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• El alcalde, Margarito Fierros, encabezó la protesta con una toma a diversas instalaciones.
Morelia, Mich., 07 de octubre de 2020.- Con una toma a las instalaciones de la Secretaría de Desarrollo Rural y de la de Desarrollo Social y Humano, el presidente municipal de Epitacio Huerta, Margarito Fierros Tano, protestó por la retención de diversos fondos y la falta de pago de compromisos económicos que el gobierno estatal tiene con el ayuntamiento y con beneficiarios de diversos programas. «Tan sólo de la zafra 2018 – 2019 el gobierno estatal debe a 310 productores del municipio más de dos millones de pesos por concepto del seguro agropecuario. Sabemos que estos recursos ya fueron depositados por la federación, sin embargo, no se han girado a los beneficiarios», señaló el alcalde.
Fierros Tano también dijo que al ayuntamiento le deben 4.5 millones de pesos de 2019 y 5 millones de pesos de 2020 por concepto del fondo de aportaciones estatales para la infraestructura de los servicios públicos municipales. «Estos recursos también están siendo retenidos de manera ilegal e inexplicable. Quisiéramos pensar que están generando intereses en alguna cuenta, porque no nos imaginamos que hayan ido a parar a la licuadora. En cualquier caso es grave que se ponga en riesgo el funcionamiento de los municipios por está retención de recursos», remarcó.
«Tenemos también el caso de 13 viviendas que fueron comprometidas por el gobierno estatal en el programa de apoyo a la vivienda para mujeres jefas de familia 2016 y que no fueron concluidas. Sin embargo, el municipio aportó su parte y ahora estamos reclamando la reposición del recurso equivalente a 166 mil pesos. Todas estas irregularidades deben ser reconocidas y reparadas por el gobierno estatal», señaló el presidente municipal.
Finalmente, Fierros Tano dijo que hay muchos ayuntamientos que tienen quejas sobre recursos que están siendo retenidos por la Secretaría de Finanzas del Estado. «A esto sumen las protestas de incumplimiento de pagos a proveedores y de nómina. Sin embargo, ni los ayuntamientos, ni los trabajadores o las empresas tenemos porqué pagar las consecuencias de este tipo de desórdenes administrativos», concluyó.
