Rudo contra Técnicos (Columna Política «La Feria»)

Columna Política «La Feria», Sr. López (22-IV-19).- El martes pasado se publicó ‘La Feria’, obviamente escrita el día anterior, en la que comentamos:

“Todo esto viene a cuento porque  el 8 de abril el Presidente afirmó que si los de la CNTE no aceptan la desreforma propuesta por él, la retirará del Legislativo para dejar vigente la reforma de Peña Nieto, cosa no tan fácil, porque ya es un hecho que está presentada; y luego, el 13 de abril, subió más la vara, en un mitin en Campeche, afirmando: “Nosotros vamos a estar dialogando con todos hasta que haya un acuerdo, pero si se tardan mucho y no hay ningún acuerdo voy a sacar un decreto abrogando, quitando la mal llamada reforma educativa (…).

… ¡chin!, con la pena: eso no lo puede hacer, va contra el segundo párrafo del artículo 49 de la Constitución: no puede quedar el Legislativo en un individuo, salvo en el caso de facultades extraordinarias al Ejecutivo de la Unión, conforme a lo dispuesto en el artículo 29 (casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto), con la aprobación del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente y en  ningún otro caso, salvo lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 131, que sí otorga facultades extraordinarias para legislar (pero habla de las cuotas de las tarifas de exportación e importación y cosas de esa materia). Nada de educación.

Señor Presidente: ya póngale orejas de burro a los que lo asesoran en cuestiones legales y constitucionales. Mejor: córralos. Porque aunque pudiera, igual necesitaría la aprobación del Congreso”.

Pues… ¿qué creen?, el mero martes se aventó nuestro Presidente, del trampolín de los 10 metros  la alberca… vacía, al emitir un “memorándum” en el que instruye a los secretarios de Gobernación, Educación y Hacienda, que se hagan de cuenta que no existe una ley vigente, la de Educación, debidamente aprobada el 25 de febrero de 2013, como reforma constitucional, aprobada por la Cámara de diputados federales y la de Senadores, ratificada por el Congreso de la Unión y por los congresos de los estados de Chiapas, Baja California, Coahuila, Aguascalientes, Estado de México, Tamaulipas,Veracruz, Querétaro, Colima, Guerrero, Chihuahua, Nayarit, San Luis Potosí, Durango, Sinaloa, Hidalgo, Campeche, Yucatán, Baja California Sur, Jalisco, Zacatecas, Tabasco, Quintana Roo, Puebla y Nuevo León y que apliquen otra, la que fue abrogada por el Congreso y todos los que ya mencionamos, por los presidenciales calzones (o trusas, ha de usar trusas, blancas, Sin Marca, ¡pobreza franciscana!).

Para abrir boca, en el “memorándum” presidencial del 16 de abril pasado, flamean tres faltas de ortografía en los tres primeros renglones (se refiere a los Secretarios con mayúscula, que debe ser minúscula al estar seguido el cargo por sus nombres); y de tarjetita de presentación -redacción de recadito a sus gatos-, sin la C. de ciudadano, no importante pero significativa; sin motivación, fundamentación ni citar normas jurídicas.

Empieza mal titulándose “memorándum”, palabra mal elegida por quien le escribe a nuestro Presidente, pues según el diccionario, significa en primera acepción:

“Comunicación diplomática, menos solemne que la memoria y la nota, por lo común no firmada, en que se recapitulan hechos y razones para que se tengan presentes en un asunto grave.

Y en la segunda: “Informe en que se expone algo que debe tenerse en cuenta para una acción o en determinado asunto”.

El “memorándum” presidencial, no es un comunicado diplomático sobre un asunto grave y tampoco es un informe en el que se expone algo a tomar en cuenta para una acción o en determinado asunto: no es “memorándum”.

Lo que pasa en que no podía ser “orden por mis chones” -se oye feo en idioma oficial-, ni “acuerdo”, porque no resultó del acuerdo de nadie con nadie, pues entonces le pusieron “memorándum”, para no titularlo “recadito”, agregándole que lo emite por sus “facultades”, que son exactamente contrarias, según el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece como la primera  de las facultades y obligaciones del Presidente: “Promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia”.

Y el “memorándum” presidencial del 16 de abril pasado, ordena a las secretarías de Gobernación, Educación y Hacienda, inciso (b): “Mientras el proceso de diálogo no culmine en un acuerdo las otras instancias del Poder Ejecutivo involucradas dejarán sin efecto todas las medidas en que se haya traducido la aplicación de la llamada reforma educativa (no, no es “llamada” reforma: es reforma, nos guste o no). O sea, les ordena violar la ley. Lo bueno es que era Semana Santa, día de mucho rezar, a rodilla han de haber hecho el “Via Crucis” los tres secretarios. Están entre Escila y Caribdis (si obedecen al Presidente, violan la ley; si no lo obedecen, los corren… francamente mejor).

Acto seguido después de ordenar que “dejarán sin efecto todas las medidas en que se haya traducido la aplicación de la llamada reforma educativa”, dice que la nómina no, esa sigue bajo en control federal… ¡oh, pues!

A la Secretaria de Gobernación ordena poner en libertad a la brevedad, a los que estén en prisión por oponerse a la susodicha reforma y retirar las imputaciones legales formuladas por el gobierno… con la pena, pero la fracción XIV del mismo artículo  89, otorga al Presidente la facultad de ”conceder, conforme a las leyes, indultos a los reos sentenciados por delitos de competencia de los tribunales federales”; necesitan estar sentenciados, primero y luego no estar en el bote por cosas muy feas que la ley no perdona y (con más pena), es la Fiscalía (no Gobernación), la que puede retirar imputaciones.

Estamos en abril del primer año de esta administración…si nuestra clase política y nuestras instituciones, se ponen en plan serio, esto promete: tres caídas sin límite de tiempo. Rudo contra Técnicos.