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Morelia, Mich., 05 de abril de 2020.- Con la extinción de los 281 fideicomisos que plantea el decreto emitido por el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 2 de abril, el ahorro de estos recursos públicos, se traducirá en un fortalecimiento de los programas sociales, así como en una mejora del sistema de salud público en el marco de la contingencia derivada de la pandemia del coronavirus; señaló la diputada local, Cristina Portillo Ayala. “Esto no solo es una reorientación del gasto público, sino también un golpe de timón de la 4T en relación a la corrupción con la que se manejaba el país en el pasado inmediato”, abundó.
“Desde hace años, la Auditoria Superior de la Federación y organismos ciudadanos de reconocido prestigio como el Centro de Análisis e Investigación Fundar, habían recomendado el cambio en el status jurídico con el que se manejaban los recursos públicos que concentraban los fideicomisos. La totalidad de los fideicomisos que ahora se extinguen, no tenían estructura orgánica ni mandato, y quedan excluidos todos aquellos que fueron creados por Ley o Decreto legislativo, como lo son los utilizados en desastres naturales”, abundó la diputada morenista, quien dijo que la figura de fideicomiso no debe satanizarse, pero que durante los gobiernos neoliberales, esta sólo fue utilizada para encubrir actos de corrupción.
Portillo Ayala dio diversos ejemplos de fideicomisos que se han visto involucrados en escándalos o señalamientos de manejos opacos o corrupción: “ahí tenemos el famoso Fondo Bancario para la Protección al Ahorro, mejor conocido como el FOBAPROA; entre otros. En este y otros casos tenemos, un abuso del llamado secreto fiduciario para mantener la opacidad y la discrecionalidad en el manejo de los recursos públicos radicados en estos fideicomisos. Si bien, el llamado FOBAPROA no entra en el decreto de extinción del 2 de abril, esta determinación presidencial debe poner luces sobre el mal uso de la figura del secreto fiduciario que tiene utilidad únicamente en el caso de figuras que operan con recursos privados”, abundó.
Finalmente, Cristina Portillo destacó el compromiso que ha mostrado el gobierno del presidente López Obrador con los más vulnerables en medio de esta crisis sanitaria. “No se ha detenido la entrega de programas sociales y esta actividad está considerada como esencial dentro del gobierno; lejos de ello, se prevé destinarles mayores recursos públicos que deriven de ahorros de otros rubros; ahora ya está aprobada la figura constitucional del derecho de los ciudadanos a estos programas, por lo que ahora son prácticamente irreversibles”, concluyó.
