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Por Gerardo Espinosa.- En las fronteras de las zonas de la tierra caliente que comparten Michoacán con Guerrero y con Jalisco, la población ha optado por migrar para huir de la violencia y de las amenazas del crimen organizado, además de las constantes violaciones a sus derechos humanos que padecen a manos de las fuerzas armadas y la Policía Federal. No hay cifras oficiales para este 2012, sin embargo diversos organismos civiles contabilizaron que tan sólo en el 2011 alrededor dos mil personas salieron de los pueblos ubicados en esta región a causa de los enfrentamientos entre los miembros de los cáteles de la Familia y los Caballeros Templarios.
Estudios del Consejo Estatal de Población reconoce que la violencia está entre las causas de la reducción de población en varios municipios: Coalcomán salerion 541 habitantes; Tumbiscatío menos 473 personas; Villa Morelos con una reducción de 434; Chucándiro con 350 menos; Tzitzio con 228 que salieron; Carácuaro con 125 habitantes menos y Chinicuila menos 72. Asimismo, activistas de derechos humanos aseguran que el problema también existe en Huetamo, Múgica y Churumuco.
En cambio en Cherán, gracias a la organización comunal, se ha podido evitar el desplazamiento de familias a raíz de los hechos de violencia que se han registrado en la zona en el último año y medio.
De acuerdo a datos que la Comisión de Derechos Humanos del Senado dio a conocer esta semana, a lo largo de la administración del presidente Felipe Calderón dejó un millón 200 mil desplazados como resultado de la guerra en contra del narcotráfico, y ubicó a Michoacán como la tercer entidad más afectadas por el fenómeno de los desplazados.
El gobierno del estado, desde el 2011, ya instaló albergues que se mantendrán para recibir a los desplazados por la violencia se mantendrán hasta que las gente pueda regresar a sus lugares de origen. Algunos de ellos se localizan en Buenavista Tomatlán y en Apatzingán, sin embargo ya las personas han decidido salir definitivamente de la región de la tierra caliente.
De acuerdo al estudio “Los olvidados de la guerra contra el narcotráfico en México”, realizado por Sebastián Albuja y Laura Rubio Díaz, el Gobierno federal no quiere reconocer que existe el problema porque equivaldría a aceptar que el país vive una situación de conflicto. “México ha negado sistemáticamente la existencia de un conflicto generalizado y solamente reconoce la existencia de zonas inestables”.
El estudio destaca que el mecanismo de abandono tiene dos vertientes. En algunas zonas, donde los enfrentamientos a fuego son lo cotidiano, la migración ha sido masiva y ha respondido a amenazas directas del crimen organizado. Habitantes de poblados, casi siempre rurales, son obligados a abandonar su hogar lo más pronto posible. Estorban para el negocio y la operación del crimen.
En otros casos, el desplazamiento ha sido a cuentagotas, tras decisiones familiares tomadas a puerta cerrada, sigilosamente. Así, familias completas han desaparecido de un día para otro para que nadie pueda seguirles los pasos. La suma de estas decisiones, con el paso del tiempo, ha dejado pueblos enteros sin actividad comercial, agrícola y ganadera sustantiva ante las continuas extorsiones y los secuestros.
En Michoacán, destaca el Coespo, a finales de mayo del 2011, pobladores de El Chamizal, La Huída, Razo del Órgano, Eréndira, Santana, Pinzándaro, Vicente Guerrero, Catalina, Paredes y otros poblados comenzaron un desplazamiento masivo hacia albergues en las cabeceras municipales de Buenavista Tomatlán, Apatzingán y Tuzantla. Según estimaciones de autoridades locales, 2 mil 500 personas podrían haber huido de los enfrentamientos entre La Familia, Los Caballeros Templarios y la Policía Federal, que se tradujeron, el 28 de mayo del 2011, en el derribo de un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana que iba en apoyo de la PF.
Organizaciones sociales han llamado la atención respecto a la falta de una política pública estatal para atender este problema: la organización Humanas sin Violencia, calificó la movilización forzada de familias como un asunto prioritario, por lo que su presidenta, Circe Lucero López Riofrío, convocó al gobierno actual para implementar un plan estatal de seguridad ciudadana.
A casi 4 meses de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) anunciara la creación de un protocolo para atender a las víctimas del desplazamiento interno en México, en Michoacán no se ha implementado o adecuado algún protocolo para atender el tema, lamentó la activista.
