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30 de agosto del 2018.- La desaparición forzada se usa a menudo como estrategia para infundir el terror en los ciudadanos. La sensación de inseguridad que esa práctica genera no se limita a los parientes próximos del desaparecido, sino que afecta a su comunidad y al conjunto de la sociedad.
Durante décadas, la sociedad mexicana ha vivido ante la amenaza de la desaparición forzada, un temor que se exalta cuando se dan casos como el de los 43 estudiantes de la escuela para maestros en Ayotzinapa, desaparecidos desde la noche del 26 de septiembre de 2014.
El caso exhibió una vez más las heridas que la historia de desapariciones forzadas han dejado en un país en el que las víctimas no encuentran justicia y las autoridades son incapaces, por colusión u omisión, de impedir que a las personas se las lleven contra su voluntad.
Con ese trasfondo, y a propósito de que este 30 de agosto se festeja el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos alentó al próximo Gobierno de México “a marcar un punto de quiebre y romper la trágica historia de dolor que ha acompañado a las víctimas de desaparición en México”.
“México tiene que superar la pesada herencia de decenios de negación, falta de reconocimiento de la dimensión del problema, ausencia de voluntad, ineficacia y revictimización. Es momento de que México inicie una nueva etapa y ponga fin a la angustia sin tregua que han enfrentado las miles de víctimas de desaparición en el país”, sostuvo Jan Jarab, representante de ONU-DH en México.
El 1 de diciembre próximo asumirá la presidencia de México Andrés Manuel López Obrador, quien como candidato dijo que incluiría una propuesta para abordar el problema dentro de lo que ha llamado “la política de la paz”. Sin embargo, hasta el momento no ha ahondado en qué consistirá dicha iniciativa.
Apenas en junio pasado, Jarab señaló su preocupación ante los más de 35.000 casos de desapariciones forzadas que han ocurrido desde que el gobierno mexicano lanzó una estrategia de seguridad nacional que declaró una guerra contra cárteles de la droga en 2007.
En noviembre del año pasado, el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Enrique Peña Nieto, promulgó la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas en México.
Pero con la ley no se cura el mal. Jarab indicó que “México precisa que el Gobierno adopte un plan de implementación de la Ley general, dote de recursos suficientes a las instancias encargadas de su cumplimiento y fortalezca las capacidades de investigación criminal, la prestación de servicios periciales y forenses y la asistencia a las víctimas”.
Para lograr que esto en efecto suceda, acotó Jarab, México necesita abrirse aún más al escrutinio y asistencia internacionales. En específico, debe aceptar la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de Personas de la ONU y permitir su visita al país, que fue solicitada desde 2013.
Hablando desde Ginebra, los expertos del Comité en desapariciones forzadas de la ONU, señalaron que todos los Estados deben actuar urgentemente para buscar a personas víctimas de desapariciones forzadas y garantizar que este crimen atroz es diligentemente investigado.
“Los familiares tienen el derecho, también en su calidad de víctimas, a conocer la verdad sobre las circunstancias de cualquier desaparición forzada, el paradero de sus seres queridos, los avances y los resultados de la investigación y, finalmente, el destino de la persona desaparecida”, dijeron los expertos. “No hay verdad sin justicia y no hay justicia sin verdad”.
