¿Porqué demoler el puente de Vicente Santa María? (Columna «Bajo la Lupa»)

En efecto, es la pregunta que nos hacemos cuando nos enteramos de dos hechos relevantes, pues por una parte la autoridad municipal de Morelia que encabeza el señor ALFONSO MARTÍNEZ ALCÁZAR, si tapujo alguno, declara que según “opiniones de expertos” –sin aclarar quiénes son esos expertos- es necesario demoler el puente que cruza la calle de Vicente Santa María con la Avenida Solidaridad o Río Chiquito y por la otra, el dictamen pericial que emite un técnico experto miembro de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, el que señala con elementos técnicos, que dicho puente no se debe demoler, que se puede reparar y a un costo muy bajo y en un tiempo de no más de dos semanas.

Entrevistados por este escribidor los ingenieros BALDOMERO HURTADO CALDERÓN y LUIS MANUEL NAVARRO SÁNCHEZ, compartieron con el que esto escribe, un estudio que demuestra que dicho puente fue construido con la tecnología denominada “Tridilosa” o también conocido como “Sistema Tridimensional de Estructuras Mixtas de Acero y Concreto”, sistema que está diseñado bajo el principio del “fusible”, que consiste en que la estructura al recibir una carga no calculada, en lugar de dañarse toda la estructura por esa carga no calculada, solo se daña el “fusible”, que al ser reparado, la estructura queda en condiciones de utilidad.

En el caso del puente de la calle de Vicente Santa María con cruce con Avenida Solidaridad, según video revisados por los peritos, fue sometido a una carga del 3 por 1, es decir, pasó por encima de él, una carga tres veces mayor a la que podía resistir, pues es un puente construido en 1983 y se calculó para un tránsito no mayor de 20 toneladas y el tráfico que dañó el puente, pesaba tres veces más, o sea 60 toneladas, de manera que el “fusible” se dañó, pero no el resto de esa estructura.

Así las cosas, los expertos proponen “reparar” el denominado “fusible” de esa estructura y esto permitiría que dicho puente quedara en condiciones de ser utilizado de manera normal, sin necesidad alguna de ser demolido y construido uno nuevo, cuyo costo sería mayor a los 15 millones de pesos, pues según los ingenieros HURTADO CALDERÓN y NAVARRO SÁNCHEZ con aproximadamente 4.5 millones de pesos se repararía dicho puente y en tan solo dos semanas de tiempo.

Los integrantes de la Cámara mexicana de la Industria de la Construcción, confiaron a este escribidor que solicitaron entrevistarse con el presidente municipal ALFONSO MARTÍNEZ, a efecto de poder entregarle su opinión y peritaje, pero éste se negó a recibirlos y los mandó a que platicaran con el súper secretario de innovación y efectividad municipal ANTONIO PLAZA URBINA, empero, a pesar de que les recibió la explicación respectiva, el estudio técnico y el peritaje señalado, no han recibido respuesta alguna, solo se han enterado por los medios de comunicación, que el puente será demolido.

A pesar de que algunos regidores del cabildo municipal ya tienen en sus manos dicho peritaje, no han dicho “esta boca es mía”, lo que nos infiere que una vez más serán cómplices de un atraco perpetrado por la autoridad municipal, pues es el cabildo al que pertenecen los regidores, quien debe de autorizar los recursos para construir un nuevo puente, el que no es necesario, a menos pues de que siga operando el principio de que “sí no hay obras, no hay sobras”.

Claro que estaremos al pendiente de la actitud de los señores regidores y regidores, pues de convertirse en cómplices del presidente municipal y su pandilla, haremos la denuncia correspondiente y los señalaremos con índice de fuego como traidores del pueblo moreliano.

No sé quién es el propietario de la empresa de seguridad privada que maneja el llamado “Grupo Tigre”, me imagino que debe ser un “caca grande” en materia de seguridad y no dudaría que es de las empresas de seguridad que llegaron con el “Virrey” ALFREDO CASTILLO CERVANTES, pues su sede es en el Estado de México, con domicilio en “Ampliación Bosques de Ixtacala, 52919 Cd López Mateos, Estado de México.”

