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29 de marzo del 2018.- La Oficina de Derechos Humanos de la ONU muestra su consternación por la terrible muerte de al menos 68 personas en un centro de detención, insta a las autoridades a investigar el siniestro y señala que las malas condiciones de las prisiones generan reiterados hechos de violencia y motines.
El incendio se produjo en la cárcel de una estación de policía en la localidad norteña de Valencia a raíz de presuntos enfrentamientos entre detenidos y miembros de las fuerzas de seguridad.
En un comunicado, la citada Oficina pide a las autoridades venezolanas llevar a cabo una “investigación pronta, exhaustiva y efectiva” para establecer la causa de estas muertes, así como “identificar y llevar a los responsables ante la justicia”.
También solicita que se proporcione reparaciones a las familias de las víctimas.
La Oficina de Derechos Humanos expresa su preocupación por los informes que indican que las fuerzas de seguridad utilizaron gases lacrimógenos para dispersar a los familiares que se habían congregado frente a la estación de policía para exigir información sobre sus seres queridos.
“Llamamos a las autoridades a respetar el derecho de las familias a la información y a la reunión pacífica”, destaca el comunicado.
En las prisiones y cárceles de la policía en Venezuela, usadas usualmente como centros permanentes de detención, existe un hacinamiento generalizado y unas condiciones terribles.
Las malas condiciones, exacerbadas por los retrasos judiciales y el uso excesivo de la detención preventiva, generan reiterados hechos de violencia y motines.
Por ese motivo, la Oficina de Derechos Humanos recuerda a Venezuela que “los Estados son los garantes de la vida e integridad personal de las personas privadas de libertad”.
Y hace un llamamiento al Gobierno para que adopte inmediatamente las medidas para mejorar las condiciones de detención en cumplimiento con las normas y los estándares internacionales de derechos humanos, incluida la prohibición de la tortura, así como los tratos y penas crueles, inhumanos y degradantes.
También llama a las autoridades a que ratifiquen el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura con el fin de que se habilite un monitoreo independiente de centros de detención por un mecanismo internacional.
