarrollo que permita apoyar a las comunidades locales y lograr soluciones sostenibles”, agregó Stein.
© UNHCR/William WroblewskiUna escuela móvil visita un campamento de migrantes y refugiados venezolanos en La Paz, Bolivia.
El objetivo
El Plan busca fortalecer aún más las respuestas nacionales y regionales de los gobiernos de acogida mediante el apoyo a las intervenciones de salud, alojamiento, alimentación, agua, saneamiento e higiene, así como el acceso a la educación, la protección y la integración donde sse requiere asistencia y experiencia específicas, o donde las propias capacidades de respuesta de los gobiernos se ven desbordadas.
La iniciativa reúne a 158 organizaciones involucradas en la respuesta, incluidas agencias de las Naciones Unidas, organizaciones no gubernamentales internacionales y nacionales, la sociedad civil, organizaciones religiosas y el Movimiento de la Cruz Roja.
