Ahuizote Agencia de Información Ahuizote.com
CDMX, 27 de septiembre del 2020.- El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas Rodríguez, aseguró ayer sábado que los 43 estudiantes de la normal Isidro Burgos de Ayotzinapa, desparecidos el 26 de septiembre de 2014, no estuvieron nunca juntos, como lo señaló la llamada “verdad histórica” de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) del gobierno de Enrique Peña Nieto.
Durante la presentación del informe de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa, en Palacio Nacional, señaló que estos hallazgos demuestran que “la verdad histórica ha colapsado”.
Se refirió a la identificación de los restos de Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, en julio pasado, por la unidad creada para este caso en la Fiscalía General de la República (FGR), con la colaboración de la Universidad de Innsbruck. Estos restos fueron localizados en la barranca de ‘La Carnicería’ en el ejido de Cocula, a 800 metros del basurero municipal.
“Esta identificación genética, marcó un importante precedente dentro de la nueva investigación, al cuestionar las circunstancias de modo, tiempo y lugar sobre los que se fundó la llamada ‘verdad histórica’, que señaló al basurero de Cocula como destino final de los 43 normalistas”, puntualizó.
Encinas informó que las autoridades se reunieron con decenas de informantes, mismos que aportaron datos importantes a las investigaciones para lograr la localización de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala, Guerrero en 2014.
El funcionario aseguró que la Comisión ha dado distintos pasos bajo la premisa de que “la única verdad es que no hay verdad”. Por esa razón se han reincorporado las opiniones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que fueron excluidas deliberadamente por el gobierno anterior.
Dijo que hasta el momento hay 80 personas detenidas por estos hechos. Criticó las resoluciones judiciales que han permitido la liberación de varios detenidos y que constituyen “una burla para los padres de familia y para la justicia en México”, una muestra de la corrupción judicial que subsiste en el sistema de justicia del país.
Se desarrollaron 30 acciones de búsqueda en campo, bajo indicaciones de informantes, testigos, sobrevivientes, denuncias anónimas y otras fuentes. La Unidad Especial de la Fiscalía General de la República exploró 217 puntos de interés en 6 municipios de Guerrero durante 171 jornadas de trabajo.
De estas acciones, 25 obtuvieron resultados negativos y en otras cinco se obtuvieron hallazgos. En El Amate, municipio de Cocula, se exhumaron 6 cuerpos. En la Barranca del Tigre, en Iguala, se localizaron fosas con 21 cuerpos, de los cuales se identificó a 6 personas “distintas de los estudiantes desaparecidos”.
Aclaró que “en la medida que avanzamos, enfrentamos las resistencias del viejo régimen, así como la contraofensiva de los voceros de la verdad histórica, quienes pretenden frenar los resultados, filtrar información, confundir y desacreditar la investigación, lo que anticipo no nos amedrenta ni nos va a detener”.
En torno a la narrativa del gobierno de Peña Nieto y su entonces procurador, Jesús Murillo Karam, comentó que su “verdad histórica se construyó en beneficio de los perpetradores”, por lo que el compromiso del gobierno actual es que la justicia alcance a todos los involucrados. Aseguró que “no habrá impunidad”, que el gobierno no generará “falsas expectativas y no construiremos otra verdad histórica. Aquí no estamos cansados y no descansaremos”.
34 nuevos detenidos y liberaciones injustificadas
Encinas informó que de marzo a la fecha se ha detenido a 34 nuevos involucrados en la desaparición de los 43 normalistas, con lo que suman 80 arrestos. Las detenciones incluyen a integrantes de grupos delictivos, policías y agentes del Ministerio Público.
“De marzo a la fecha se han librado 70 órdenes de aprehensión de las 83 solicitadas por delincuencia organizada, desaparición forzada y tortura, y se ha detenido a 34 personas”, dijo.
Encinas destacó las órdenes de aprehensión contra Tomás Zerón, ex jefe de la Agencia de Investigación Criminal y las detenciones de Carlos Gómez Arrieta, ex jefe de la Policía Federal ministerial y de Alicia Bernal, ex Ministerio Público encargada de legalizar la llamada verdad histórica.
El subsecretario lamentó la actuación de jueces que han liberado a presuntos perpetuadores de la desaparición de los estudiantes.
“Es el caso del juez Primero de Distrito de Procesos penales en Tamaulipas, Samuel Ventura Ramos, quien ha dictado la libertad absoluta e inmediata de 77 personas detenidas por su participación en la desaparición forzada de los 43 estudiantes y a quienes se les había imputado en la comisión de diversos delitos argumentando que fueron objeto de tortura”, alertó.
Indicó que dicho juez no observó la jurisprudencia del 21 de julio del 2019 que determina que la información obtenida por tortura obliga a reponer el procedimiento, no a dejar a los implicados en libertad.
“El Juez noveno de distrito, Gabriel Domínguez Barrios, en Iguala, quien por el pago de una multa de 10 mil pesos dejó en libertad a Marco Antonio “R”, que había sido recapturado tras su deportación de los Estados Unidos, o el de secretario de acuerdos del juzgado Segundo de distrito penal en el Estado de México, Marco Aurelio González, quien recibió un soborno con el que pretendía otorgar la libertad Ángel “C”, quien se encontraba prófugo desde 2015, afortunadamente esto no sucedió”.
Encinas aseguró que dichas resoluciones son una afrenta a las víctimas.
Militares del 27 batallón rendirán declaración ministerial
El funcionario informó que la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena) entregó la información de los batallones 27 y 35, establecidos en Iguala. Se trata de informes relacionados con el personal castrense, antecedentes militares, bitácoras, informes de comunicaciones, estructura del batallón y bases de operación, fotografías, vídeos y órdenes de operación. Esta información fue remitida a la Fiscalía General de la República.
Al mismo tiempo, la Sedena puso a disposición de la Comisión y del Ministerio Público a todos los elementos del 27 Batallón de Infantería de Iguala, quienes presentarán las declaraciones ministeriales necesarias “que contribuyan con la investigación, iniciando en su caso los procesos penales correspondientes”.
Igualmente, tras la reunión de la Comisión Presidencial con el secretario de la Defensa Nacional y su Estado Mayor, el 24 de julio de 2019, los padres y madres integrantes de la Comisión inspeccionaron las instalaciones del 27 Batallón de Infantería.
Con información de Aristegui Noticias
