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Morelia, Mich., 07 de diciembre de 2018.- La corrupción, es un mal social que lacera y provoca miles de millones de pesos en daño patrimonial al Estado, reconoció la diputada Cristina Portillo Ayala en el conversatorio legislativo durante la 1ª Jornada Nacional Anticorrupción, donde aceptó que en los mexicanos se ha desarrollado como una práctica generalizada que debemos contener y erradicar a través de la educación y valores cívicos.
Aceptó que si bien en una primera instancia es la penalización una vía de contención, lo que urge es desplegar acciones educativas para desarrollar atributos sociales como la honestidad, trabajo, impecabilidad y honorabilidad, desde los primeros años de la formación de los futuros ciudadanos.
Una medida no deseable pero necesaria, es que la corrupción se reconozca como un delito grave en los códigos penales para inhibir el acto a través de la penalización corporal directa.
Ante fiscales y abogados de todo México, las diputada local Cristina Portillo informó que hace unos días la fracción legislativa de MORENA presentó en el Congreso del Estado de Michoacán, una reforma al Código Penal para castigar como delito grave el acto de creación de plazas que son innecesarias y que se usan con prestanombres, además la generación de viáticos “fantasmas” y otras acciones ilegales que dañan la economía del estado.
Estas simulaciones que son corruptas y que se presentan en diferentes áreas administrativas en Michoacán y el país, lastiman el patrimonio de la entidad, dijo.
Informó que el análisis del fenómeno de la corrupción y su combate frontal, es un tema muy complicado, de muchos años atrás y que provoca pérdidas de dinero público que son significativas. Por eso, el presidente Andrés Manuel López Obrador, desde su candidatura y campaña electoral, convirtió su combate en el eje de su campaña y propuesta de cambio. Y ahora el combate directo a la corrupción y el castigo a los culpables, serán políticas públicas transversales del nuevo gobierno federal.
Portillo Ayala -quien compartió el espacio con sus compañeros legisladores Adrián López Solís, Brenda Fraga, Eduardo Orihuela y Ernesto Núñez-, consideró que en hay avances para enfrentar y erradicar la corrupción en Michoacán a través de un trabajo legislativo responsable de todos los partidos políticos. La intención es que esta legislatura se signifique por consolidar el Sistema Estatal Anticorrupción –que ahora no funciona-, y dar las herramientas al Comité de Participación Ciudadana de dicho sistema. En este punto, Cristina Portillo Ayala reconoció que se trabajó una ley anticorrupción inoperante, y a pesar de tener un presupuesto gubernamental asignado de 18 millones para este año, solo ha ejercido 2.5 millones por razones inexplicables.
Portillo Ayala concluyó: “Un órgano fiscalizador como el Sistema Estatal Anticorrupción de Michoacán, sin autonomía económica ni autonomía jurídica, es un órgano al servicio del gobierno en turno”. Por ello, el gran reto de esta legislatura, es fortalecer financiera y operativamente al órgano de participación ciudadana, para que sus dictámenes sean vinculantes y realmente opere como un representante ciudadano para contener la corrupción en la entidad.
La legisladora de MORENA aceptó que una tarea pendiente además, es un diagnóstico correcto de la corrupción en Michoacán y para ello se requiere que el Sistema Estatal Anticorrupción y el Comité de Participación Ciudadana tengan autonomía financiera y operativa, eficacia, eficiencia, transparencia y determinación de hacer bien las cosas. “Por supuesto que la corrupción siempre será un tema muy delicado para las autoridades, pero tenemos que trabajar eficientemente porque si no, esto no va a cambiar”.
