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14 de marzo del 2018.- El Secretario General de las Naciones Unidas continúa trabajando para mejorar las directrices con el objetivo de prevenir, combatir y perseguir los casos de explotación y abuso por parte del personal de la Organización.
Según un informe preparado por la Organización, en 2017, se observa una tendencia a la baja en la cifra de denuncias, de ciento sesenta y cinco en el año anterior a ciento treinta y ocho. El número también muestra un avance positivo para el personal de las misiones políticas y de paz de la ONU: de ciento cuatro a sesenta y dos en el mismo período.
No obstante, Holl Lute señala que, en paralelo, la cifra incrementó de cuarenta y dos a setenta y cinco acusaciones contra organismos y socios de la Organización, por lo que sigue siendo una de sus prioridades.
Ante las recientes denuncias contra agentes humanitarios a nivel internacional, la coordinadora especial para mejorar la respuesta de las Naciones Unidas a la explotación y los abusos sexuales, Jane Holl Lute, ha subrayado que ninguna persona que trabaje bajo la bandera debe estar implicada. La Organización continúa adoptando medidas orientadas para luchar contra estos fenómenos.
Ayudar a las víctimas y acabar con la impunidad
La coordinadora aprovechó la ocasión para recordar las medidas que se han implantado para afrontar esta situación. El aspecto más novedoso reside en situar a los afectados en el centro del programa para suprimir la impunidad y mejorar la colaboración. Con este objetivo, en 2017 se nombró a la primera Defensora de los Derechos de las Víctimas, para responder a las denuncias de forma rápida y eficaz y asegurar que los miembros de la Organización entienden que prevenir y notificar los incidentes forman parte de sus responsabilidades.
También resultan fundamentales otras medidas para terminar con la impunidad, como la creación de un formulario estándar que facilita la recepción de acusaciones y garantiza el respeto a la confidencialidad y el consentimiento informado: “el Secretario General ha impuesto un sistema de presentación obligatoria de denuncias a través de un formulario único”.
Asimismo, existen directrices encaminadas prevenir estos actos tratando de mitigar y gestionar los factores de riesgo y sus repercusiones. Igualmente, se busca poner en marcha un mecanismo que opere a distintos niveles para verificar los antecedentes de todos los funcionarios. También se han adoptado programas de capacitación para concienciar al personal y hacer que forme parte activa de la iniciativa.
En cuanto al papel de los Estados Miembros, ochenta y cuatro se han comprometido a que sus efectivos se comporten de forma adecuada tanto durante su formación, como en la rendición de cuentas ante situaciones de explotación sexual. “Hemos fortalecido las investigaciones en colaboración con los Estados Miembros. Les hemos alentado a nombrar agentes para que investiguen los casos que se denuncian, y continuamos apoyando las labores de capacitación y formación de oficiales”, añadió Holl Lute.
En marzo de 2016, se creó un fondo fiduciario de apoyo a las víctimas. La representante señaló que las donaciones se han triplicado desde entonces y anima a los países a que continúen con esta dinámica.
Además, se han facilitado y mejorado otras ayudas para apoya a los afectados a través de proyectos, servicios y formación en tres países: La República Democrática del Congo, la República Centroafricana y Liberia.
