Historia del fraude al Poder Judicial

Columna Política «Bajo la Lupa», Por Armando Saavedra (26-IV-19).- Como parte importante de la reforma judicial, el sistema adversarial y la implantación del nuevo sistema de justicia penal, la capacitación permanente se convirtió en la parte toral para el funcionamiento de tal reforma, de manera que se hizo necesario el establecimiento de una “escuela de capacitación”, para lo que el Poder Judicial del Estado gestionó los recursos correspondientes para su construcción en una primera instancia y su operación en otra.

Así las cosas, el congreso del estado, aprobó un presupuesto de $143’006,914.00 (Ciento Cuarenta y Tres Millones, Seis Mil novecientos catorce Pesos 33/100 M.N.) para el ejercicio fiscal del 2014, los que se destinarían a la construcción de lo que se llegó a denominar “Escuela del Poder Judicial”, por lo que, en primera instancia, el Consejo del Poder Judicial autorizó a utilizarse un predio de 3 mil 100 metros cuadrados, adquirido por el Poder Judicial en junio del año 2008 en la cantidad de $12’500.00.00 (Doce Millones Quinientos Mil Pesos 00/100 M.N.) para que en él se construyera dicha “Escuela”.

“CONVENIO” CON LA SCOP DEL ESTADO.

Por alguna razón hasta ahora desconocida, o la tienen muy bien guardada, el Poder Judicial del Estado de Michoacán renunció a la posibilidad de ser la propia institución la que contratara a quién hiciera el proyecto de la obra, realizara la licitación pública correspondiente, adjudicara la obra y contratara a un despacho externo para la supervisión de dicha obra.

En lugar de lo anterior, el Poder Judicial del Estado de Michoacán, signó el 26 de agosto de 2014, un “Convenio de Coordinación de Acciones para Establecer la Bases y Mecanismos Tendientes a la Ejecución de Obra Pública” con la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Gobierno del Estado de Michoacán, firmado el documento sus respectivos titulares, JUAN ANTONIO MAGAÑA DE LA MORA por el PJEM y JAIME MORENO CAMACHO por la SCOP.

Es importante puntualizar que el Poder Judicial del Estado de Michoacán no solo tenía la necesidad de construir la citada “Escuela del Poder Judicial” sino varias obras más, de manera que en el citado “Convenio” se incluyeron además de la Escuela del Poder Judicial, la construcción de las salas de Oralidad, Juzgados Tradicionales y Centro de Mediación de Ario de Rosales, Lázaro Cárdenas y Zamora, todo por un monto de $267’142,376.80 (Doscientos Sesenta y Siete Millones, Ciento Cuarenta y Dos mil, Trescientos Setenta y Seis Pesos 80/100 M.N.)

“GALLO HERMANOS” CONSTRUYE PRIMERA ETAPA.

Ya con la suficiencia presupuestal por parte del Poder Judicial del Estado de Michoacán y enterado de ellos el secretario de comunicaciones y obras públicas del gobierno del estado de Michoacán, éste procedió a adjudicar la obra denominada Escuela del Poder Judicial (Primera Etapa) en la Ciudad de Morelia, a la empresa denominada “GALLO HERMANOS CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.”, con quien se signó un contrato de Obra Pública a Base de Precios Unitarios, Tiempo Determinado y Por Unidad de Obra Terminada, por la cantidad de $20’991,589.08 (Veinte Millones, Novecientos Noventa y Un Mil, Quinientos Ochenta y Nueve Pesos 08/100 M.N.).

En el contrato de referencia la empresa “GALLO HERMANOS CONSTRUCTORES S.A DE C.V.” se comprometió a iniciar la obra el días 05 de enero del año 2015 y a terminar dicha obra el 04 de mayo del mismo 2015, es decir, en 120 días naturales, sin embargo, en mismo 19 de enero del 2015, la empresa constructora informa a la SCOP de manera unilateral, el inicio de la construcción de la obra el propio 19 de enero del 2015 con fecha de terminación el 18 de mayo del mismo año, en virtud de que la SCOP liberó de manera tardía el importe de los anticipos.

