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12 Junio 2020 Objetivos de Desarrollo Sostenible
En la región existen 1223 conflictos territoriales. La represión y criminalización de los pueblos indígenas que defienden sus derechos ha conducido al asesinato de centenares de sus líderes. América Latina pide acabar con la cultura del privilegio que naturaliza las desigualdades, las discriminaciones e insta a construir sociedades pluriculturales.
Según un nuevo estudio conjunto de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe y el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, los más de 800 pueblos indígenas de América Latina han de tener un papel protagonista en los espacios de toma de decisiones. Este rol no solo ha de servir para defender su derecho a la autodeterminación, sino también por las destacadas contribuciones que pueden realizar en los procesos de reformulación de los modelos de desarrollo
Aunque hace ya más de tres décadas de la adopción del Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo y que los Estados de América Latina reconocieron plenamente sus derechos, los pueblos autóctonos de la región, unos 60 millones de personas que representan un 10% del total de la población, continúan siendo uno de los colectivos con mayores atrasos en materia económico-social, pese a los grandes avances logrados en este ámbito en Latinoamérica.
La vacuna es el desarrollo sostenible
El informe destaca que uno de los principales retos de los países de América Latina y el Caribe es el de construir «sociedades institucionalmente pluriculturales, diversas, inclusivas, equitativas y no discriminatorias«, donde se reconozcan y garanticen los derechos de los pueblos indígenas.
Según el documento, uno de los modos de lograrlo es a través de la aplicación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, «si en los próximos diez años se presta la debida y adecuada atención a la armonización de sus Objetivos y las correspondientes metas con los derechos colectivos de los pueblos indígenas».
Por ese motivo, insta a crear las «condiciones legislativas, institucionales, políticas y económicas que reflejen la diversidad existente» y hagan efectivo el compromiso «de reconocer, respetar, promover, impulsar y no menoscabar en modo alguno los derechos de las comunidades originarias y de defender los principios de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas», un compromiso que asumieron los países el año 2014 en el marco de su Conferencia Mundial.
Mujeres indígenas en una calle de La Paz, Bolivia
Crecen los conflictos por demandas territoriales
La secretaria ejecutiva de la Comisión, Alicia Bárcena, destacó que los 1223 conflictos territoriales actuales generaron movilizaciones que obtuvieron como respuesta «represión y criminalización», como los asesinatos de 232 defensores de los territorios indígenas entre 2015 y los primero seis meses de 2019. Esas cifras representan una media de cuatro asesinatos al mes en la región.
Debemos terminar con la cultura del privilegio que naturaliza las desigualdades, las discriminaciones y que hemos heredado de la Colonia.
Bárcena recordó que el nivel de pobreza de la población indígena es mayor que el de la no indígena, y que las desigualdades salariales entre ambos grupos poblacionales son mayores según el «nivel de escolaridad y género».
«Debemos terminar con la cultura del privilegio que naturaliza las desigualdades, las discriminaciones y que hemos heredado de la Colonia. Tenemos que vencer la cultura del privilegio e irnos a una cultura de la igualdad que respete especialmente la gran riqueza de los pueblos indígenas. Abya Yala (América en lengua guna) es una tierra en plena madurez, con sangre vital y donde urge garantizar los derechos de los pueblos indígenas», afirmó.
El informe ofrece un panorama actualizado sobre la situación de los derechos territoriales y de los bosques, la demografía y el derecho al bienestar de los pueblos indígenas de América Latina, con el objetivo de apoyar el seguimiento de la implementación de la Agenda 2030 y a las acciones urgentes para acelerar el cumplimiento de los compromisos asumidos por los países de la región.
