Ahuizote Agencia de Información Ahuizote.com
El congreso estatal etiquetó un fondo de siete millones de pesos que deberían haber sido destinados específicamente a las asociaciones civiles, sin embargo y bajo el argumento de la falta de recursos, la Sepsol no entregó estos fondos. Asimismo, se suspendió la feria de asociaciones civiles que tradicionalmente se efectuaba en el mes de agosto, además de que otras dependencias estatales no apoyaron a estas organizaciones, las cuales suelen efectuar mucho trabajo de gestión social e implementación de talleres que el gobierno no realiza directamente debido a la falta de personal.
Cortés Carillo destacó que este año se canceló sin mayores razones el programa de Corresponsabilidad de Sepsol, en el cual el Congreso había etiquetado siete millones de pesos para impulsar proyectos de las asociaciones civiles, los cuales quedaron sin ser operados este año.
“Ya logramos instalar una mesa de diálogo con el titular de la Sepsol (Rodrigo Iván Maldonado López) para conocer las razones por las que se cancelaron los apoyos y se detuvieron muchas acciones y el argumento que se ha repetido allí es el de la falta de recursos”, destacó la activista social.
Agregó que hace algunas semanas la diputada Selene Vázquez Alatorre cuestionó al gobierno respecto del fin último de los siete millones de pesos que deberían haber sido entregados a las asociaciones civiles, sin que hasta el momento la Sepsol haya dado una respuesta en algún sentido.
La falta de recursos para que operen las asociaciones civiles, detuvo muchas acciones que atendían los principales problemas de la sociedad, como el desarrollo social o comunitario, asistencia social, medio ambiente y la defensa de los derechos humanos, entre otros.
Cristina Cortés enfatizó que muy probablemente será hasta el próximo año cuando se puedan volver a poner en marcha estas acciones, y destacó que las AC esperan que la Sepsol cumpla con los esquemas y programas de apoyo a las asociaciones que por ley tiene que hacer.
Cabe destacar que hace 15 días, se firmó un convenio en el Centro de Investigación y Desarrollo del Estado de Michoacán y la Junta de Asistencia Privada en donde ambas instituciones se comprometieron a fortalecer a las organizaciones de la sociedad civil a través de asistencia, orientación y capacitación.
En dicho evento, los titulares del Cidem y de la Junta de Asistencia Privada sólo asumieron el compromiso de formar alianzas para que las asociaciones civiles “para que éstas cumplan con su tarea de manera más eficaz con la intención de bajar recursos de las diversas fundaciones y dependencias a nivel estatal, nacional e internacional en apoyo a diversos rubros como asistencia a la niñez, a la juventud, a los ancianos, así como atención médica y a personas con discapacidad, a alcohólicos y fármaco dependientes en rehabilitación, así como apoyo a la educación y capacitación para el trabajo, pero también de asistencia al rezago comunitario”.
Inclusive, Zabel Pineda Antúnez, directora del CIDEM, aseguró que “por instrucciones del gobernador Fausto Vallejo Figueroa, las autoridades deberán crear sinergias que contribuyan a la profesionalización y capacitación poder gestionar los recursos que tanta falta les hacen”.
En esa reunión, el propio Juan Antonio Ixtláhuac Orihuela, coordinador de Atención Ciudadana de gobierno del estado, aseguró que la búsqueda del gobierno de fortalecer a las AC, pretendía impulsar “el gran esfuerzo de la sociedad civil organizada, para crear un gran catalizador que podamos tener un estado más vigoroso, funcionarios públicos más activos, para que esa crisis que hoy estamos viviendo sea también una oportunidad para que las autoridades podamos tener esa capacidad de organización, esa eficacia y sobre todo alternativas”.
Ninguno de los tres hablaron de los apoyos que han dejado de recibir las AC en el estado.