El 23 de abril del 2015, la empresa “GALLO HERMANOS CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.” vuelve a solicitar una ampliación del plazo para la ejecución de la multicitada obra, en virtud de la dificultad de conseguir ciertos materiales y de realizar las modificaciones al proyecto, de ahí que en base a un “dictamen técnico justificativo” se le concedió a dicha empresa una ampliación del plazo de ejecución de obra, de 120 días naturales a 222 días naturales, la que se terminaría el 28 de agosto del año 2015.

SE PRENDEN “FOCOS ROJOS”, SUSPENDEN LA OBRA.

En efecto, la secretaría de comunicaciones y obras públicas, mediante el oficio número SCOP/OS/DOP/876/2015 de fecha 09 de junio de 2015, comunica a la empresa “GALLO HERMANOS CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.” la suspensión inmediata de la construcción de la obra, pues se detectaron “observaciones” -así se les llama ahora a las irregularidades- en la construcción de lozas y columnas, suspensión que duraría 10 días calendario.

Al realizar un revisión más meticulosa de lo construido hasta la fecha, la supervisión de la secretaría de comunicaciones y obras públicas, determinó ampliar el término de la suspensión de la obra hasta por 4 semanas más, de manera que las fecha para reanudar la construcción sería el 20 de julio del 2015, empero, ante la necesidad de hacer pruebas de carga en las losas del edificio, se prolongó la suspensión de la obra hasta el 27 de julio del mismo año, fecha en que se reanudó la obra.

Fue en virtud de lo anterior, que el propio consejo del poder judicial del estado de Michoacán, instruyó al entonces secretario ejecutivo de dicho consejo HÉCTOR OCTAVIO MORALES JUÁREZ, para que por escrito solicitara a la secretaría de comunicaciones y obras públicas del gobierno del estado, un informe detallado del porqué estaba suspendida la construcción de la obra “escuela del Poder Judicial”, pues se tenía conocimiento de existir fallas estructurales de construcción y/o falta de calidad de los materiales utilizados en la misma.

En su “informe” la SCOP detalla que hechas las pruebas de laboratorio no se encontraron fallas graves en la estructura del edificio y que autorizó se reanudara la construcción de la obra, empero, el consejo del poder judicial le insiste a la SCOP le reitere a detalle el informe y le diga si ya no existe riesgo alguno con la edificación.

Ante la insistencia del Consejo del Poder Judicial, la SCOP informó que la suspensión de la construcción de la obra se dio para hacer diversas pruebas de laboratorio y carga de losas, trabes y columna, así como “reparaciones” en algunas partes de la construcción y hechas las anteriores, reanudar la obra, pues además la “empresa” presentó un dictamen del laboratorio de materiales de la facultad de Ingeniaría Civil de la Universidad Michoacana, la que determinó que las fallas encontradas no significaban riesgo estructural.

Lo cierto de este asunto, que es lo más oscuro, es que sin existir acta de finiquito de la obra por parte de la compañía “GALLO HERMANOS CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.”, el propio Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, mediante el oficio número 5641 de fecha 23 de noviembre del 2015, instruye al secretario de administración J. FRANCISCO AQUILES GAITAN AGUILAR, para que solicite a la SCOP licite la segunda etapa de la “Escuela del Poder Judicial”.

En acotación a lo anterior, hay que señalar el contenido del oficio número 1355/2015 de fecha 24 de noviembre del 2015, suscrito por el CP. J. FRANCISCO AQUILES GAITAN AGUILAR dirigido al ING. JUAN JOSÉ DOMINGUEZ LÓPEZ entonces secretario de comunicaciones y obras públicas del gobierno del estado, en el que asienta que la obra contratada a la empresa “GALLO HERMANOS CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.” con una inversión de $20’991,589.00, ya fue finiquitada, por lo que le solicita realice la licitación respectiva correspondiente a la segunda etapa.

Tan es así, que mediante el oficio número 6179 de fecha 10 de diciembre del 2015, la licenciada DORA ELIA HERREJÓN SAUCEDO secretaria ejecutiva del consejo del poder judicial informa al CP. J. FRANCISCO AQUILES GAITAN AGUILAR la autorización que otorgó el pleno del consejo del poder judicial, para emitir un certificado de suficiencia presupuestal por la cantidad de $46’027,735.06, destinados a la construcción de la segunda etapa de la “Escuela del Poder Judicial”.

