El día de ayer nuevamente se da un brote de violencia en un centro de
readaptación social en el norte de país, concretamente en Gómez
Palacio, Durango, en el Centro de Inserción Social número 2, el cual
dejó un saldo de 22 personas muertas, 13 reos y nueve custodios.
Este conflicto se derivó luego de que la noche del domingo y madrugada
del lunes, 137 presos fueron trasladados a diversos penales mediante
un operativo sorpresa por parte de las fuerzas federales, quienes
según los familaires de los reos, el traslado se dio de manera
arbitraria, ya que no había alguna justificación para llevarlos a otra
cárcel, y por lo tanto solicitaron la intervención de la Comisión
Nacional de Derechos Humanos además de que cuando pretendieron llegar
al lugar de los hechos, un retén militar les impidió el paso, lo que
originó el reclamo a los soldados y las consignas contra las
autoridades del reclusorio.
Después de las 23:00 horas del martes comenzaron a llegar a la capital
del estado, vía aérea, los cuerpos de las personas que perdieron la
vida; posteriormente tres unidades del Servicio Médico Forense
(Semefo) se encargaron de trasladarlos a las instalaciones de la
morgue estatal, algunos de los heridos fueron llevados a hospitales de
la capital duranguense para su atención médica y otros permanecen
hospitalizados en la región Laguna.
La Secretaría de Seguridad Pública en el Estado (SSPE) confirmó que al
momento que se desató la riña, los reclusos intentaron huir a través
de unos túneles y por la barda trasera del penal.
Este es otro caso mas resultante de la sobrepoblación, corrupción y
el ineficiente sistema de reintegración a la sociedad que se tiene
actualmente en los centros penitenciarios en la República, la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha manifestado
constantemente que la sobrepoblación penitenciaria genera más
violencia aún y que se necesita eficientar los procesos penales,
separar a reos de alta peligrosidad delos que tienen menor
peligrosidad, pues éstos ejercen como maestros criminales, siendo las
cárceles verdaderas universidades del delito.
Ante este triste panorama que se desató en Durango, es necesario que
las autoridades de la Secretaria de Gobernación Federal tomen cartas
en el asunto y vean la problemática desde el fondo, con la finalidad
de poder manejar de forma efectiva dichos centros penitenciarios.