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06 de abril del 2018.- El Comité de Derechos Humanos de la ONU reveló sus observaciones sobre la situación de estas garantías en El Salvador y Guatemala y destacó que, a pesar de que se han producido avances, las ejecuciones extrajudiciales, la violencia contra la mujer y la corrupción, entre otros flagelos, continúan en ambas naciones.
En El Salvador, ha aumentado el número de personas asesinadas por la Policía y las Fuerzas Armadas y existen “escuadrones de la muerte” que operan dentro de estas instituciones, denuncian los expertos independientes de derechos humanos.
También se han presentado casos de tortura, malos tratos y abuso de la fuerza por parte de funcionarios públicos y continúan las detenciones arbitrarias, las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas. Lo más preocupante, es que estos casos permanecen en la impunidad, dice el Comité, y recomienda fortalecer el rol de la Policía Nacional en sus funciones de mantenimiento del orden público.
“Lo más importante para el Comité es que no solo se pueda llegar a la verdad pero que se pueda saber dónde estan los cuerpos de las víctimas, sino que estos puedan ser entregados a sus familias y que pueda haber una reparación, porque sobre todo las personas que están implicadas son agentes del Estado”, declaró en una entrevista con Noticias ONU José Manuel Santos País, uno de los miembros del comité.
Santos País agregó que se necesita una investigación transparente de los hechos y garantizar que los tribunales puedan juzgar sin ninguna interferencia.
Los expertos también expresan preocupación ante la ausencia de un marco legal exhaustivo contra la discriminación y la persistencia de los abusos contra personas afrodescendientes, indígenas, migrantes, discapacitadas y de la comunidad LGTBI, en especial en las áreas de educación, salud, vivienda y empleo.
“El Comité está alarmado por el elevado número de casos de amenazas, agresiones y asesinatos, incluyendo por agentes estatales, contra las personas LGBTI y, en particular, las personas transgéneros, así como por el elevado índice de impunidad de estos crímenes”, lee el informe.
Los derechos de las mujeres también son motivo de preocupación
La brecha salarial entre mujeres y hombres en vez de disminuir continúa aumentando en El Salvador, denuncian los expertos. También hay una limitada participación de las mujeres en la vida política y pública y su subrepresentación en los puestos de toma de decisiones y cargos públicos.
El comité pide además al Gobierno intensificar sus esfuerzos para acabar con las elevadas tasas de violencia doméstica y sexual contra mujeres, niñas y adolescentes, incluida la explotación sexual por maras y pandillas, así como el alarmante número de feminicidios anuales y por el hecho que los crímenes no son denunciados y generalmente quedan impunes.
Los expertos también reiteran la preocupación demostrada por otras instancias de la ONU sobre la criminalización total del aborto, que obliga a mujeres y niñas a recurrir a procedimientos inseguros que ponen el peligro su vida y su salud.
“…Preocupan las desproporcionadas condenas de hasta 40 años de prisión que se imponen, bajo acusación del delito de homicidio agravado, no solo a las mujeres que tratan de abortar, sino también a mujeres que han sufrido un aborto espontáneo. El Comité está preocupado por los informes relativos a la elevada tasa de suicidios entre las embarazadas y por el hecho que mujeres que acuden a hospitales públicos sean denunciadas por el personal médico o administrativo por el delito de aborto”, expresan.
Guatemala y sus desafíos ante la corrupción
En su informe sobre Guatemala, el comité asegura que el país debe reforzar la independencia del poder judicial y lamentó que el proceso de reformar la constitución con este fin se haya suspendido.
A los expertos les preocupa el mandato limitado de los jueces y magistrados, la politización del sistema de selección, el nombramiento de altas autoridades judiciales y la falta de separación de las funciones de la Corte Suprema de Justicia.
Además, en su informe hacen énfasis en los actos de intimidación de los que ha sido objeto el Procurador de los Derechos Humanos en el ejercicio de sus funciones y aunque ensalzan «los progresos logrados» por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en la lucha contra la corrupción, advierten que «decisiones políticas» pueden frenar los progresos conseguidos.
“Hay indicaciones contradictorias sobre que se mantenga o no la comisión contra la corrupción. Lo más importante es que ésta pueda trabajar con el ministerio público y los tribunales puedan juzgar sin trabas”, dice José Manuel Santos País.
El Comité pone como ejemplo que el presidente de la República, Jimmy Morales, ha declarado persona non grata al comisionado de la CICIG Iván Velásquez.
La discriminación y las mujeres
En Guatemala la situación de discriminación es aún peor que en El Salvador, no existe una legislación que la prohíba ni condene los delitos de odio por orientación sexual o identidad de género o que proteja el derecho al reconocimiento de la identidad legal de las personas transgénero.
En el caso de las mujeres, aunque ha aumentado su participación en la fiscalía y su participación en puestos de dirección, existe un bajo nivel de representación en el Congreso y los puestos ministeriales. Lo mismo ocurre con las personas indígenas y afrodescendientes.
“También nos preocupan las informaciones relativas a la aún baja participación de las mujeres en actividades económicas, su segregación en el sector informal y la brecha salarial existente entre hombres y mujeres, especialmente en el ámbito rural, pese a las importantes campañas de sensibilización realizadas”, dicen los expertos.
Además, se denuncia la persistencia de prácticas discriminatorias en las empresas, como las pruebas de embarazo durante los procesos de reclutamiento, y la falta de medidas que sancionen el acoso sexual.
Los feminicidios continúan ocurriendo en números muy altos y el Comité dijo verse preocupado por el aumento progresivo de este tipo de violencia y las pocas condenas en los casos de violencia de género y trata de personas.
Otro foco de preocupación son los niños, que muchas veces ni siquiera son registrados al nacer debido a que las instancias del Gobierno todavía cobran un impuesto municipal, a pesar de que este fue abolido en 2015.
Además, en Guatemala aún se presentan casos de trabajo infantil, principalmente de pequeños indígenas en los sectores de agricultura y comercio, además de la exposición de niñas y niños a la explotación laboral y sexual.
Observaciones finales
Ambos informes abarcan otra gran cantidad de temáticas sobre las que se necesita mejorar en ambos países centroamericanos.
“Lo más importante de estas observaciones finales es que los Estados sepan que estamos atentos a estos problemas y que la próxima vez les vamos a preguntar qué es lo que han hecho para solucionarlos. Nuestras conclusiones van a ser un elemento esencial para evaluar el próximo informe y yo creo que los Estados han comprendido perfectamente nuestra posición y han mostrado mucho deseo de corresponder en la medida de lo posible”, explica el miembro del comité José Manuel Santos País.
El Comité de Derechos Humanos es el órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por sus Estados Partes.
Todos los Estados Partes deben presentar al Comité informes periódicos sobre la manera en que se ejercitan los derechos. Inicialmente los Estados deben presentar un informe un año después de su adhesión al Pacto y luego siempre que el Comité lo solicite (por lo general cada cuatro años). El Comité examina cada informe y expresa sus preocupaciones y recomendaciones al Estado Parte en forma de «observaciones finales».
El Comité se reúne en Ginebra o en Nueva York y normalmente celebra tres períodos de sesiones al año.