LA SEGUNA ETAPA.

El 11 de diciembre del 2015, nuevamente la secretaría de comunicaciones y obras públicas y el Poder Judicial del Estado de Michoacán, suscribieron el “Convenio de Coordinación de Acciones para Establecer la Bases y Mecanismos Tendientes a la Ejecución de Obra Pública” por un importe de $110’768,886.19, de los cuales $46?027,735.06 corresponden a la escuela dl poder judicial y $64’741,151.13 a los juzgados orales y salas tradicionales de la ciudad de Lázaro Cárdenas Michoacán.

En esa tesitura, la secretaría de comunicaciones y obras públicas, firmó el 31 de diciembre del 2015, contrato de Obra Pública a Base de Precios Unitarios, Tiempo Determinado y Por Unidad de Obra Terminada, número DOP/LPE/STJE-03/2015 por la cantidad de $41’400,815.88 (Cuarenta y Un millones, Cuatrocientos Mil, Ochocientos Ochenta y Seis Pesos 88/100 M.N.) para la construcción de la Escuela del Poder Judicial (Segunda Etapa) con la empresa denominada “CONSTRUCCIONES ELECTROMECÁNICAS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.”.

En esta “segunda etapa” a pesar de que la luz roja ya estaba prendida por la mala calidad de la obra ejecutada por la empresa “GALLO HERMANOS CONBSTRUCTORES S.A. DE C.V.”, pues había dictámenes que así lo determinaban, lo que a la empresa “CONSTRUCCIONES ELECTROMECÁNICAS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.” no le importó y siguió construyendo niveles para dejarlo en el estado en que actualmente se encuentra.

Terminada y finiquitada la segunda etapa, la secretaría de comunicaciones y obras públicas, con el consentimiento del Poder Judicial, asignó un tercer contrato para una tercera etapa, sin que hasta la fecha se sepa de qué empresa se trató y el monto del contrato, lo que sí se pudo confirmar es que esa misteriosa tercera empresa, “se rajó” a seguir con la construcción, al detectar que la obra negra del edificio, estaba tan mal hecha, que significaba un gran riesgo.

LOS RESPONSABLES EN LA IMPUNIDAD.

Es claro que al interior del Poder Judicial hay responsabilidad, por lo menos por omisión, pues le pagó a la misma secretaría de comunicaciones y obras públicas, el 2% por el monto de los contratos, para los efectos de la supervisión de la o las obras, supervisión que falló, al extremo que peritos en la materia consultados por este escribidor opinan que el edificio construido se debe demoler.

Es claro que en la secretaría de comunicaciones y obras públicas del gobierno estatal también hay responsables, pues cobraron por supervisar la obra y no lo hicieron bien, a más de que la adjudicación de los contratos de obra, se deben de revisar, por aquello de la capacidad técnica de las empresas que intervinieron. ¿Y la Auditoría Superior de Michoacán? También es responsable. En otra entrega analizaremos a los personajes que pudieron evitar dicho fraude, mientras, haga usted su propio análisis y emita su veredicto, los datos ahí están.

NUEVO CONSEJERO JUDICIAL.

Parece ser que la cordura regresó al seno del Poder Judicial del Estado de Michoacán, pues el proceso electoral para elegir al representante de los jueces de primera instancia ante el Consejo del Poder Judicial, se llevó a cabo en plena tranquilidad de manera que este jueves por ahí de las 3 de la tarde se pudo saber que el juez JAVIER GIL OSEGUERA será en nuevo consejero del poder judicial en representación de los jueces.

Así las cosas, el titular del Octavo Juzgado Civil con residencia en esta ciudad capital, dejará de fungir como tal por los próximos 4 años, mientras se desempeña como consejero del poder judicial en representación de los jueces de primera instancia. Por cierto, hay que acotar que el magistrado ARMANDO PÉREZ GÁLVEZ dejó de intervenir y eso permitió una elección limpia y sin contratiempos.