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CDMX, 21 de junio del 2017.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos recibió una queja presentada por periodistas y personas defensoras de derechos humanos, en la cual denuncian el espionaje a través de un malware (“Pegasus”) que sólo usan los gobiernos.
Ante ello, la CNDH indicó que “al reunirse los requisitos de riesgo, urgencia e irreparabilidad del daño, SIN PREJUZGAR sobre el fondo de los hechos, este Organismo Nacional solicitó a la SEDENA, SEMAR, SEGOB y PGR implementar acciones para que en caso de poseer el sistema “Pegasus” o cualquier otro que se emplee para intervenir comunicaciones de aparatos telefónicos o computadoras, se abstengan de emplearlos contra periodistas, organizaciones de la sociedad civil y defensores de derechos humanos, así como contra cualquier otra persona contraviniendo el orden jurídico constitucional”.
“Asimismo, se les pidió que en caso de haberse obtenido información mediante ese tipo de programas, se abstengan de utilizarla y difundirla y sea valorada su legalidad por las instancias correspondientes, instruir a todas y todos los servidores públicos de esas dependencias a garantizar en todo momento el libre ejercicio de la libertad de expresión de medios de comunicación y periodistas, así como la labor de defensa de los derechos humanos de activistas y organizaciones de la sociedad civil, sin contravenir en ningún momento su derecho a la privacidad”, expuso.
“En específico, adicionalmente, a la PGR se le requirió instruir al personal ministerial que conozca de las denuncias presentadas por los agraviados, para que realicen la investigación de los hechos con profesionalismo, exhaustividad, objetividad y diligencia”, añadió.
La CNDH recordó que “si bien la intervención de las comunicaciones no está prohibida, nuestra Constitución establece que la única vía legal para hacerlo es mediante una orden judicial, por lo que contravenir ese mandato con el objetivo de conocer la vida personal y profesional, entorpecer o afectar la labor de periodistas y personas defensoras de derechos humanos, constituye una violación a derechos humanos y delito que debe ser investigado y sancionado”.
“Este Organismo Nacional condena toda conducta que busque afectar la privacidad de las personas, pues afecta su intimidad y sus derechos humanos y estará atento a la investigación de las autoridades de procuración de justicia”, finalizó.
Con información de Aristegui Noticias
