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Morelia, Mich., 24 de mayo de 2018.- Como representantes populares tenemos el deber ineludible de alzar la voz y demandar que se cumpla cabalmente con la ley, que las autoridades actúen en el marco de sus atribuciones, la sociedad reclama justicia a través de sus diputados, para que seamos interlocutores ante la PROFECO ante el aumento de robos por parte de algunas estaciones de gasolina
Así lo aseguró, la diputada Eugenia Herrera Aguirre, presidenta de la Comisión de Industria, Comercio y Servicios, al razonar su voto a favor del acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Procuraduría Federal del Consumidor y de la Delegación de la Procuraduría Federal del Consumidor en el Estado de Michoacán de Ocampo, a supervisar y sancionar en su caso conforme a sus atribuciones a las estaciones de servicio de gasolina que incumplen con despachar la cantidad de combustible que corresponde a lo pagado por los consumidores.
“Es preocupante e indignante la cotidiana práctica de algunos distribuidores de estaciones de servicio de gasolina que incumplen con despachar la cantidad de combustible que corresponde a lo pagado por los consumidores, no obstante que la Ley Federal de Protección al Consumidor, en diversos artículos determina las causas para imponer las sanciones al presunto infractor”, afirmó la legisladora del Grupo Parlamentario del PRI.
Herrera Aguirre agregó que como consumidores demandamos que la Procuraduría Federal del Consumidor, incremente cuantitativa y cualitativamente las visitas de verificación que realice, examinado los equipos y las condiciones en que se ofrecen, en especial las cantidades, cualidades, calidades y contenidos netos de este combustible.
Consideró que los mecanismos de verificación y las sanciones que la ley prevé no han sido suficientes para evitar que se robe a los consumidores en cada ocasión que se compra gasolina
“No se entiende lo permisible de esta desleal práctica comercial, sin la complicidad de ciertas autoridades menores, que no cumplen con su deber, lesionando no solo la economía social, sino vulnerando de forma considerable el principio de derecho que toda sociedad organizada debe de preservar”, concluyó.
