Ahuizote Agencia de Información Ahuizote.com
Morelia, Mich., 19 de octubre del 2012.- Ante los hechos represivos del pasado 15 de octubre en las normales de Tiripetío, Cherán y Arteaga, el Congreso del Estado de Michoacán no puede permanecer impasible, más aún cuando históricamente el poder legislativo ha presentado la función de ser un freno y contrapeso del poder ejecutivo, es por eso que en el artículo 5 de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso de Michoacán de Ocampo, se establece que los diputados son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de su cargo, y jamás podrán ser reconvenidos o enjuiciados por ellas.
Eleazar Aparicio, diputado de la fracción parlamentaria del PRD en el Congreso del Estado de Michoacán, agregó que dicho en otras palabras, a lo largo de la historia en México, se han presentado múltiples escenarios donde el poder legislativo tiene la responsabilidad histórica de acotar el poder del gobernante en turno. Compañeros diputados esta es un cita histórica, en ella cada quien puede posicionarse de lado que así prefiera, por su convicción, ideología e incuso partido. Bajo este marco y en el contexto actual, se pueden acortar las posiciones en dos vertientes, por un lado la caracterización del uso de la fuerza pública como una forma de garantizar el estado de derecho, o en contraparte, caracterizar el uso de la fuerza pública como una forma de reprimir a los movimientos sociales, sin embargo sea cual sea nuestra nuestro posicionamiento, inevitablemente el juicio de la historia nos alcanzará.
En su denuncia Aparicio expresó que la represión masiva y selectiva hacia los movimientos sociales y opositores políticos ha sido una de las constantes del Estado mexicano. En tiempos modernos, la estrategia de represión de los gobiernos ha sido sistémica. Significativos hechos históricos dan cuenta de ello, baste recordar la represión al movimiento estudiantil en Michoacán en 1963 y 1966, a nivel nacional la represión al movimiento juvenil de 1968 y 1971, las represiones contra el movimiento ferrocarrilero en la década de los 50s., la represión contra el movimiento magisterial en 1956-1960, entre otros muchos referentes empíricos, todos ellos mantienen una constante, pasaron a la historia como movimientos progresistas y en claroscuro los respectivos gobiernos fueron conceptuados como gobiernos represores.
Es por eso que ante el desalojo de los normalistas, es preciso señalar que existieron diversas violaciones a los derechos humanos, entre ellos, desapariciones forzadas, brutalidad policiaca, incomunicación, maltrato psicológico, en pocas palabras los estudiantes fueron tratados como delincuentes de alta peligrosidad, así mismo las fuerzas federales y estatales destruyeron bardas, echaron abajo monumentos históricos y dañaron instalaciones de los normalistas e incluso existen testimonios por parte de los estudiantes de robo y saqueo por parte de las policías. Por otro lado fueron detenidos los líderes magisteriales Jorge Cazares Torres y Juan José Ortega Madrigal sin orden de aprehensión alguna. Finalmente el Consejo Mayor de Gobierno Comunal de Cherán, ha denunciado que fuerzas federales y estatales violentaron sus derechos humanos así como su libre determinación, golpeando y deteniendo a comuneros sin sustento legal alguno, manifestando también que los policías fueron causantes de la quema de vehículos particulares.
Por lo anterior las fuerzas federales y estatales ejercieron de forma indebida el servicio público, existió el uso desproporcional de la fuerza, la policía federal y estatal cometió lesiones equiparables a tortura. Realizaron tratos crueles, inhumanos y degradantes, detención arbitraria, negativa de información sobre situación jurídica, dilación para la presentación de las personas ante un juez, el gobierno federal y estatal violó tratados internacionales en materia de derechos humanos como el Pacto de Costa Rica, que en su artículo 5 consagra el derecho a la integridad personal, así como articulo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que prohíbe las penas de muerte, mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, entre otros.
Subsiguientemente la sección 18 de la CNTE tiene un registro de 13 normalistas desaparecidos, según lo referido por el secretario técnico, Eugenio Rodríguez, quien dijo que la lista ya fue entregada al secretario de gobierno Jesús Reyna García. De esta Lista siete son de la Escuela Normal de Educación Física (ENEF), cinco de la Normal de Tiripetío y uno de la Escuela Normal Indígena de Cherán.
Por su parte la CEDH, reporta por declaraciones de su titular, José María Cazares, en los medios de comunicación la desaparición de seis jóvenes, de los cuales presuntamente se encontraba uno detenido.
La violencia sólo genera más violencia, es momento de propugnar por el dialogo, un dialogo abierto y público. No se trata de chantajes o diálogo sin presión social, se trata de atender las inconformidades sociales manteniendo siempre como premisa el dialogo. No es tiempo de inventar movimientos desestabilizadores, porque en la historia los movimientos sociales nunca han dejado de existir. No es por medio de estrategias de choque y confrontación social como se solucionan los problemas, debemos tender puentes entre los movimientos sociales y el gobierno.
¡No a la represión, si al diálogo!
