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Columna Política «La Opción», Por Jorge Vilchez (02-X-2020).- El Congreso del Estado no podrá omitir nuevamente instaurar un juicio político en contra de los integrantes del Ayuntamiento de Zinapécuaro.
El Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito calificó de ilegal el dictamen que aprobaron los diputados el 19 de febrero pasado, mediante el cual se desechaba la demanda de juicio político interpuesto por un ciudadano en contra de dichos funcionarios que encabeza el edil Alejandro Correa Gómez.
“La resolución del 19 de febrero del 2020, en la que el Congreso del Estado declaró improcedente la denuncia de Juicio Político, presentada en contra del Presidente Municipal del Ayuntamiento de Zinapécuaro, del Síndico y de sus regidoras y regidores, no se encuentra apegada a la Ley y el juicio político debe seguir”, resolvió la justicia federal y le da un duro revés a la LXXIV Legislatura local.
Sin duda, el de Zinapécuaro es un viejo caso impregnado de desacatos y omisiones de la autoridad municipal en turno.
Habrá que recordar que el 5 de diciembre del 2019, la empresa Amareti Construcciones presentó una demanda de juicio político en contra del pleno del Cabildo del Ayuntamiento de Zinapécuaro, que es presidido por el edil Alejandro Correa Gómez, por desacatar la sentencia dictada el 28 de junio del 2017 por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, que le obligaba a pagar diversas cantidades por concepto de obra pública.
El Ayuntamiento de Zinapécuaro está obligado a pagar alrededor de 10 millones de pesos por concepto de una obra pública que realizó la citada empresa en el año del 2011, tal y como han dictaminado tanto el Tribunal de Justicia Administrativa como un Tribunal judicial federal.
La demanda de juicio político desechada pero que ahora tendrá que ser Congreso del Estado es en contra del presidente municipal Alejandro Correa Gómez, de la síndico municipal Maribel Canizal Hernández y los 10 regidores del Ayuntamiento de Zinapécuaro. El edil Correa Gómez es emanado de la alianza PRD-PAN-MC en el 2018.
El abogado defensor de la empresa constructora Amareti, Valente Alvarez Reyes, dijo que si bien es cierto que la Constitución Política del Estado le otorga a la Legislatura la facultad de resolver de manera soberana y discrecional sobre la responsabilidad política de los servidores públicos sujetos a juicio político y, por ende, sobre su remoción o suspensión; sin embargo, el ejercicio de esa facultad no se manifiesta cuando decide no dar trámite a la denuncia de juicio político, como sucedió en la sesión del Congreso del Estado en febrero pasado.
“Sigue vigente la posibilidad de que a dichos servidores públicos se les finque responsabilidad política por la realización u omisión de sus actos que han producido un perjuicio a la citada empresa y han actuado en detrimento de los intereses públicos fundamentales”, advirtió el representante legal Valente Alvarez Reyes.
Hoy, el Congreso del Estado no puede omitir esa realidad.
Tendrá que instaurar el juicio político al pleno del Ayuntamiento de Zinapécuaro, tal y como se demandó y le está obligando la justicia federal.
Al tiempo.
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