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Artículo de Fondo, Por Antonio TENORIO ADAME (08-IV-2020).- El Informe trimestral del Jefe del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, desató un alud de protestas y reclamos de gran magnitud al umbral de la ruptura. No obstante, el conflicto oculto consiste en aumentar la deuda o proteger el empleo, vamos por partes.
Las críticas adversas vienen de las fuentes conocidas. A las que se suman aquellas provenientes de los corporativos empresariales. Todos juntos y a la vez, sin presentar un solo frente y con diversos matices se expresan como víctimas en el desamparo y ante la indiferencia.
Un rechazo menos visible -pero con más riesgo-, lo constituyen algunos gobernadores, ciertos congresos locales, y alcaldes municipales que ante la ocasión se muestran más protagónicos, con actitudes individuales fuera del contexto reglamentario del Consejo de Salubridad General, organismo superior por mandato constitucional.
Ambas líneas de fuego demandan, y a veces desafían, al Jefe del Poder Ejecutivo que es el responsable del Consejo de Salubridad General.
DE LA EMPRESA AL BARRIO.
El Presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar Lomelí, -ex directivo de FEMSA – afirmó con mesura pero con firmeza, que se les “cerró la puerta”, a pesar de que «no se pedía condonaciones, no se pedía que no hubiese pago de impuestos. No se pedía más que se difirieran los pagos y todas las prestaciones sociales”, su gestión corporativa la asume como una “responsabilidad” por lo que seguirá “insistiendo”, por “beneficio de México”.
De primera lectura no existe inconveniente legal ni social que los empresarios cumplan con las funciones propias de deberes con sus propios recursos porque es su razón de ser.
Señalar la incomprensión del Estado no es indebido ni causa de extrañamiento. Si, por otra parte, revela la inexistencia – o inutilidad- de canales institucionales adecuados que permitan una mejor convivencia y acuerdo, porque los empresarios son fundamentales en la organización, así también el fortalecimiento del mercado y sobre todo la generación de empleo. Es un principio de racionalidad económica.
Entre la montaña de tareas a realizar el CCE sería muy importante desarrollar un plan de conservación, fortalecimiento y difusión del “pequeño comercio”, a partir de la experiencia de Salazar Lomelí, para reconvertir las misceláneas o changarros desfavorecidos por el impacto de la otra pandemia del consumismo que son los “OXXOS” .
Diego Luna ha lanzado una propuesta de barrio en solidaridad con los minusválidos, de igual manera es posible apoyarse en esa valiosa unidad de integración social, el barrio, para impulsar otras mas, en particular promover la racionalidad de consumo de bienes y servicios a partir de las misceláneas, como centros de acopio, cooperativas y atención de servicios.
LOS BANCOS
El Presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM) ha sido más explícito en sus razonamientos, dispone de una mejor visión del comportamiento de la economía siguiendo la escuela keynesiana donde la inversión es el motor del desarrollo sin considerar que el neoliberalismo constituyó la transformación del mercado donde el crédito disparó el estímulo del consumismo.
La disposición a contribuir a la conservación de la estructura económica es favorable a cuatro meses de no pagar capital más intereses prorrogables dos meses más es su acreditación. Su propuesta de reactivación es más ambiciosa que el “Plan para el Bienestar y el Empleo” situada en menos del 2% del PIB sin llegar a los 50 mil millones de pesos por lo que solo cubre a 22 millones de la población precaria mientras que estima que de las 6.3 millones de Empresas pequeñas y medianas (PYMES) el gobierno solo cubre la tercera parte, a la cual calificó de insuficiente.
A manera de un fondo de garantía o de apoyo, ahora el CCE propone un fondo de 100 mil millones de pesos como apoyo de créditos blandos a pequeños negocios por cuatro meses manejado por NAFINSA para respaldar a la banca comercial que brinde el servicio. Un rescate financiero a costa del gasto público.
Los corporativos empresariales se escudan en el interés social empresarial mayoritario, sin embargo terminan por obtener los beneficios del rescate del Estado para absorber los saldos negativos de las crisis ya sea asumiendo los costos de las quiebras o contratando deuda pública. Como ocurrió con De La Madrid FICORCA, subsidiar las grandes deudas en dólares para empresas medianas y grandes. Salinas renegoció la deuda para transferirla a Zedillo en el rescate con FOBAPROA de los cuales se han pagado 6 billones de intereses. Fox entró a salvar ingenios y carreteras para terminar entregando la banca a financieros internacionales libre de impuestos. Con Calderón se absorbió el costo de la crisis del 2008. Mientras Peña Nieto colocó la cereza del pastel de fin de fiesta con la devolución de impuestos a los industriales de primer nivel. El Estado es el gran pagano, absorbe las deudas y privatiza las utilidades.
Los recursos del Estado destinados al gasto público se aplicó a beneficiar a los capitanes de las empresas, tan sólo el Fobaproa (en 25 años del erario salió un billón de pesos y por cubrir resta otro billón) o el rescate carretero (23 años pagando y todavía adeudan cerca de 300 mil millones, como ejemplo, con Fox, Calderón y Peña Nieto en Los Pinos la deuda pública se multiplicó por cinco, al pasar –en números cerrados– de 2 a 11 billones de pesos, proporción equivalente a la mitad del PIB.
EL DILEMA: RESCATE O EMPLEO
El núcleo del conflicto se fija en el manejo de las atribuciones del Presidente de acuerdo con los recursos que dispone y las políticas destinadas a controlar y diluir el contagio, con la actitud mediática en contra sin que ello demerite su institucionalidad. Así también el control médico de la epidemia le corresponde plenamente.
Donde se enciende el fuego es en el orden económico, la participación del Estado siempre restringida a funciones de seguridad ahora se le pide su mayor intervención desde los corporativos empresariales, desde luego con provecho por delante. La intención del Estado es proteger el aparato de producción con la prioridad de conservar el empleo.
El reclamo social es alto se le asignan metas que la capacidad presupuestaria no cubre, de modo que lo responsabilizan de la supresión de empleo entre 1.7 a 7 millones de puestos de trabajo, lo que es desbordante si se advierte que durante el ingreso al TLCAN en 1995 las oportunidades de trabajo en el campo se cancelaron 2.7 millones de plazas, mientras que la crisis de 2088 afecto al mercado laboral en 1 millón de empleos formales.
La gran duda salta como experiencia del pasado donde todos los rescates asumidos por el Estado son transferido al contribuyente.
LAS GRIETAS DEL PODER
Los gobernadores de ciertos Estados han salido a la palestra a mostrar sus capacidades inéditas, algunas ciertas y contributivas, pero otras disgregan y asumen el riesgo de atentar contra el poder orgánico constitucional. Entre los nuevos agentes del protagonismo, según la apreciación de Sergio Aguayo, destacan, los gobernadores de Chihuahua, Jalisco, Ciudad de México, a los que debe añadir el de Querétaro quien a su arbitrio restringe las libertades ciudadanas.
Las restricciones de garantías se deben hacer de conformidad con lo dispuesto en la Constitución federal o el país se transformara en tierra de caciques donde cada gobernante o presidente municipal hará la suspensión de las garantías que se les ocurran o establecerá toques de queda disfrazados de su absoluto o impune arbitrio.
El panorama que se avizora en el corto plazo es de contienda social y desorden entre los niveles de gobierno, si acaso el Consejo de Salubridad General respaldado por la Constitución (73-XVI) no asume el mandato que le confiere la Ley para coordinar y evitar mayores costos.
