¿Hasta cuando soportarán burlas del Auditor Superior los Diputados? (Columna «Bajo la Lupa»)

Sin duda la promulgación de las leyes que dan vigencia al Sistema Estatal Anticorrupción en Michoacán nos colocan en el ojo del huracán nacional, ya que los temas de corrupción que giran alrededor del ojo, pareciera que ponen a Michoacán en un momento de tranquilidad y paz en el tema.

El 22 de junio de 2015, considerando la aprobación de las reformas constitucionales que dan origen al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), se firmaron las “Bases Operativas para el Funcionamiento del Sistema Nacional de Fiscalización”, mismas que constituyeron el marco de orientación del trabajo de los integrantes del SNF, durante el período de diseño, elaboración y aprobación de las leyes secundarias del SNA. Posteriormente, el 18 de julio de 2016, se promulgó la referida legislación, incluyendo la publicación de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción (LGSNA) en cuyo Título Tercero se señala la definición, integración y funcionamiento del SNF, mismo que ha trabajado desde 2010 llevando a cabo diversas acciones de coordinación en materia de fiscalización.

Sin embargo nos dimos cuenta que no, y más aún con las declaraciones que el pasado18 de julio, -fecha límite que se tenía conforme al artículo segundo transitorio de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción para que se publicara y entrara en vigor dicho sistema-, hizo el Auditor Superior de Michoacán, el personaje más oscuro que tenemos en la administración pública, JOSÉ LUIS LÓPEZ SALGADO.

Al señalar, bajo una sonrisa socarrona y burlesca, ante la intención de los integrantes de la 73 Legislatura de removerlo del cargo, que fue nombrado bajo un mandato constitucional por siete años y además fustigó “Están en su derecho, nada más que lo que está construido constitucionalmente, pues no es una decisión que ellos pudieran decidir que ya se acaba, y sobre mi remoción, primero tendríamos que revisarlo, porque yo fui nombrado constitucionalmente por una Legislatura”, y les recordó a los legisladores locales que fue designado constitucionalmente por un periodo de 7 años y aún le faltan 18 meses para concluir, y remató bajo una sonrisa “serán ellos –los diputados- los que se irán antes que yo”.

Estamos en la antesala de lo que será una pronta y necesaria remoción del cargo de este personaje, que tiene más que una “salida digna y reconocida” de la Auditoria Superior, una serie de responsabilidades, que van desde la vía administrativa hasta la propia penal.

No puede dejarse de lado o a la deriva, a la institución que será quien encabece los esfuerzos del comité coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, llevando como responsable a un personaje, en el que pesa una gran responsabilidad histórica en materia de corrupción en la deuda pública de Michoacán.

Pero con un personaje como JOSÉ LUIS LÓPEZ, que usa la burla y la ironía como parte de su estrategia para distraer la atención de los verdaderos problemas que tiene el órgano de fiscalización del Congreso, debe ser considerado para iniciarle los procedimientos de responsabilidad conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado, ya que el artículo 57 de la esta última prevé que:

“Incurre en abuso de funciones el servidor público que ejerza atribuciones que no tenga conferidas o se valga de las que tenga, para realizar o inducir actos u omisiones arbitrarios, para generar un beneficio para sí o para personas a las que refiera la presente ley (Órganos del Estado o particulares, ex servidores públicos) o para causa perjuicio a alguna persona o al servicio público.”

Simplemente por citar unos ejemplos tenemos la información que se envió al Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, de conformidad con lo previsto por la legislación respectiva, legislación en la que se fundamentó dicha información sobre las omisiones y actos en que ha incurrido JOSÉ LUIS LÓPEZ SALGADO, al dejar de realizar las diferentes actividades que le corresponden de conformidad con la normatividad legal y constitucional antes citada, cuyos actos u omisiones ha redundado en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y del buen despacho de las funciones del órgano técnico del Congreso del Estado que dirige, como es, en primer término, el incumplimiento a los siguientes decretos y acuerdos legislativos:

Decreto 307 por el cual se autoriza al gobierno del estado de Michoacán de Ocampo, el refinanciamiento de parte de la deuda pública directa mediante la contratación de empréstitos. De fecha 19 de enero del 2011, que en su artículo 7 dispone lo siguiente:

ARTÍCULO 7º. Se instruye a la Auditoría Superior de Michoacán, a que informe trimestralmente conforme a la Ley de Fiscalización, el estado detallado que guarda la deuda pública del Estado en cualquiera de sus modalidades.

Así mismo, en el artículo tercero transitorio se le instruye de la siguiente manera:

ARTÍCULO TERCERO. Se instruye a la Auditoría Superior de Michoacán para que, en caso de no observarse cualquiera de las disposiciones de este Decreto, aplique las sanciones que determine la norma jurídica aplicable.

Lo cierto es que con relación a lo mandatado por el congreso del estado en el decreto 307, JOSÉ LUIS LÓPEZ SALGADO, no ha cumplido en lo absoluto con su responsabilidad, omitiendo intencionadamente entregar los referidos informes al congreso.

Decreto 308 por el cual se autoriza al H. Ayuntamiento de Morelia, Michoacán, para que a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, contrate y formalice la contratación de créditos hasta por la cantidad de $442,000,000.00 (Cuatrocientos cuarenta y dos millones de pesos 00/100 M:N). De fecha 19 de enero del 2011.

