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Morelia, Michoacán a 24 de septiembre de 2012. El presidente de la Comisión Estatal de los derechos Humanos, José María Cázares Solórzano, presentó su Primer Informe de Actividades, en donde enfatizó que el objetivo del organismo no es el juicio a la autoridad pública o el señalamiento irresponsable, sino la suma de esfuerzos para garantizar soluciones sujetas a la legalidad y enmarcadas en la dignidad de las personas.
En presencia del gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo Figueroa y la presidenta de la Comisión Legislativa de Derechos Humanos, Laura González Martínez; el Ombudsman michoacano abordó algunas de la problemáticas que aquejan a la entidad como la situación en Cherán, la Nueva Jerusalén y el conflicto en la Máxima Casa de Estudios.
En el primer caso señaló que la CEDH se ha mantenido alerta, a pesar de que es un conflicto esencialmente entre particulares, abonando para que los diferentes actores encuentren solución pacífica a la controversia en el marco de la legalidad.
Respecto a la Nueva Jerusalén, precisó que se trata de una colisión de derechos, por un lado la libertad de creencias, y por otro el derecho a la educación. En ese sentido indicó que la resolución de este conflicto deberá sentar precedentes en cuanto a la búsqueda de un equilibrio para la convivencia y desarrollo de los diferentes derechos.
Por lo que respecta a la situación que atraviesa la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, mencionó que la queja 416/12 presentada por hechos ocurridos en abril del presente año, cuando estudiantes denunciaron presuntas violaciones a sus derechos tales como visita domiciliaria ilegal, empleo arbitrario de la fuerza pública robo y lesiones por parte de las fuerzas de seguridad estatales; se realizaron las diligencias correspondientes y la CNDH atrajo el asunto.
Por otro lado resaltó el pronunciamiento emitido por el organismo en torno a la toma de las instalaciones de la UMSNH, tras los hechos denunciados por alumnos y profesores, en donde tras un análisis detallado de la normatividad internacional y nacional, se concluyó la evidente violación a los derechos humanos de la comunidad universitaria.
El presidente de la CEDH mencionó el Diagnóstico Estatal Penitenciario a través del cual se supervisaron los Ceresos de la entidad, los cuales obtuvieron calificaciones que van del 5.8 al 7.5. En tanto que derivado del Programa de Revisión a las Barandillas se concluyó que no hay un solo espacio de esta naturaleza que cumpla con un nivel satisfactorio para los detenidos por causas administrativas.
En su intervención el gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo Figueroa, afirmó que aún y cuando existen pendientes en materia de derechos humanos, se trabajará desde su administración para que se ejerza el estado de derecho, por lo que aprovechó para hacer un llamado a los servidores públicos de su administración a conformar una estrategia conjunta en este rubro.
Ante el presidente de la CEDH, el mandatario michoacano, se comprometió a dar puntual seguimiento a los señalamientos y recomendaciones hechas por el organismo, sobre todo en lo relacionado al funcionamiento de los Ceresos y Barandillas.
El vicepresidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Juan Carlos Orihuela Tello reconoció la labor de la CEDH para impulsar una cultura de los derechos humanos y refirió que el poder legislativo revisará su contenido.
Por su parte, la diputada presidenta de la Comisión Legislativa de Derechos Humanos en el Congreso local, Laura González Martínez, afirmó que la fuerza moral con la que actúa el organismo debe verse fortalecida, de manera que su actuar interno y externo sea intachable, además de que el organismo debe ser un mecanismo de rendición de cuentas para prevenir, compensar o castigar moralmente actos u omisiones ilegales de los funcionarios públicos.
Durante el periodo que se informa se recibieron 2 mil 802 quejas y se abrieron 71 expedientes por oficio. A la vez se brindaron 4 mil 115 orientaciones legales y se canalizaron a 2 mil 450 personas a las instancias correspondientes; con un total de 12 mil 367 personas atendidas.
Entre las autoridades más señaladas se encuentran: la Secretaría de Educación en el Estado con 360 quejas, la Procuraduría General de Justicia del Estado con 293 quejas, la Secretaría de la Defensa Nacional con 276 quejas, la Subsecretaría de Prevención y Reinserción Social con 271 quejas, la Secretaría de Salud de Michoacán con 172 quejas, la Secretaría de Seguridad Pública Federal con 162 quejas, el Instituto Mexicano del Seguro Social con 134 quejas y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal con 109 quejas.
Los principales hechos violatorios denunciados por los quejosos fueron: negativa, suspensión y prestación ineficiente del servicio público con 368 quejas, detención ilegal con 329 quejas, lesiones con 216 quejas, abuso de autoridad con 163 quejas, violación al derecho de petición con 151 quejas, cateos y visitas domiciliarias ilegales con 146 quejas, robo con 102 quejas, irregular integración de la averiguación previa penal con 98 quejas y negativa de atención médica con 91 quejas.
