Por Noemí Avilés.-
Este cierre de semana fue momento de quejas internacionales por las agresiones padecidas por los manifestantes en la manifestación contra el arribo de Enrique Peña Nieto a la presidencia.
Amnistía Internacional en conjunto con el jefe del gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, hicieron llegar 20 mil firmas de personas que solicitan poner término a los abusos policíacos, en concreto, del 1 de diciembre de 2012.
Indiscutiblemente la mirada se ha centrado en el presidente. La resolución se espera, pero más que ésta la mirada se concentra en la reacción de los demandantes, quienes pretenden el estado niegue su legítimo derecho al monopolio de la violencia.
Y es justo este término, el de la violencia, donde se encuentra el problema de sensibilidad en la ciudadanía. Es claro que el contexto de extrema violencia contra los derechos humanos vulnerados en los ciudadanos comunes, en nombre de la búsqueda de los malosos, ha permeado considerablemente. Ejemplos hay muchos.
Pero lo que nos inquieta es la duda sobre cómo emprenderá, Peña Nieto, alguna medida cautelar que no sea la infiltración en los manifestantes, -los que propician los conatos de violencia justificando el uso de la fuerza, dicen-, a propósito de nuestro contexto de violencia efervescente.
Se pueden sugerir varios escenarios, pero son dos los que se pueden esperar. Por una parte la continuación de la contención y detención de los manifestantes, en donde las cosas se puedan salir de control, -como lo que le sucedió a Vallejo Figueroa en Michoacán-.
Pero creemos que los expertos en su gabinete no optarían por salidas fáciles y poco convenientes. La otra alternativa implica la indiferencia. Omisión de acción policial y la libre manifestación que al final de cuentas no generaría más que plantones y los clásicos inconvenientes para los capitalinos.
Me pregunto: ¿Tendrá otra estrategia el presidente?