El comentario anterior viene a colación en virtud de que en días pasados, elementos de este “Grupo Tigre”, detuvieron en el centro de la ciudad a dos inmigrantes hondureños el pasado 14 de agosto en el Centro Histórico de la ciudad, quienes pedían dinero para continuar con su viaje hacia los Estados Unidos. Detenidos los inmigrantes, éstos fueron entregados por elementos del “Grupo Tigre” a la policía municipal, quienes al parecer trasladaron y entregaron a los extranjeros al Instituto Nacional de Migración.

¡No!, esta organización de seguridad privada de ninguna manera tiene alguna facultad para detener a cualquier ciudadano mexicano, como tampoco la tiene para detener a inmigrantes “ilegales” de cualquier país del mundo, pues esta facultad es exclusiva del Instituto Nacional de Migración, es más, ni siquiera los elementos de cualquier policía en el país tienen esa facultad, empero, se la arrogan de manera ilegal, acudiendo al supuesto delito migratorio de “Flagrancia”, para proceder a entregarlos al INM.

Es en razón de lo anterior en que pregunto a las autoridades de seguridad pública, particularmente al señor secretario de seguridad pública Lic. JUAN BERNADRDO CORONA MARTÍNEZ, ¿habrá alguien o alguna autoridad que tenga la autoridad suficiente para poner en su justa dimensión, o más bien dicho, en su lugar al ya famoso “Grupo Tigre”?

Sé que el señor secretario de seguridad pública del estado CORONA MARTÍNEZ, es muy sensible a la crítica periodística y hace esfuerzos por que no se le critique o se le señalen la irregularidades del personal bajo su mando, sin embargo, quien sí no, los medios de comunicación quienes en funciones de “Contraloría Social” le pueden enterar de las irregularidades del personal de la secretaría bajo su mando, pues es inconcebible que ellos mismos confiesen su actuar ilegal.

Lo grave del asunto, es que una empresa de “seguridad privada” se arrogue facultades que no tiene, sobre todo, que son violatorias de los derechos humanos de los ciudadanos mexicanos, pero también de aquellos ciudadanos de otros países que por circunstancias especiales, tienen la necesidad de transitar por el territorio mexicano.

Pero más grave es, que no haya ninguna autoridad legalmente constituida como la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, que tenga el valor de poner en su lugar a una organización para-policiaca como el denominado “Grupo Tigre” y definirle que solo en materia de la comisión de delitos en “flagrancia” de los establecidos en el Código Penal, pueden actuar y detener personas, pues nuestra carta magna así lo establece, cualquier ciudadano mexicano puede detener a otro, en el momento de realizar una conducta señalada por dicho código, como delito y en la denominada “Flagrancia”.

No hay semana en que no se publicite en algunos medios de comunicación, los “éxitos” de este llamado “Grupo Tigre”, sobre todo en tratándose de la comisión del delito de robo en centros comerciales o zonas muy céntricas, sin embargo, para este escribidor en lugar de sentirme bien y darme gusto los resultados de las acciones de este grupo para-policiaco me preocupa, pues sus éxitos solo evidencian que nuestras corporaciones policiacas no sirven para nada, que su eficacia y eficiencia es tan nula que necesitan que una organización privada haga su trabajo. Es de preocuparnos.

Cada que un cuerpo policiaco que no sea el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), detiene a un inmigrante mexicano, no solo los ciudadanos mexicanos sino nuestro gobierno mismo, ponemos el “grito en el cielo” por el hecho de haber sido detenido por una autoridad diferente al que de acuerdo a la constitución norteamericana, tiene esa facultad.

¿Por qué las autoridades policiacas mexicanas sí lo hacen con inmigrantes de otras nacionalidades? Y en esas circunstancias, los propios mexicanos no decimos nada ni protestamos, sobre todo a sabiendas de que no es su facultad legal, sino solo del personal del Instituto Nacional de Migración.

“No hagas a otros lo que no quieras que te hagan a ti” reza el refrán popular, pero pareciera que dicha filosofía popular no la entienden ni la practican nuestros órganos policiacos y mucho menos una organización para-policiaca como las de seguridad privada, que actúan con los inmigrantes de otros países de manera irregular. Ojalá que el señor secretario de seguridad pública DON JUAN BERNARDO CORONA MARTÍNEZ tenga la “voluntad política” para poner en orden a esa organización denominada “Grupo Tigre”, la que debe ajustarse solo a lo que la ley le permite. ¿Será? Lo veremos.