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La Paz, Boliva, 15 de noviembre del 2019.- A cinco días de consumarse el golpe de Estado en Bolivia contra el presidente legítimo Evo Morales, los ciudadanos siguen movilizados para exigir el respeto de la democracia y la renuncia de la senadora Jeanine Áñez, quien se autoproclamó presidenta interina. Pese a reiterar que las protestas son pacíficas, las agentes de la Policía y las Fuerzas Armadas han reprimido a los manifestantes con gases lacrimógenos para dispersarlos
Al menos 5 personas murieron este viernes en Bolivia, durante una masiva marcha pacífica de cocaleros de Cochabamba, que fue duramente reprimida por las fuerzas de seguridad que responden al gobierno de facto.
Los campesinos de la provincia de Chapare, que apoyan al depuesto presidente Evo Morales, intentaron atravesar el puente Huayllani, que una la ciudad de Sacabe con Cochabamba, pero se toparon con un cerco policial que les impidió el paso.
Minutos después, las fuerzas de seguridad comenzaron a reprimir fuertemente a los manifestantes.
Cuatro de los cinco fallecidos pudieron ser identificados. Se trata de Omar Calle, César Cipe, Juan López y Emilio Colque.
Otros heridos, algunos de ellos de gravedad, fueron trasladados al hospital Viedma, en Cochabamba.
Desde Bolivia, el corresponsal de RT Francisco Guaita constató cómo llegaban decenas de heridos a un hospital de la zona.
El Defensor del Pueblo de Cochabamba, Nelson Cox, confirmó a medios locales que los uniformados usaron armas de fuego contra los manifestantes. «Los muertos todos son producto de armas de fuego«, aseguró.
Mientras tanto, el comandante de la Policía de Cochabamba, Jaime Zurita, reconoció que el objetivo de las Fuerzas Armadas y la Policía era impedir que los manifestantes llegaran a Cochabamba «para manifestar su desacuerdo contra la presidenta Jeanine Añez«.
De acuerdo con declaraciones de Zurita, al menos 300 personas fueron detenidas.
La Defensoría del Pueblo informó en un comunicado de prensa que tras la brutal represión registró una treintena de personas heridas. Además, recordó al Gobierno de facto que pese a anunciar que buscaría la pacificación del país, «hoy el pueblo boliviano debe lamentar cinco muertes que se suman a las 13 contabilizadas por la institución durante este conflicto».
En La Paz, miles de personas se movilizaron para mostrar su apoyo a Morales y para exigir el fin de la represión de las fuerzas de seguridad. Sin embargo, la Policía usó agentes químicos para dispersar a un grupo de personas reunidas en la Plaza Mayor de San Francisco.
Condena por represión
Minutos después de conocerse la noticia, el derrocado mandatario Morales condonó «ante el mundo» la represión «con balas» de las fuerzas armadas y la policía. «Ahora asesinan a nuestros hermanos en Sacaba, Cochabamba», declaró en las redes sociales, desde su exilio en México.
En un tuit posterior, Morales denunció que el candidato opositor Carlos Mesa y el que ha sido señalado como artífice del Golpe de Estado, Luis Fernando Camacho, acusaron a su Gobierno de «dictadura», cuando Áñez y su gabinete de «abogados defensores de violadores y represores» son quienes masacran al pueblo con las Fuerzas Armadas y la Policía, «como la verdadera dictadura», acusó.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó «el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad en Cochabamba» e instó al Estado boliviano a asegurar «el derecho a la vida e integridad física de quienes protestan pacíficamente».
«Las armas de fuego deben estar excluidas de los dispositivos utilizados para el control de las protestas sociales», recordó la entidad.
De acuerdo con la CIDH, durante la represión de este viernes a las protestas sociales, se registraron 22 personas heridas, 5 fallecidas por balas y 3 periodistas agredidos en ejercicio de su profesión. «Las fuerzas de seguridad Bolivia debe abstenerse de agredir [a periodistas] y facilitar su labor», denunció.
Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores venezolano, Jorge Arreaza, rechazó a través de su cuenta de Twitter la «represión desmedida y masacre» en Cochabamba.
Asimismo, denunció «el carácter represor y dictatorial de quienes han asaltado el poder en Bolivia». «La comunidad internacional debe condenar y actuar para detener esta barbarie», añadió.
La orden contra «grupos subversivos»
La presidenta de facto de Bolivia, Jeanine Áñez, dijo e n la mañana de este viernes que implementaría «medidas constitucionales» para frenar a supuestos «grupos subversivos armados», conformados por extranjeros y connacionales «de algunas regiones en conflicto».
«Este Gobierno transitorio tiene como labor principal la de pacificar a nuestro país», señaló la autoproclamada mandataria interina desde el Palacio de Gobierno, en La Paz.
Desde el pasado domingo, cuando Evo Morales renunció a la Presidencia forzado por la presión militar y de grupos opositores, miles de seguidores que apoyan al Gobierno destituido se manifestaron en las calles de varias ciudades de Bolivia.
Ante ello, el Gobierno de facto que encabeza Áñez ordenó el accionar conjunto de la Policía y las fuerzas militares, para reprimir a quienes reclaman el retorno del líder indígena al poder.
Con información de Telesur y RT