ARTÍCULO SEGUNDO. El H. Ayuntamiento de Morelia, Michoacán, deberá informar dentro de los treinta días siguientes a la contratación de los créditos que se autorizan en el presente Decreto, a la Auditoría Superior de Michoacán, conforme lo establecido en el Artículo 22 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Michoacán de Ocampo.

Hasta la fecha de que se escribe esta entrega, en el congreso no existe constancia de que LÓPEZ SALGADO haya requerido al ayuntamiento de Morelia dichos informes.

Decreto 351 por medio del cual se autoriza reestructuración y refinancie financiamientos a cargo del estado. De fecha 26 de noviembre del 2014.

QUINTO. Se instruye por este conducto a la Auditoría Superior de Michoacán para que en un plazo máximo de 30 días, informe al Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo los desembolsos efectuados por el Gobierno de Michoacán de Ocampo, a través de la Secretaría de Finanzas y Administración, del crédito simple contratado con Banco Multiva, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Multiva, como acreditante, y el Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo como acreditado, por un monto de $1,340,000,000.00, que según información proporcionada oficialmente se modificó de tiempo en tiempo, y cuyo saldo al 31 de octubre de 2014 asciende a $1,284,179,933.00, especificando detalladamente su aplicación.

De la misma manera se instruye a la Auditoría Superior de Michoacán para que investigue el destino de todos los créditos bancarios contratados al amparo del Decreto Legislativo 22 y los que se contraten al amparo del presente Decreto y que informe periódicamente, a través de sus informes trimestrales, de los pliegos de observaciones y de presuntas responsabilidades que se vayan notificando a las autoridades responsables de la solventación de unos y del desvanecimiento de otros, hasta que causen estado las resoluciones que emita, en el momento procesal oportuno, el órgano superior de fiscalización del H. Congreso del Estado.

Lo cierto es que JOSÉ LUIS LÓPEZ SALGADO no ha informado al congreso lo mandatado en los párrafos primero y segundo del artículo Quinto del Decreto 351. Así como los anteriores decretos en que la omisión e irresponsabilidad del Auditor Superior de Michoacán es manifiesta, existen más decretos en que la conducta ilegal de éste señor se repite, sin que los diputados del congreso opten por someterlo a las medidas y sanciones administrativas y/o penales que les resultes de las conductas asumidas.

Para que nos demos una idea de cuales son otras de esas disposiciones del congreso, que LÓPEZ SALGADO no obedece y en consecuencia incumple, señalo las siguientes:

Decreto que contiene la Cuenta Pública de la Hacienda Estatal para el ejercicio Fiscal 2013 y el Informe de resultados de la Fiscalización y Evaluación a la Cuenta Pública. De fecha 24 de marzo 2015.

Decreto 300 que contiene la Cuenta Pública de la Hacienda Estatal para el ejercicio Fiscal 2012 y el Informe de resultados de la Fiscalización y Evaluación a la Cuenta Pública realizada por la Auditoria Superior de Michoacán. De fecha 31 de marzo del 2016.

Decreto 139 por el cual se revisó, fiscalizó y evaluó la Cuenta pública de la Hacienda Estatal correspondiente al ejercicio fiscal del año 2014. De fecha 31 de marzo de 2016.

Decreto por el cual se revisó, fiscalizó y evaluó la Cuenta pública de la Hacienda Estatal correspondiente al ejercicio fiscal del año 2015. De fecha 26 de marzo 2017.

Acuerdo por el que se instruye a la Auditoría Superior de Michoacán para que presente al congreso las propuestas técnicas de reingeniería y reestructura, de fecha 29 de marzo 2017.

Aunado a lo anterior, este escribidor pudo constatar que en la Auditoria Superior de Michoacán, existen funcionarios que ejercen funciones sin contar con título profesional, nombramientos que el propio Auditor Superior de Michoacán expidió al margen de la Ley, sobre todo a personas que se ostentan con una determinada profesión sin tener el título correspondiente, firmando incluso actuaciones públicas que traen consecuencias jurídicas, tanto a la propia institución como al propio personal de ésta.

Lo grave del tema es que la inobservancia del marco jurídico que regula los perfiles y la obligación de contar con la acreditación para ejercer la profesión por parte de los servidores públicos, con las consecuencias que trae su inobservancia, pues terceros afectados con disposiciones y/o resoluciones de estos “funcionarios”, pueden recurrir al juicio de garantías y anular las actuaciones, con consecuencias irremediables para la institución.

Por su parte, JOSÉ LUIS LÓPEZ SALGADO argumenta que con qué calidad moral le pueden exigir los diputados integrantes de la 73 legislatura, buenos y mejores resultados en el desempeño de sus funciones, pues resulta que por lo menos 160 funcionarios de la ASM, fueron puestos por los diputados, de a 4 funcionarios por diputado y pusieron a quien quisieron, cubrieran el perfil o no de los puestos que ocupan.

Igualmente se queja LÓPEZ SALGADO que cuando quiere correr a algún funcionario que no cumple con sus obligaciones, de inmediato “corre” y acude con el diputado que los impulsó, para que de inmediato el legislador lo defienda y el pretendido despido no se consolida.

En conclusión, la Auditoría Superior de Michoacán, sufre de un fuerte cáncer de ineptitud, irresponsabilidad, omisión y otra serie de males más, que deben de llevar a la conclusión de desaparecerla y con ellos a todos sus funcionarios, para dar origen a un verdadero órgano fiscalizador, acorde al Sistema Estatal Anticorrupción.