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12 de marzo del 2018.- Los expertos de la Misión de Investigación de la ONU en Myanmar han informado este lunes sobre la comisión de graves violaciones de los derechos humanos contra la comunidad rohinya, y señalaron que dichos abusos pueden constituir crímenes contra el derecho internacional humanitario.
A su vez, instaron a las autoridades birmanas a que dejen de negar las denuncias sobre estas violaciones durante la presentación de su informe este lunes ante el Consejo de derechos Humanos.
“La información que estamos recopilando es extensa y abrumadora”, destacó el presidente de la Misión, Marzuki Darusman, acompañado por los otros dos integrantes del grupo, Radhika Coomaraswamy de Sri Lanka y Chris Sidoti de Australia.
El informe provisional se basa en los datos reunidos en una serie de misiones en Bangladesh, Malasia y Tailandia. Los equipos de investigación entrevistaron a más de seiscientas víctimas y testigos de violaciones y abusos a los derechos humanos. Los equipos también han recopilado y analizado imágenes satelitales, fotografías y vídeos.
En el estado de Rakhine, el informe enumera ocho hallazgos en relación con las denuncias presentadas, donde las denominadas «operaciones de desminado» de las fuerzas de seguridad de Myanmar, en respuesta a los ataques del Ejército de Salvación Arakan Rohinyá, desplazaron a casi 700.000 refugiados rohinyás a Bangladesh desde el pasado mes de agosto.
“Estas operaciones causaron un alto número de víctimas «, indica el informe. Las muertes se produjeron por disparos indiscriminados contra los aldeanos que huían. Muchos también fueron quemados vivos en sus hogares, entre ellos ancianos, discapacitados y niños. Otros murieron a causa de hachazos.
Las imágenes satelitales muestran que al menos 319 aldeas fueron parcial o totalmente destruidas por el fuego después de las «operaciones de limpieza» que se iniciaron el 25 de agosto de 2017.
En relación con las fuerzas militares de Myanmar, el grupo recibió informes fidedignos de ataques indiscriminados o desproporcionados, ejecuciones extrajudiciales, privación arbitraria de libertad, desapariciones forzadas, destrucción de bienes y saqueo, tortura y trato inhumano, violación y otras formas de violencia sexual, trabajo forzoso y reclutamiento de niños en las fuerzas armadas.
El Concejo de Derechos Humanos creó la Misión de Investigación el pasado marzo y le concedió el mandato de «establecer los hechos y circunstancias de las presuntas violaciones de los derechos humanos cometidas por las fuerzas militares y de seguridad, así como los abusos cometidos en Myanmar». Su interés se centra en los Estados de Rakhine, Shan y Kachin desde 2011.
El Gobierno de Myanmar se ha negado a dar acceso al país a la Misión de Investigación y ha bloqueado los intentos de llevar a cabo una investigación independiente e imparcial.
El informe final de la misión investigadora se presentará al Consejo de Derechos Humanos en septiembre.
