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JORGE A. ROMERO/ Especial
*El abogado advirtió que los exmandatarios podrían acudir a tribunales argumentando violación a sus derechos humanos.
CDMX, 19 de septiembre del 2020.- La consulta popular que promueve el presidente Andrés Manuel López Obrador contra sus antecesores, desde Carlos Salinas de Gortari hasta Enrique Peña Nieto, viola la presunción de inocencia, lo cual atenta contra sus derechos humanos, advirtió el abogado Porfirio Ramírez Mendoza, quien encabeza la fundación Justicia Para el que Menos Tiene AC.
El reconocido abogado, originario de Puebla, habló el jueves con medios de comunicación en un hotel situado en la capital del país, donde fijó su postura respecto a la consulta que promueve López Obrador en el Senado de la República y que plantea la siguiente pregunta: “¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen y en su caso sancionen la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones?” Ramírez Mendoza advirtió que, frente a la posible vulneración al principio de presunción de inocencia, los exmandatarios podrían acudir a tribunales argumentando violación a sus derechos humanos.
Expuso que los argumentos que presentó López Obrador al Senado para sostener la necesidad de la consulta constituyen, en algunos casos, delitos que pueden ser perseguidos de oficio, sin necesidad de preguntar al pueblo si procede investigar, o no, a los exmandatarios.
A pregunta expresa, el abogado expresó que ve una motivación política más que jurídica atrás de la consulta y pidió estar atentos a la resolución que tomará la Suprema Corte de Justicia de la Nación que estudiará y resolverá sobre la constitucionalidad de la solicitud del Ejecutivo federal.
La consulta, dijo, es legal en términos de que está prevista en la ley de consulta popular y porque en apariencia se trata de un problema de trascendencia nacional, aunque dijo que si se comprueba que hay una violación a los derechos humanos de los exmandatarios entonces no debería llevarse a cabo.
Además, expresó que ve una motivación política más que jurídica y pidió estar atentos a la resolución que tomará la Suprema Corte de Justicia de la Nación
